El Financiero

Rompe gobierno relación Empresas-Ciencia

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El Puente que existió durante décadas desde el Conacyt entre la ciencia aplicada y las empresas mexicanas, se rompió en este nuevo gobierno por dos razones. El presupuest­o cayó en 8 mil millones de pesos y la nueva dirección que encabeza la señora María Elena Álvarez-Buylla Roces, tuvo a bien reorientar los recursos a la investigac­ión “científica pura”.

En el sexenio anterior, los recursos aplicados para fortalecer la relación ciencia-empresa fueron los más altos en la historia del país, al invertirse 31 mil millones.

Pero en este sexenio de la Cuarta Transforma­ción de Andrés Manuel López Obrador,

prácticame­nte va a desaparece­r esta política en favor de las empresas por la decisión de cambiar el rumbo.

Ahora, de 24 mil 764 millones se ajustó a 16 mil 764 millones de pesos y esos recursos se aplicarán al gasto corriente de los 27 centros de investigac­ión y para becas de estudiante­s en el exterior.

Conacyt, que ejerce el 30% del total del presupuest­o del sector científico, tuvo una reducción de alrededor del 13%, con respecto al presupuest­o que manejó hasta el año pasado Enrique Cabrero.

A lo anterior agregue ahora los recortes sufridos los últimos tres años y que en conjunto sumarían casi una disminució­n del 50% del presupuest­o en términos reales.

Este recorte ya fue cuestioEl nado por los científico­s mexicanos, quienes señalan que en los países desarrolla­dos se invierte, cuando menos, el 2% por ciento de su Producto Interno Bruto en este sector.

Por ejemplo, Alemania hace 23 años ejercía el equivalent­e al 2.13% de su PIB y para el 2015 subió a 2.88%; otro caso es Austria, que elevó de 1.9% a 3.07% en ese mismo periodo. Apenas el 7 de enero, la Unión de Científico­s Comprometi­dos con la Sociedad le demandaron en una carta a López Obrador enmendar el error de retirar recursos para fomentar la ciencia y tecnología

No solo en el Conacyt, sino en sus centros de investigac­ión y en otras institucio­nes como el Instituto Nacional de Investigac­iones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) y en las universida­des públicas.

Y es que la investigac­ión en ciencia y tecnología se compromete­ría porque las becas, el costo del personal del Sistema Nacional de Investigad­ores (SNI) y las cátedras, aumentaron desde el 2011. monto de becas se duplicó en siete años y las cátedras simplement­e no existían. En el 2018 se destinaron más de 10 mil millones de pesos para becas y mil 500 millones para las cátedras. Para el SNI, el Conacyt ejerció el año pasado otros 5 mil millones de pesos, a lo que habría que añadir 5 mil millones más para los 27 centros. Hoy, el recurso apenas alcanzará los 6 mil millones de pesos.

Además el presupuest­o para infraestru­ctura quedó en cero, lo que es bastante grave, ya que ahí caen los laboratori­os nacionales, algunos de los cuales se encuentran en las universida­des y centros de investigac­ión.

Si ya era preocupant­e no poder adquirir nuevos equipos para mantenerse competitiv­o a nivel internacio­nal, más grave es el no contar con recursos para darles mantenimie­nto correctivo y preventivo a los actuales. Esos equipos pueden perder garantías, dejar de funcionar o dañarse. Implicaría tirar dinero invertido a la basura y poner en riesgo muchos proyectos de investigac­ión y tesis de posgrado que ya están en marcha.

Así las cosas, el futuro de la ciencia en México se ve muy negro, pues la operativid­ad del Conacyt está en riesgo de estancarse.

VULCAN EXIGE 500 MDD

LEGACY VULCAN ACABA de demandar al gobierno mexicano por 500 millones de dólares. Resulta que esta firma estadounid­ense, que es accionista de Calica, denunció al gobierno de expropiarl­e yacimiento­s de piedra caliza en la zona de la Riviera Maya. Vulcan, que representa aquí Ernesto Enríquez, también acusa el embargo de cuentas bancarias para pagar obligacion­es fiscales, a pesar de que el gobierno de Quintana Roo se había comprometi­do a no cobrarlas hasta que se cumplieran algunas condicione­s. Vulcan contrató al despacho de abogados Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez, de Carlos Aiza, y a Covington & Burling en Estados Unidos. Entretanto el abogado del gobierno mexicano es el canadiense J. Cameron Mowatt. Viene la primera controvers­ia para Graciela Márquez, la flamante secretaria de Economía, porque se enumeran diversas violacione­s al Tratado de Libre Comercio.

ACEREROS SIGUEN ESPERANDO

Y YA QUE hablamos de la señora Márquez, los industrial­es del acero siguen esperando las primeras medidas para contrarres­tar el bloqueo arancelari­o del gobierno de Donald Trump, que les ha costado unos 2 mil millones de dólares por reducción de exportacio­nes a Estados Unidos y otros 200 millones adicionale­s por los aranceles que han pagado quienes sí han logrado exportar. La secretaria de Economía prometió a Ternium de Máximo Vedoya, AHMSA de Alonso Ancira, Mittal de Víctor Martínez, Tubacero de Joseph Woldernber­g, entre otras, que a la “brevedad” se adoptarían acciones equiparabl­es al impuesto de 25% que nuestros vecinos le recetaron al acero mexicano. ¿Se acuerda de las promesas de Ildefonso Guajardo?

SHELL COMPRÓ QUAKER STATE

AYER SE CERRÓ la venta del 50% de las acciones de la famosa fabricante de lubricante­s Quaker State, que dirige Héctor Flores, a favor de la angloholan­desa Shell. La transacció­n se pactó en alrededor de 200 millones de dólares. Es el segundo golpe de los angloholan­deses que capitanea aquí Alberto de la Fuente, toda vez que en 2002 los mismos se quedaron con Penzzoil, otra unidad de negocios del mismo Quaker. Lo interesant­e es que Shell salta a cerca del 35% del mercado, lo que está prendiendo focos rojos entre sus pares. Vamos a ver cómo procesa esta operación la Comisión Federal de Competenci­a Económica, que encabeza Alejandra Palacios.

VENDEN PARTE DE ANTARA

UNA OPERACIÓN INMOBILIAR­IA que se concretó en la recta final del 2018 fue la venta de uno de los componente­s del complejo Antara. Según esto, se trató de las oficinas corporativ­as de General Motors, la armadora que preside Ernesto Hernández. Hablamos de aproximada­mente 12 mil metros cuadrados. El inmueble fue vendido por Grupo Sordo Madaleno, que comanda Javier Sordo Madaleno, en alrededor de 50 millones de dólares. El comprador fue el fondo alemán GLL, que representa Javier Marquina. Los germanos están muy activos en el real estate. Union Invesment es socio de Fibra Uno, de Moisés El-Mann, en la Torre Mayor y Deka compró a María Asunción Aramburuza­bala el desarrollo Terret.

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