Va Anaya a PGR... pero no declara
Usaron 12 empresas, algunas de ellas de papel o fantasma, en cinco países para lavar 54 millones de pesos
Ricardo Anaya exigió ayer a la PGR que aclare que no es a él a quien investiga por presunto
lavado de dinero. La hebra con la que la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda detectó el entramado de lavado en el que se vincula al candidato por PAN-PRD-MC fue un depósito hecho desde Gibraltar por 54 millones de pesos.
Anaya publicó un video en Youtube en el que argumenta que la compraventa fue legal.
Las otras compañías están en Suiza, Canadá, República Dominicana y México
Dos transferencias bancarias por 16 millones de pesos hechas desde Gibraltar a México fue lo que alertó a la Secretaría de Hacienda, la cual, al jalar el hilo, descubrió una trama financiera para lavar 54 millones de pesos.
Ese dinero –que se movió por cinco países y 12 de al menos 17 empresas, algunas de ellas fachada o de papel–, tuvo como destino la compra de una nave industria propiedad de Ricardo Anaya y su familia.
De acuerdo con declaraciones inscritas en el expediente que la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) de la Procuraduría General de la República abrió, el destino de los 54 millones de pesos fue Juni Serra SLR de CV.
Dicha empresa es propiedad de Ricardo Anaya y su familia, quienes en reiteradas ocasiones han negado anomalías en la compraventa; incluso, Anaya aseguró que se trata de una maniobra del PRI y el gobierno para afectar su candidatura.
Con la venta de la nave, concretada en agosto de 2016, el candidato presidencial de la coalición “Por México al Frente” y su familia lograron 2.5 millones de dólares. Dos años y tres meses atrás, la habían comprado en 815 mil dólares.
Los asesores fiscales y empresarios Alberto Galindo y Daniel Rodríguez, reconocieron ante la PGR que ellos fueron los cerebros de la trama financiera, de lo cual ahora se arrepiente y han decidido colaborar con la autoridad.
Ambos detallaron ante la autoridad que todo fue idea del empresario queretano Manuel Barreiros Castañeda, al que identifican como un hombre muy cercano al candidato Ricardo Anaya.
“Mi socio me comentó que Manuel Barreiro iba a fondear una empresa que quería hacer un deal, un negocio, en el cual financiaría la compra de una nave industrial, que pertenecía al suegro de Ricardo Anaya”, dijo Alberto Galindo ante la PGR.
En tres declaraciones que rindió ya ante la PGR, a las que El Financiero tuvo acceso, Galindo detalla cómo creó la trama que implica a 17 empresas, algunas creadas exprofeso para ocultar la procedencia del dinero.
Dichas empresas están Gibraltar, Suiza, Canadá, República Dominicana y México, y ya son investigadas tras la denuncia que en octubre de 2017 presentó la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda ante la PGR.
Entre las empresas están Mas Sailing Limited, funda en Gibraltar el 25 de noviembre de 2014 y de la cual, según el dicho de Alberto Galindo y múltiple documentación que aportó a la investigación, salieron 16 millones de pesos de los 54 millones que investiga la PGR.
Los 38 millones faltantes se movieron a través de empresas que se utilizaron para fondear a la compañía Manhattan Master Plan Development, que compró la nave industrial de 13.5 hectáreas, ubicadas en El Marqués, Querétaro, propiedad de Juni Serra SLR de CV, la empresa de Anaya y su familia.
Entre las empresas que fondearon a la empresa Manhattan Master Plan Development están Limited Partnership, General Partner Kross Investments Limited; Limited Partnertship Kross Equity International.
Esta última creada con el único objeto de recibir fondos de Didelfut de Jalisco y dispersarlos a una cuenta en Suiza y de ahí transferirlos a Meridian Trust Fund Company, empresa fachada creada en República Dominicana.
También están las empresas Limited Partner Selamar Investments Limited, Meridian Trust Company, 10187194 Canadá In., Aurora Private Fund SA de CV y Tesorem, propiedad Alberto Galindo y Daniel Rodríguez.
Dichas personas aportaron, además de su dicho, documentos que demuestran transacciones bancarias entre empresas y en los citados países, que amparan los 54 millones de pesos referidos.