Segob: sin base legal, la comisión de la verdad
Navarrete Prida afirmó que para ello existe un Poder Judicial sólido y fuerte
En México no existe, en el Sistema Jurídico Mexicano, la figura de Comisión de la Verdad, aseguró ayer Alfonso Navarrete Prida, secretario de Gobernación, al referirse a la sentencia de un Tribunal Colegiado en torno al caso Ayotzinapa. Entrevistado luego de participar en la firma del protocolo nacional de actuación-destruccion de plantíos ilícitos, Navarrete señaló que para ello el Estado mexicano cuenta con “Poderes Judiciales”, los cuales son sólidos y fuertes.
“La Procuraduría General de la República está haciendo un análisis de la resolución, no existe en nuestro sistema jurídico una figura de la Comisión de la Verdad, para eso existen poderes judiciales y poderes judiciales sólidos y fuertes”, apuntó.
Advirtió que es mediante esa vía como se tendrá que dar respuesta y satisfacción a las investigaciones del caso, con un solo y único interés, que es el de encontrar la verdad y hacer justicia.
Señaló existen mecanismos jurídicos para clarificar la resolución de los magistrados y saber a qué se refieren con lo expuesto en su fallo, pero insistió en que no existe en México la figura de la Comisión de la Verdad.
El funcionario se negó a opinar sobre la resolución en sí, pero dijo que la ve con respeto y corresponde, en el marco de la ley, a las instituLa ciones encargadas de hacerla valer, particularmente la Procuraduría General de la República, responder ante los tribunales.
Fue el 4 de junio pasado cuando los magistrados del Primer Tribunal Colegiado en Tamaulipas ordenaron crear una Comisión de la Verdad para hacer una nueva investigación del caso Ayotzinapa.
Dicha resolución dio poderes amplios a los padres de los normaLa listas para decidir sobre líneas de investigación a seguir, incluida la búsqueda en cuarteles militares; pruebas que desahogar, y la facultad de integrar a organismos internacionales.
Los magistrados echaron abajo así, de un plumazo, la llamada verdad histórica de la Procuraduría General de la República, pues consideró que la investigación que llevó a la misma “no fue pronta, efectiva, independiente ni imparcial”. Además de que hay indicios de que los principales acusados fueron torturados al momento de su detención y de su declaración ante el Ministerio Público de la Federación, frente a quien aceptaron la culpa en el caso.
Cabe señalar que la resolución deriva de juicios de amparos promovidos por Gildardo López Astudillo,
El Cabo Gil; Miguel Ángel Landa
El Duba; Salvador Reza
El Wereke, y Felipe Rodríguez
El Cepillo.
“Estamos en contra de cómo se dictó esta sentencia, de cómo se trata de librar a estos delincuentes...”