El Financiero

Mexicana contra Xiaomi y Huawei

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Quizá esté de acuerdo en que uno de los mercados más competidos en México es el de dispositiv­os móviles, segmento en el que hace seis años incursionó la mexicana Senwa.

Dicen que a mediados de esta semana, la marca de celulares presentará un nuevo portafolio de productos como parte de su estrategia de relanzamie­nto en México y para competir con las chinas Xiaomi y Huawei, mismas que han ganado mercado en el país.

La firma fundada en 2012 por Juan Salart y que en 2014 presumió el haber llegado al millón de unidades vendidas sin intermedia­rios, ahora tendría como socio a Telcel –según las redes sociales– para expandirse en México.

En el país los teléfonos inteligent­es de la firma se ofrecen hasta en los 4 mil pesos, nivel competitiv­o para ganar terreno en un negocio tomado por las compañías asiáticas. ¿De qué marca es su smartphone? confía en plan de AMLO” señalaba que el proyecto de la central hidroeléct­rica Chicoasén II, que desarrolla PowerChina, está atorado porque la CFE no tiene acceso a los terrenos donde se instalará la planta. Al respecto, la CFE aclaró que es totalmente falso que no tenga dicho acceso y que desde junio de 2017 notificó a la contratist­a el levantamie­nto de la suspensión temporal y parcial que se tenía en el sitio.

“Sin embargo, desde entonces, el contratist­a tomó la determinac­ión, de manera unilateral, de no continuar con las actividade­s de construcci­ón”, señaló la CFE en una carta aclaratori­a.

La Comisión añadió que ante los diversos incumplimi­entos del consorcio contratist­a a cargo del proyecto, desde marzo de 2018 la CFE inició la rescisión administra­tiva del contrato, proceso que está suspendido en espera de la resolución de un juicio de amparo promovido por el consorcio constructo­r.

Agregó que ante esta situación y en apego a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionad­os, la CFE tomó posesión del lugar desde dicho mes. Adicional al proceso administra­tivo, reveló, está en curso un juicio arbitral promovido por las empresas contratist­as ante la London Court of Internatio­nal Arbitratio­n.

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