Cuarenta años
Mañana se cumplen 40 años de la reforma política-electoral de 1977, conocida como la reforma Reyes Heroles, que dio inicio a la llamada transición mexicana a la democracia. Esa reforma estimuló la creación de nuevos partidos políticos; legalizó a otros como el Comunista Mexicano, proscrito entonces; creó la figura de los diputados plurinominales, hoy vilipendiados por ignorancia o confusión conceptual, y gestó una nueva dinámica en el Congreso de la Unión. Gracias a esa reforma, a partir de 1979 la Cámara de Diputados empezó a fungir, primero, como una caja de resonancia de denuncias de corrupción y mal gobierno por parte de los partidos de oposición, y 18 años después, a partir de 1997, como un verdadero contrapeso que desafortunadamente se ha diluido por la complicidad, el clientelismo y en ocasiones la corrupción.
En los últimos 40 años ha habido once reformas electorales. Entre 1977 y 1996 hubo un ciclo progresista y virtuoso que construyó un andamiaje robusto para organizar elecciones: se creó el Instituto Federal Electoral (IFE) y el Tribunal Electoral, se construyó un padrón electoral transparente con cobertura casi universal, se dotó a los partidos de mayores recursos para competir, y todo ello facilitó la alternancia política en la Presidencia de la República en 2000 y en muchas entidades del país.
En 2007 y 2014 se realizaron dos reformas electorales que perdieron el rumbo. Se prometió abaratar el costo de la democracia, pero su costo sólo ha aumentado; se ofreció liberar a los partidos de los llamados poderes fácticos de los medios de comunicación, pero se gestó un mercado negro de pago de cobertura informativa y hubo un crecimiento desmedido de gastos de gobiernos en comunicación social; se centralizaron segmentos de la organización de comicios sin restaurar la confianza en los resultados; se prohibieron las campañas de denuesto sin mejorar la calidad del debate público. Hay más litigios jurídicos, pero no necesariamente mayor justicia electoral.
El aniversario de la reforma de 1977 es una oportunidad para evaluar los avances y retrocesos de la democracia en este lapso de cuatro décadas. Sin duda, el balance es positivo: mayor pluralismo, mayores libertades, mayor escrutinio sobre los gobiernos. También hay retrocesos: mayor corrupción, mayor impunidad, más inseguridad. Estas desviaciones no son causadas porque haya más democracia, sino porque esta no se acompañó de la construcción del Estado de derecho. Puro pluralismo sin legalidad conduce a la complicidad y al abuso del poder, ahora de todos.
Aunque el balance de los últimos 40 años es positivo, el de la última década no lo es. Hace 10 años se promulgó la reforma electoral de 2007 y ahí empezó un ciclo regresivo en materia electoral que se agudizó en 2014. En ambas reformas hubo cambios positivos – por ejemplo, la regulación de las candidaturas independientes o la reelección–, pero hubo una merma global en cuanto a la calidad de la regulación electoral. El desajuste de la normatividad electoral explica en parte la pérdida de confianza en el sistema y en las autoridades que lo administran.
Llegamos a la elección de 2018 con un sistema electoral robusto para organizar elecciones, pero deficiente para regular las condiciones de la competencia. Con partidos proclives a desafiar las reglas que ellos aprueban y a ganar sea como sea. Con candidatos dispuestos a desacatar el resultado si eso les conviene. Con una pobla- ción desconfiada que descree de las instituciones públicas. Y con una competencia muy reñida – una buena noticia–, pero que en el caso mexicano se convierte en una amenaza.
El mejor antídoto para que las amenazas se diluyan es una alta participación electoral: si votan muchos cualquier conflicto entre partidos y candidatos pasará a segundo término. Una alta tasa –digamos cercana al 70%– sería la mejor noticia para eclipsar el conflicto que muchos tememos. Quizá esa sea la única vía realista para atemperar la amenaza de peligro.
En 2019 deberemos dar paso a una nueva reforma electoral, la doceava en cuatro décadas. Ojalá esta sea virtuosa para simplificar reglas, hacerlas más potentes y recobrar la legitimidad pérdida.
Para analizar las fortalezas y debilidades del sistema electoral mexicano, la semana pasada se publicó un libro del mismo nombre editado por Integralia y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Está disponible de manera gratuita en www.integralia.com.mx