PRD y PAN exigen al PRI evitar fiscal a modo
Le piden que use su mayoría para reformar el artículo 102 constitucional
Para evitar que el gobierno de López Obrador imponga a un fiscal general de la República “a modo”, sólo se requiere la voluntad del PRI y de su todavía mayoría legislativa en el Senado, para procesar antes de septiembre una reforma al 102 constitucional, indicaron los coordinadores parlamentarios del PRD y el PAN en la Cámara alta. “Por eso hacemos un llamado al PRI y a su mayoría parlamentaria a sentarse a dialogar con el resto de los partidos y hacer un último intento; a escuchar a las organizaciones de la sociedad civil para garantizar un nuevo marco jurídico que garantice el nombramiento de un fiscal verdaderamente ciudadano, autónomo y profesional”, afirmó el líder perredista, Luis Sánchez. “Habemos muchos, de todos los partidos, incluidos los de Morena que antes eran del PRD, que coinciden en que debe haber esa reforma constitucional; hagámosla, tenemos tiempo para convocar a un periodo extraordinario de sesiones, la Legislatura termina hasta el 31 de agosto”, insistió.
“No se trata de ponerle piedras a AMLO, sino sólo de terminar con la selectividad de la aplicación de la justicia”, remarcó, aunque reconoció que “no se ve voluntad en el PRI, porque no quiere abandonar esa tersa transición”.
El jefe de la bancada tricolor, Fernando Herrera, compartió que si hay disposición del PRI sería posible reformar todavía el 102 constitucional, porque “sería una lástima que el ‘fiscal carnal’ que pretendía Peña Nieto, ahora lo impulse el nuevo gobierno, en una especie de seguimiento o acuerdo, en una especie de mimetización de formas de pensar entre el PRI que se va y el viejo PRI que regresa”.
Algunos de los agregados en la propuesta son: Artículo 102.- Para ser Fiscal General de la República se requiere: ser ciudadano mexicano por nacimiento; tener cuando menos 35 años cumplidos el día de la designación; contar con antigüedad mínima de diez años con título profesional de licenciado en derecho; gozar, entre otros, de buena reputación, independencia, honradez, alta calidad moral, compromiso con la protección de los derechos humanos y no haber sido condenado por delito doloso.