Los cadáveres llevan dos años en tráileres y seguirán ahí
Todos están identificados, pero sus familiares no los han reclamado
Los 322 cuerpos hallados en los contenedores frigoríficos de dos tráileres, todos identificados con nombre y apellido, llevan hasta dos años en esos vehículos, y en este momento el gobierno de Jalisco no tendría un lugar para inhumarlos, por lo que tendrían que esperar hasta que se construya un cementerio en Tonalá. De acuerdo con datos oficiales de la Fiscalía General del estado, existen en poder del organismo 444 cadáveres recogidos por personal forense en los últimos dos años, todos identificados. De ellos, 122 están en las gavetas forenses, 273 en uno de los dos tráileres, que peregrinó por municipios conurbados, y 49 más en el segundo contenedor refrigerado, estacionado en el Instituto de Ciencias Forenses.
En la morgue metropolitana hay más de 750 muertos sin identificar, algunos desde 2008, y al día los peritos recogen hasta 12 cuerpos. Esta situación no es nueva y se deriva de la falta de un panteón forense, que se ha intentado construir
en dos ocasiones, primero en el municipio de Magdalena, en la región Valles de Jalisco, donde la población se opuso, y ahora en Tonalá, donde la obra va a un 15 por ciento. Ayer la Secretaría General de Gobierno de Jalisco informó que en menos de mes y medio estará totalmente construido y socializado con los vecinos, que también se oponen a su establecimiento. El resguardo de cuerpos se volvió complicado según expuso a El Financiero, el ex titular del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, Luis Octavio Cotero Bernal, quien culpó a la Fiscalía General cuando la encabezaba Eduardo Almaguer, y al exfiscal central, Rafael Castellanos. Según sus dichos, ellos contrataron las cámaras frigoríficas para reducir el hacinamiento. “El argumento de Castellanos fue la preservación de los cadáveres como prueba de un delito, y rentó las plataformas móviles de refrigeración. Ignoro el costo, pero él fue quien se encargó del trámite, y llevó los contenedores a las instalaciones, dado que el instituto es el depositario de los cuerpos, aunque su disposición corre a cargo de la Fiscalía”. Según documentos oficiales, hasta antes de 2013 se determinó cremar 376 cadáveres, a los que previamente se les registraron datos específicos y se integró un catálogo que se mostraba a quienes buscaban o reclamaban los familiares. Con el cambio del Sistema de justicia Penal, se impide la destrucción de cadáveres, ya que se consideran parte de la prueba en una carpeta de investigación.
Cotero declaró que “la capacidad de las instalaciones es de 72 cuerpos, pero fueron colocándose de a dos o hasta tres en cada espacio, y el alojamiento se rebasó hasta en un 400 por ciento”.