POLITIZAR LA JUSTICIA ELECTORAL
Es política y moralmente reprobable que el exgobernador de Puebla utilizara su poder y su influencia en el estado para apoyar a su esposa como candidata a la gubernatura, y qué decir de los partidos políticos que avalaron su propuesta. El ambiente de tensión y enfrentamiento que generó este hecho a lo largo de todo el proceso comicial, sumado al ascenso arrollador de Morena en todo el país y en la misma Puebla, provocó que la elección de gobernador enfrentara durante cuatro meses controversias en las distintas instancias judiciales local y federal. La intensidad del conflicto llevó a una circunstancia inédita de recuento total de los votos que realizó el propio Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pero que al final no modificó las tendencias de las cifras.
El gran problema de esta conflictiva elección fue que el debate político empañó el trabajo de la justicia electoral que, a diferencia de los resortes valorativos y políticos que guían a la opinión pública, debe sustentarse exclusivamente en pruebas fehacientes, esto es, en un análisis técnico preciso y certero.
A escasos días del relevo en el gobierno estatal, el sábado pasado, la Sala Superior del TEPJF finalmente declaró válida la elección de gobernador con una votación dividida –4 a 3 votos– que rechazó el proyecto de sentencia del magistrado José Luis Vargas, que proponía la anulación a partir del argumento de que se había roto la cadena de custodia de los paquetes electorales, lo cual se había comprobado con fotografías de entradas y salidas a las bodegas donde estaban resguardados.
¿Qué tan sólido era el argumento? ¿Es posible inferir que esas acciones indebidas hubieran significado alteraciones a la voluntad de los electores, que al final es lo que deben de garanti- zar los jueces electorales? ¿Había elementos para probar que no hubiera sido así, o había que presumir que la irregularidad era sinónimo de violación a la determinación de los votantes? Si algo tiene nuestro sistema electoral es que está asentado en la desconfianza y que tiene múltiples mecanismos de control para evitar en lo posible que se trastoque la decisión del votante. El recuento total del voto por voto había dado como resultado la confirmación de la ventaja del 4% de la candidata de la coalición PAN/PRD, pero persistía la duda sobre si la ruptura de la cadena de custodia de los paquetes había sido anterior al recuento. La forma para verificar que los votos emitidos son los que efectivamente se contabilizaron está en la confronta entre las actas de escrutinio que posee cada partido político y que se levanta en la casilla electoral, mucho antes del resguardo. Dicho de otra manera, es posible comparar los resultados electorales en actas y boletas durante y después de la jornada electoral para no tener que presumir sin probar. En suma, la elección fue un ejemplo de lamentables conductas de políticos y quizás de la autoridad administrativa que resguarda los paquetes, pero la labor del juez es buscar por todos lados las pruebas de que estas malas prácticas violentaron la voluntad del elector.
El gran problema de esta elección en Puebla no estuvo en la diferencia de votos, sino en el conflicto político que se generó desde la selección de los candidatos. Las mutuas acusaciones por interferencias políticas o por presiones y chantajes que ambos contendientes argumentaron, permearon el debate en el propio TEPJF, que es la última instancia en materia electoral y que por ello debe garantizar que su evaluación sea imparcial y bien fundada en documentos. En la acalorada sesión de la Sala Superior, el magistrado ponente denunció que existieron amenazas de actores políticos para evitar que se respaldara su proyecto de sentencia. Resulta lamentable que la deliberación entre jueces no se ciña estrictamente a las pruebas y a las argumentaciones técnico-jurídicas, sino que se invoquen razones políticas para desautorizar a quien no concuerda con una posición. A la larga, ello mina no sólo la autoridad de los jueces en lo individual, sino la del TEPJF en su conjunto.
“La elección fue un ejemplo de lamentables conductas de políticos y quizás de la autoridad administrativa”
“El magistrado ponente denunció que existieron amenazas de políticos para evitar que se respaldara su proyecto”