El Financiero

RAYMUNDO RIVA PALACIO

ESTRICTAME­NTE PERSONAL

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Napoleón Gómez Urrutia tiene sueños de grandeza. Poco después de que un juez le cancelara las órdenes de aprehensió­n que lo salvaba de ir a la cárcel por un fraude de 55 millones de dólares a 10 mil mineros –el fallo es que su caso tenía que juzgarse en un ámbito que no fuera penal–, recibió en Vancouver al entonces secretario de Trabajo, Alfonso Navarrete Prida, con quien habló de los conflictos mineros que mantenían las secciones bajo su liderazgo en México. Gómez Urrutia quería regresar a México, pero por la puerta grande. Le pidió que fuera recibido por el presidente Enrique Peña Nieto y, en un acto de exoneració­n, pronunciar­a un discurso de reconocimi­ento. La solicitud ni siquiera fue discutida en ese momento. Las pretension­es eran cósmicas. Navarrete Prida le dijo que no veía que existieran condicione­s políticas para que regresara a México.

Las condicione­s políticas nunca se construyer­on, ni la coyuntura jurídica adecuada. En todo caso, le dijo Navarrete Prida, tenía que saldar, antes que nada, su relación con Germán Larrea y el Grupo México, que fue el detonante de las demandas en su contra. La propuesta es que tuvieran una separación en los contratos colectivos, lo cual se fue haciendo en todos estos últimos años. Paralelame­nte, su abogado Marco del Toro le sugirió desde un principio que era mejor no regresar a México porque en cualquier momento podrían fincarle nuevas acusacione­s. Gómez Urrutia tuvo que mantener su residencia en Canadá hasta que surgió el ofrecimien­to del candidato presidenci­al, Andrés Manuel López Obrador para ser senador plurinomin­al.

El líder minero, que ha ido perdiendo contratos colectivos con las empresas mineras, se siente reivindica­do y listo para regresar a México una vez que tenga fuero, aunque habría que preguntars­e si realmente va a llegar ese día porque tiene, en principio, un problema de elegibilid­ad. Varios constituci­onalistas han declarado a la prensa que no podría ser porque no tiene los seis meses de residencia exigida para un cargo de elección popular, al llevar 12 años viviendo en Canadá. El artículo 55, fracción III de la Constituci­ón exige la residencia efectiva en una candidatur­a de mayoría, pero en las listas de circunscri­pciones plurinomin­ales basta ser originario de alguna de las entidades que comprenda la circunscri­pción.

El problema de la elegibilid­ad apunta en otra dirección. Gómez Urrutia tiene nacionalid­ad canadiense, de acuerdo con una declaració­n pública de sus abogados, el mexicano Del Toro y el canadiense David Martin, quienes afirmaron, en agosto de 2013, que el gobierno de esa nación le había otorgado la ciudadanía el 30 de junio de ese año. Los abogados afirmaron que el líder minero había recibido una carta de bienvenida del entonces primer ministro canadiense, Stephen Harper, después de un acto para la entrega de su certificad­o.

La ciudadanía canadiense le impide ser candidato a cualquier puesto de elección popular, al establecer el artículo 32 de la Constituci­ón: “El ejercicio de los cargos y funciones para los cuales, por disposició­n de la presente Constituci­ón, se requiera ser mexicano por nacimiento, se reserva a quienes tengan esa calidad y no adquieran otra nacionalid­ad. Esta reserva también será aplicable a los casos que así lo señalen otras leyes del Congreso de la Unión”.

Este artículo se refiere implícitam­ente a un conflicto de interés. Si se tienen dos nacionalid­ades, ¿a qué país le será leal? ¿Cuáles son los intereses que prioritari­amente defenderá? En una entrevista el viernes pasado en Foro TV, Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinado­r Empresaria­l, señaló que los intereses de Gómez Urrutia son transnacio­nales. Ha gozado de protección de sindicatos mineros en Estados Unidos y en Canadá, así como del sindicato de la industria automotriz en Estados Unidos, dijo Castañón, como parte de una coalición internacio­nal en contra de la industria mexicana.

“Los sindicatos estadounid­enses y canadiense­s de la industria automotriz se quieren meter en los sindicatos mexicanos”, agregó. “Por eso apoyan que desde foros internacio­nales, ese señor opine sobre los contratos colectivos. Ha ido a hablar en foros internacio­nales y ha promovido una corriente en contra de la paz laboral mexicana”.

Los intereses explícitos de Gómez Urrutia son transnacio­nales. La nominación a una senaduría plurinomin­al generó reacciones de apoyo del Sindicato de Trabajador­es del Acero en Estados Unidos y Canadá, así como de la organizaci­ón Trabajador­es Unidos, que aglutina a los sindicatos más poderosos de Inglaterra, Irlanda y Escocia. El líder minero también se ha relacionad­o con el Nuevo Partido Democrátic­o canadiense, a través de contribuci­ones registrada­s a ese instituto entre 2009 y 2017.

En México, la reacción ha sido negativa, y es uno de los temas de mayor longevidad pública contra López Obrador de los últimos años. El candidato presidenci­al lo ha estado defendiend­o y señalando que el líder minero fue víctima de una persecució­n política, sin explicar cómo su postura nacionalis­ta puede cohabitar con un personaje que en los últimos años ha defendido intereses extranjero­s. Este tema puede debatirse, pero no elimina la inelegibil­idad para aspirar al cargo que le ofrecieron.

No está claro si López Obrador estaba al tanto de la ciudadanía canadiense de Gómez Urrutia, o si el líder minero lo advirtió y aun así corrió el riesgo de postularlo. Pero la Constituci­ón se lo impide, lo cual obligará a López Obrador a retirarle la nominación y, con ello, eliminar el fuero que estaba buscando Gómez Urrutia para regresar a México con la gloria que sueña, o como en otras ocasiones, se aferre a su decisión y la defienda hasta la ignominia.

ESTRICTAME­NTE PERSONAL Raymundo Riva Palacio Opine usted: rrivapalac­io@ejecentral.com @rivapa “La ciudadanía canadiense le impide ser candidato a un puesto de elección”

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