El gobierno capituló
El gobierno capituló. Al menos aparentemente. Ni siquiera dio la batalla para defender su proyecto original de Guardia Nacional adscrita a Sedena. Dos meses de escuchar hasta el cansancio elogios al Ejército. Sin embargo, ninguno de los artífices del proyecto salió a explicarlo o defenderlo. No se explicó lo que algunos quisimos entender. Que la Guardia Nacional es una pieza crítica dentro de un plan más grande. Que operaría en sintonía con el aparato de gestoría social del gobierno, lo que permitiría diseñar operativos más eficaces y con menos afectaciones a las comunidades. Sin tiempo siquiera para procesar las audiencias públicas, Alfonso Durazo anunció que la Guardia Nacional estará adscrita a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
Al repasar la lista de los ponentes y al escuchar algunas de las intervenciones, no puedo sino pensar que las audiencias estaban predestinadas a sepultar el proyecto original. Para la mayoría de los mexicanos el Ejército es bueno y la policía es mala. Así de simple. Por eso era comprensible que el Presidente insistiera en arropar su proyecto de Guardia Nacional en el prestigio de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, entre los líderes de opinión y los activistas, la percepción es precisamente la inversa. Mientras “militarización” es una palabra sucia, existe la convicción de que la única salida a la crisis de seguridad en México pasa por construir policías confiables.
En una de las intervenciones más lúcidas, Alejandro Madrazo apuntó sobre el proyecto de Guardia Nacional: “El mando operativo es militar. Estará dentro de la Secretaría de la Defensa Nacional. El equipamiento será militar, la disciplina será militar.” Sin embargo, hay un elemento importante que no mencionó. En muchos casos, los grupos criminales, su armamento y su estructura, también son de corte militar. Basta hacer una sencilla búsqueda en Google para encontrar las imágenes y los videos donde los criminales exhiben sus milicias de decenas de hombres armados, con vehículos y armas largas. Este poder de fuego es muy superior al que la policía de un municipio con 20 mil o menos habitantes (como son la mayoría de los municipios en este país) jamás podría aspirar a tener. Mientras estos grupos cuasi militares ronden las brechas, rancherías y los pueblos del país, México no hará frente a una crisis convencional de seguridad pública. Serán necesarios recursos extraordinarios y, hasta ahora, el único recurso extraordinario a la mano ha sido el despliegue del Ejército y la Marina. El uso indiscriminado de este recurso lógicamente preocupa a muchos mexicanos. Sin embargo, los gobernadores y los alcaldes, independientemente de su signo político, prácticamente nunca han estado dispuestos a prescindir de él. Tampoco es necesario inventar nuevos conceptos ni reformar la constitución para justificar este recurso extraordinario. En algunas regiones del país los grupos criminales son una clara amenaza a la seguridad nacional. Se han apoderado de territorios completos, que han quedado por meses fuera del control de las instituciones del Estado. También han lesionado la gobernabilidad democrática (ahí están las decenas de atentados y homicidios de candidatos durante el último proceso electoral).
En las discusiones de la semana pasada en el Congreso, se machacaron los lugares comunes que por años han dominado el debate, pero que no plantean alternativas viables. Se insiste en que la formación militar y el mando militar son incompatibles con el respeto a los derechos humanos. No puedo evitar pensar en la masacre de Tanhuato. Si nos atenemos a la voluminosa recomendación de la CNDH, elementos de la Policía Federal (que no del Ejército o de la Marina) exterminaron sin ninguna necesidad, y sin mayor escrúpulo, a 42 personas. Me pregunto qué diferencia hacen la formación y el mando en casos como ése, o si la discusión en realidad debería ir por otro rumbo.
Por el momento, estamos en la incertidumbre sobre el camino que seguirá la Guardia Nacional. Una primera alternativa es que el gobierno opte por dejarla morir (ya sea de negligencia burocrática o de inanición presupuestal). También podría reducir su calado. Así como la Gendarmería de Peña Nieto terminó por ser una pequeña división dentro de la Policía Federal, podríamos terminar con un pequeño cuerpo de guardias nacionales, prestados de otras dependencias. El Ejército y la Marina continuarían indefinidamente como el pilar en el combate a los grupos delictivos de mayor peligrosidad. En mi opinión, ésta sería la peor alternativa.
Una segunda alternativa es que el gobierno busque darle la vuelta a la restricción del mando civil. Que la Guardia Nacional quede adscrita a la Secretaría de Seguridad, pero que para todo efecto práctico se trate de una corporación militar. Esta salida tendría desafíos y costos. Por una parte, la difícil convivencia entre la lógica burocrática de una dependencia civil, y la estructura jerárquica y prácticas de los militares. Por otra parte, el engaño sería evidente, y no se disiparía el rechazo a la Guardia Nacional que se escuchó con fuerza en los últimos días. Una tercera alternativa, la que a mi juicio sería la más conveniente, es que se aproveche la oportunidad para replantear a fondo el proyecto. Que se atiendan las preocupaciones de orden constitucional y humanitario en torno a la Guardia Nacional, pero que también se escuchen otras voces y otras preocupaciones. Que se convoque también a las personas que conocen la dimensión de nuestros grupos criminales, y también a los mandos mexicanos y de otros países que saben de táctica y de disciplina en operaciones de alto riesgo. Sobre todo, que se deje de lado la pretensión de construir una solución definitiva a los problemas de seguridad pública. La Guardia Nacional no puede subsanar todas las deficiencias de nuestras policías. Lo que hace falta es pensar en el tipo de institución que nos podría permitir, de manera eficaz pero también con el menor riesgo de abusos, avanzar en los próximos diez o veinte años hacia la pacificación del país.