Lecciones del proceso electoral
Este proceso electoral ha tenido peculiaridades que lo hacen diferente a otros: un altísimo costo de la democracia; 3,400 cargos en disputa; el asesinato de candidatos y dimisiones por amenazas, y el aumento de políticos mercenarios que se venden al mejor postor.
La gran reforma constitucional, que se requiere con urgencia, tiene que ver necesariamente con reducir el costo de la democracia mexicana. El costo del voto es demasiado alto para un país con una economía emergente y con serias tribulaciones entre su población. Es insultante el presupuesto que se destina a las instituciones electorales y que, definitivamente, no corres- a la realidad del país. La burocracia que vive del presupuesto electoral debe adelgazarse a niveles básicos de operación, al eliminar plazas que van desde los propios consejeros y magistrados, hasta todas las direcciones generales del INE, del Tribunal Electoral y, por supuesto, también en las entidades federativas.
Además, claro de quitar prerrogativas a los partidos.
Se habla que el costo de la democracia ronda alrededor de 50 mil millones de pesos, lo que coloca a nuestro país en el top ten del mundo en la materia.
Los puestos de elección popular son muy atractivos, tanto por el poder que conllevan, como por el manejo de recursos económicos y, por supuesto, los insospechados privilegios. De allí la lucha encarnizada por alcanzar esas posiciones de privilegio. En la actualidad son pocos los políticos que los mueve una auténtica vocación de servicio hacia los demás, hacía la defensa de las causas del pueblo o, más aún, la de servir y abanderar luchas por los sectores más desprotegidos de la sociedad, aún a costa de la propia vida. Esos son los que se necesitan y no los mamadores del presupuesto y de poder que son auténticos parásitos.
El Legislativo tiene asignaturas pendientes de gran envergadura, como precisamente reformar todo el entramado jurídico para terminar de implementar todo el sistema nacional contra la corrupción, así como fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas con sanciones ejemplares y radicales.
De igual manera, desde el Congreso deben surgir las nuevas leyes electorales que impidan la participación de ciudadanos con antecedentes de corrupción y vinculación con la delincuencia en los cargos de representación popular, así como también los propios partidos políticos deben tener reglas internas más estrictas para contar con una militancia que asuma realmente el compromiso ideológico con sus plataformas político-electorales, mediante contratos legalmente constituidos, para evitar la tránsfuga. Debe existir un órgano regulador con dientes en el seno de los partidos políticos, que impidan a sus militantes y candidatos cambiar de camiseta en medio de un proceso electoral.
Hay mucho trabajo por delante para impedir, por ejemplo, que el crimen organizado ponga candidatos en las boletas electorales. Fueron cerca de 50 candidatos asesinados y, por desgracia, la mayor parte de ellos fueron silenciados por los sicarios de los malosos.
La tinta de las boletas también lleva la tinta de la sangre de los candidatos ejecutados. Estos temas deben necesariamente quedar plasmados en la agenda del próximo presidente de la República y de los nuevos legisladores federales, para evitar que en los próximos procesos electorales haya ríos de sangre y sangrías enormes al presupuesto de la Federación.