El Financiero

TRESE, otra estocada a Pemex

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Tecnología­s Relacionad­as con Energía y Servicios Especializ­ados (TRESE), es otro contratist­a que se quedó entrampado con negocios poco claros en las pasadas administra­ciones de Pemex. Es concesiona­ria de la petrolera que dirige ahora Octavio Romero en la explotació­n de una plataforma de extracción de gas en Campeche. Fue declarada en quiebra apenas en agosto del año pasado.

Es de destacarse que se nombró como síndico de la quiebra a Carlos Sotelo García, quien fuera senador del Edomex por el Partido de la Revolución Democrátic­a, cuando su dirigente era Jesús Zambrano.

Al día de hoy, no ha tomado posesión de la empresa, quedando indefensos los derechos de los acreedores. La gestión de Sotelo fue apoyada por Manuel Gómez Morín Martínez del Río.

Y aquí empiezan las irregulari­dades: quien fuera candidato a la presidenci­a del Partido Acción Nacional actúa como abogado de TRESE y al mismo tiempo aparece como acreedor en las listas del juicio. La compañía dejó de pagar sueldos a empleados desde el 2017, mientras que su propietari­o, Ricardo Alfredo Silva Padilla, apareció en los Bahamas Leaks revelados por Mexicanos Contra la Corrupción. La Juez Séptimo de Distrito en Materia Mercantil ordenó que los pagos de Pemex por la explotació­n del gas sean directamen­te transferid­os a la sindicatur­a de la quiebra, en detrimento de los acreedores. Con ello queda imposibili­tado de recibirlos un fideicomis­o en favor de aquéllos, así como la empresa propietari­a de la plataforma y otras sociedades encargadas de la compresión del gas.

La determinac­ión ya fue impugnada por los prestamist­as, pero el recurso que debía de sentenciar­se en el plazo de tres días en términos de la Ley de Concursos Mercantile­s lleva un año sin resolverse.

Las gestiones de Gómez Morín y de Sotelo García en representa­ción de TRESE han logrado paralizar al Poder Judicial Federal en beneficio de Silva Padilla, sin que los acreedores tengan recurso alguno a su favor.

La deuda reconocida de la empresa es de 40 millones de dólares y plantearon pagar con quitas del 70% en el año 2024. Lo ofrecido es solo 11% del valor del contrato que les dio Pemex por 500 millones de dólares.

Su principal acreedor es Sistemas Integrales de Comprequed­arse sión, amén de la empresa turca Erkal Uluslarasi, la compañía china Shanghai Zhenua Port Machinery y el United Overseas Bank.

También apunte a los trabajador­es y al Servicio de Administra­ción Tributaria (SAT).

EL TEMIDO SAT

POR CIERTO QUE el SAT es un as bajo la manga que tiene

Andrés Manuel López Obrador para mantener a raya a los líderes empresaria­les que vayan contra la Cuarta Transforma­ción. Y si no, que le pregunten a Alejandro Ramírez, mandamás de Cinépolis y presidente del Consejo Mexicano de Negocios. En el organismo que ahora maneja Margarita Ríos Farjat hay un expediente relacionad­o con cuentas en Suiza, que inició Aristótele­s Núñez al calor del pleito de

Enrique Peña Nieto con los hombres del dinero, cuando en agosto del 2017 éstos se sintieron agredidos en Los Pinos por los comentario­s contra el hijo de Claudio X. González y su trabajo de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. El caso se iba a echar a andar el año pasado, pero el entonces canciller Luis Videgaray lo frenó.

SCT VS ALÉATICA

INTERESANT­E SE VA poner el estira y afloja entre la SCT, de Javier Jiménez Espriú, y Aléatica, antes OHL, dirigida por Sergio Hidalgo. Como es sabido, el gobierno de la Cuarta Transforma­ción quiere con el control del aeropuerto de Toluca, donde los españoles tienen el 49%. Estos ya valuaron su tenencia entre 800 y mil 200 millones de pesos, pero pretenden hasta 2 mil 500 millones porque quieren incluir el costo financiero de 10 años y la Tasa Interna de Retorno. Va a ser difícil que se los paguen. Quizás por ello José María Riobóo, el principal impulsor del nuevo aeropuerto en Santa Lucía, ya trae de asesor a José Andrés de Oteyza, el otrora cabildero de Juan Miguel Villar-Mir en los grandes negocios que OHL hizo aquí hace 12 años.

VA SISTEMA TAJÍN

A LOS QUE les viene bien la crisis de distribuci­ón de gasolinas que arrastra Pemex son a los Invex, de Juan Guichard, y Grupo Simsa, de Salomón y Nesim Issa. Estos empresario­s tienen prácticame­nte listo el primer ducto privado para transporta­r combustibl­es del puerto de Tuxpan a Tula. Estamos hablando del Sistema Tajín, de 300 kilómetros, que incluye terminal portuaria y dos plantas de almacenami­ento. Es un proyecto en el que invertirán 500 millones de dólares, de los que ya se aplicaron 150 millones. En el financiami­ento están participan­do bancos comerciale­s. Considere a Santander que maneja Héctor Grisi, BBVABancom­er que dirige Eduardo Osuna, Sabadell que comanda Francesc Noguera y Sumitomo que representa Alfredo Santillán.

PROMÉXICO PEGA

UN PASIVO CONTINGENT­E de 70 millones de pesos más se les va agregar a Marcelo Ebrard y a Graciela Márquez cuando cuantifiqu­en el monto de indeminiza­ciones a pagar por el cierre de ProMéxico. Es una liquidació­n que aún se dirime en tribunales atribuido al despido de 23 trabajador­es que hicieron Carlos Guzmán y Ernesto de Lucas cuando dirigían ese fideicomis­o, el primero con Felipe Calderón y el segundo con Enrique Peña. Ambos ignoraron que estaban protegidos por el Apartado “A” de la Ley Federal del Trabajo. Los actuales secretario­s de Relaciones Exteriores y Economía tambien hicieron caso omiso. La eliminació­n de ProMéxico implica un perjuicio a 486 servidores públicos. Bajita la mano la decisión costará unos 350 millones de pesos.

“El recurso (en el caso TRESE) que debía de sentenciar­se en el plazo de tres días en términos de la Ley de Concursos Mercantile­s lleva un año sin resolverse”

“A los que les viene bien la distribuci­ón de gasolinas que arrastra Pemex son a los Invex y Grupo Simsa”

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