QUITA JUEZ CASO DE DESVÍOS DE GUTIÉRREZ AL GOBIERNO DE JAVIER CORRAL.
Al exsecretario general del PRI se le acusa de desviar más de $250 millones
Gerardo Moreno García, juez de Control de la Ciudad de México, atrajoel juicio iniciado por un juez de Chihuahua en contra de Alejandro Gutiérrez, exsecretario general adjunto del CEN del PRI.
Moreno García consideró que los 250 millones de pesos que presuntamente desvió el priista del gobierno de Chihuahua eran de una partida federal, por lo que es la justicia federal la que debe conocer el caso.
El juez, quien también conoce del caso de Javier Duarte, exgobernador de Veracruz, emplazó a la Fiscalía de Chihuahua para que en cinco días entregue la carpeta de investigación y copias de la causa penal 780/2017.
Gutiérrez Gutiérrez está ligado a dicho caso en el que incluso ya se le vinculó a proceso y se le sujetó a un año de prisión preventiva oficiosa, misma que cumple en el penal de Alta Seguridad de Aquiles Serdán, en Chihuahua.
Según la investigación de la Fiscalía de Chihuahua, Gutiérrez Gutiérrez desvío los 250 millones de pesos para pago de convenios simulados con empresas de su propiedad y de un familiar, lo que le permitió concretar el desvío.
En el entramado también está Antonio Tarín, exdirector de Adquisiciones de Chihuahua en el gobierno de César Duarte.
Tanto Gutiérrez Gutiérrez como Tarín, pidieron que el caso le fuera retirado al juez de Control de Chihuahua, por incompetencia. Lo cual se dirimió en la audiencia celebrada ayer.
La PGR y representantes de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) se adhirieron a la petición de los imputados, pues dijeron que los recursos federales deben ser auditados por la autoridad federal.
Por el contrario, representantes de la fiscalía estatal apelaron las decisiones de la Auditoria Superior de la Federación y jueces federales que, dijeron, establecieron que dichos recursos son estatales.
En la audiencia, el juez Moreno García aclaró ante las partes que los recursos desviados estaban destinados al magisterio local y, al ser recursos destinados a temas de la educación, estos no pierden su federalidad.
La decisión aún es apelable, aunque el fallo sólo afecta a la situación jurídica de Gutiérrez y Tarín.
En tanto, la Suprema Corte de Justicia aceptó a trámite la controversia promovida en días pasados por el Gobierno de Chihuahua contra la Ley de Seguridad Interior.
Con esta suman 14 impugnaciones aceptadas contra esa norma; cuatro son acciones de inconstitucionalidad (Diputados, Senadores, CNDH y INAI), y 10 controversias constitucionales presentadas por gobiernos municipales y estatales.