PEDRO SALAZAR
LOS AUTÓNOMOS Y LA CORTE
Enrique Quintana lo ha recordado bien y claro en estos días: el Poder Judicial y los órganos con autonomía constitucional tendrán una responsabilidad crucial en la coyuntura política que viviremos. Nadie objeta –y al menos yo no critico– la contundencia del triunfo del nuevo titular del Poder Ejecutivo y del apoyo Legislativo con el que legítimamente contará. Además, por primera vez desde 1997, su partido gobernará también la capital del país. Así que algunas de las llamadas “facultades metaconstitucionales” del presidente mexicano en tiempos pasados podrían reaparecer. Si eso sucede no será culpa de AMLO y su gabinete, sino de las omisiones de quienes tienen la responsabilidad de impedirlo. En el interés genuino del presidente estará ejercer el mayor poder posible para impulsar sus propuestas y proyectos. Los límites a esa aspiración son sanos y necesarios en toda democracia constitucional, y tendrán que provenir de los órganos de control constitucional porque el nuevo gobernante tendrá mucha incidencia en las instancias de representación democrática. Los titulares de los órganos constitucionales autónomos, entonces, tienen una responsabilidad histórica. Lo único que deben hacer es ejercer con responsabilidad y firmeza las atribuciones que la Constitución y las leyes les otorgan. Ni más ni menos. Regular, administrar, sancionar, etc., los asuntos de su competencia sin confrontar, pero tampoco sin rendirse. La coyuntura es particularmente interesante porque los nombramientos de estos funcionarios son previos a la elección y ninguno fue propuesto o impulsado por el nuevo gobernante. Así que podrán –y deberán– ejercer su autonomía con holgura inusitada, y si no lo hacen tendrán que asumir su (i) responsabilidad histórica.
Algo similar sucede con el Poder Judicial. Pienso ahora sólo en el ámbito federal y, en particular, en la Suprema Corte. Hoy la nación necesita como pocas veces en su historia de un Poder Judicial fuerte, independiente, imparcial y capaz. Su misión será ejercer un poder contramayoritario para frenar lo que deba contenerse, sobre todo en de derechos y libertades. La confrontación no es inevitable porque el nuevo gobierno puede autocontenerse y autolimitarse pero, si (como la experiencia histórica demuestra) ello no sucede, entonces los jueces serán indispensables. Ya lo decía McIIwain: “La única institución esencial para defender el derecho siempre ha sido y todavía es un Poder Judicial honesto, hábil, preparado e independiente”.
Lo cierto es que nuestro Poder Judicial no llega del todo en forma a la cita. En los últimos años se han hecho públicos datos que muestran la endogamia –en ocasiones el nepotismo–, la cerrazón e incluso la deshonestidad al interior de la Judicatura. El hurto de exámenes para jueces de Distrito hace algunos meses, es la prueba madre del aprieto.
Ante esa situación, un grupo de investigadores e investigadoras del Instituto de Investigaciones de la UNAM han presentado ocho propuestas para fortalecer al Poder Judicial y completar su transformación. Estas son las principales: a) permitir que actores sociales participen en el proceso de designación de los y las ministros de la SCJN; b) crear un verdadero sistema civil de carrera dentro de la SCJN; c) colegiación obligatoria de la abogacía; d) separar el cargo de presidente de la SCJN del cargo de presidente del Consejo de la Judicatura Federal; e) revisar a fondo el funcionamiento y organización del Consejo de la Judicatura; f) establecer un plazo de veda para que consejeros de la Judicatura y magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación puedan aspirar a ser ministros y; g) hacer públicas las audiencias judiciales y privadas las sesiones de deliberación previas a las decisiones. Por cierto: no se propone crear un Tribunal Constitucional. La SCJN ya lo es. Es mejor crear un Tribunal Superior Federal para descargarle a la Corte los asuntos jurisdiccionales que no son constitucionales. O sea, al revés.
“Los titulares de los órganos constitucionales autónomos, entonces, tienen una responsabilidad histórica”
“En el interés genuino del presidente estará ejercer el mayor poder posible para impulsar sus propuestas”