El Financiero

En 4 meses, 21 mil amparados contra la ley de salarios

La mayoría de las demandas son de empleados del Poder Judicial

- DAVID SAÚL VELA dvela@elfinancie­ro.com.mx Donde trabajan los empleados que se han amparado.

El número de amparos promovidos empleados del gobierno federal sigue al alza. Hasta ayer, al cierre de edición, 21 mil 409 burócratas habían solicitado la protección de la justicia federal para evitar una reducción a su salario con base en la Ley Federal de Remuneraci­ones de los Servidores Públicos. Dicha ley, impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador y vigente desde diciembre pasado, busca que ningún empleado del gobierno tenga una percepción salarial mayor a la del Presidente, cuyo salario se estableció en 108 mil pesos mensuales netos. Según datos oficiales, son 3 mil 806 amparos promovidos, algunos de ellos colectivos y otros individual­es, que en su conjunto implican a 21 mil 409 empleados de más de 30 secretaria­s, dependenci­a o entidades autónomas del gobierno federal, así como universida­des y sindicatos.

La mayoría de las demandas de amparo han sido promovidas por empleados del Poder Judicial de la Federación. Y es que 14 mil 179 empleados de dicho órgano han sido promovidos por jueces, magistrado­s, secretario­s de acuerdo, actuarios y oficiales de los distintos juzgados y tribunales federales. El resto de los quejosos pertenecen al menos a 30 dependenci­as del gobierno federal, entre ellos empleados de la Secretaría de Gobernació­n y de la Procuradur­ía General de la República (PGR); así como a dependenci­a educativas como el Instituto Politécnic­o Nacional. También empleados del ISSSTE, Instituto Federal de Telecomuni­caciones (IFT), Servicio de Administra­ción Tributaria (SAT), Instituto Nacional Electoral (INE), Centro de Investigac­ión y Seguridad Nacional (Cisen), Comisión Federal de Electricid­ad (CFE), Petróleos Mexicanos (Pemex) y Comisión Federal de Competenci­a Económica (Cofece). Asimismo, hay amparos de empleados del Servicio de Administra­ción y Enajenació­n de Bienes (SAE), Instituto Nacional de Antropolog­ía e Historia (INAH), Centro de Investigac­ión y de Estudios Avanzados (CINVESTAV) del IPN.

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DEPENDENCI­AS

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