Nada que aplaudir
Usted que todo el tiempo lee sobre la violencia contra periodistas, que sabe que estamos en un gobierno donde se espía a los reporteros críticos, que está consciente de que la publicidad oficial condiciona líneas editoriales, usted que no sabe si debe confiar en lo que ve en la televisión porque no tiene idea de qué tanto es una versión real oficial, ¿creería que la libertad de prensa que hay es la culpable de que desde 2000 más de un centenar de periodistas hayan sido asesinados? El Premio Nobel Mario Vargas Llosa lo cree. “Que hay más libertad de prensa en México que hace 20 años: sí, sin ninguna duda. Y el que haya 100 periodistas asesinados yo creo que es en gran parte culpa de la libertad de prensa, que hoy día permite a los periodistas decir cosas que antes no se podían permitir. Que en todo eso el narcotráfico juega un papel absolutamente central y que por eso habría que llegar a la raíz de los problemas que muchas veces está en el narcotráfico y en la existencia de unos cárteles poderosísimos, de los que emana una violencia que tiene unas consecuencias políticas atroces en el país. Yo no estoy negando que existan todos esos problemas, lo que estoy diciendo es que respecto a lo que era el pasado hay unos progresos en México indiscutibles”, le dijo ayer a la periodista Carmen Aristegui durante una entrevista. Habría que decirle al Nobel que no, que la libertad de prensa no consiste sólo en decir lo que sea y que al incomodar a alguien eso justifique su asesinato. Habría que decirle que no es la libertad de prensa la culpable de que Miroslava Breach o Javier Valdez cumplan próximamente un año de muertos, sino un gobierno que no garantiza seguridad ni justicia. Habría que hacerle saber que el hecho de que con recursos públicos se contrate un malware que espíe a periodistas o saber que la mayor fuente de intimidación y agresión contra la prensa viene del Estado, no se puede atribuir a la libertad. No es culpa de tener más libertad, es culpa de una democracia que simula la posibilidad de decir, pero que en lo fáctico presiona, silencia, persigue y amenaza cuando las voces críticas no le favorecen.
Y de una democracia simulada es precisamente de lo que hoy tratará el Informe 2017, que la Organización Artículo 19 presentará. Hace una década que tiene presencia en México. Llegó cuando el sexenio de Felipe Calderón ya había iniciado la guerra contra el narcotráfico, la violencia se había vuelto una marca de su administración y cuando ser periodista ya implicaba una profesión de riesgo. En 2008 ya era muy grave contabilizar 10 periodistas muertos y era la cifra más alta desde 2000 en que se hace el conteo de manera más formal. Desde entonces, 85 periodistas han sido asesinados. Sólo el año pasado fueron 12. Hasta ahora, en 2018, llevamos dos homicidios. Los reclamos de la sociedad civil se hacen más fuertes, pero también lo es la impunidad. En el 98 por ciento de los casos no hay justicia ni culpables ni respuestas. Y aunque hay que festejar la lucha y la vigilancia que Artículo 19 hace sobre la libertad de expresión, no se puede tener una celebración en un país como México, donde padecemos instituciones de justicia con intereses políticos y electorales. Donde se aprueba una ley como la Ley de Seguridad Interior que pone en riesgo los de por sí vulnerados derechos humanos. De acuerdo con este informe, no sólo hay zonas que se agravan, sino que incluso por las afectaciones que han tenido en la prensa regional, ya son consideradas zonas de silencio. “La rápida expansión de las zonas de silencio se deben a la autocensura por miedo a las autoridades locales, pero, sobre todo, al crimen organizado. El peor de los escenarios es cuando las autoridades están al servicio del crimen organizado. Antes había un trato de socios entre políticos y delincuentes, de igual a igual, pero ahora, en muchas regiones hay una subordinación de las autoridades a la mafia”, dice el texto que desde hoy podrán consultar en línea.
Y es que fue un informe de la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos quien identificó a Veracruz, Tamaulipas, Oaxaca, Guerrero y Chihuahua, como aquellas entidades en que el miedo a las agresiones ha vetado temas y ha silenciado periodistas. El miedo y el silencio también son una forma de muerte.
Las exigencias son muchas y urgentes, pero al menos hay dos que caen en el terreno legislativo y que ya están en tiempo de ser aprobadas. En menos de dos meses, el Congreso deberá regular la publicidad oficial que contribuya a quitar la mordaza del dinero con el que sobreviven la mayor parte de medios del país. Para que aquellos recursos destinados por el gobierno para su publicidad no sean la cadena que mate la verdad. También urge la reforma del artículo 102 que permita una Fiscalía autónoma, una institución que pueda limpiar desde el interior las fiscalías especializadas en esclarecer las decenas de casos de periodistas muertos, por los que no nos cansaremos de exigir justicia. Hasta entonces, tiene razón nuestro comandante en jefe: no hay nada qué aplaudir.
Y es que como dice este informe de Artículo 19: “No hay democracia sin el respeto a los derechos humanos. No hay democracia sin justicia. No hay sociedad democrática sin prensa libre”.