Más caro el remedio que la enfermedad
El presidente arreció ayer su ataque contra los organismos autónomos, a los que lanzó durísimos calificativos: “Se crearon supuestos organismos autónomos, independientes; toda una constelación de organismos. Otro gobierno para operar el saqueo, entregar contratos y permisos a empresas particulares… en todos estos organismos, la mayoría de los consejeros representaba al grupo de intereses creados… afortunadamente se vencieron los plazos (de los consejeros) o algunos renunciaron porque ya no les parecieron los sueldos”, señaló ayer el presidente López Obrador.
¿Se imaginan cómo están recibiendo estos juicios los integrantes de la Comisión de Competencia (Cofece), de la Comisión Reguladora de Energía, del CENACE, del IFT?
Más aún, ¿qué efecto van a tener en las empresas que decidieron hacer inversiones en México a partir de la existencia de una autoridad reguladora independiente en el sector que invirtieron?
¿Y cuánto tiempo tardará para que esta visión crítica se extienda al Banco de México?
El presidente tendrá que ser informado de que está
cuestionando el diseño institucional del Estado mexicano, que cambió de manera importante en los últimos 25 años.
Quizás los primeros cambios relevantes fueron la autonomía del Banco de México, en 1993, y posteriormente la ciudadanización del IFE en 1994. A partir de entonces, pero sobre todo en este siglo, fueron agregándose instituciones a las que el Congreso otorgó autonomía técnica o de gestión.
Por ejemplo, a la Cofece, que existía desde 1992, se le otorgó autonomía constitucional en 2013. La
CNH nació en 2008, pero fueron las reformas para el sector energético en 2014 las que le dieron autonomía e independencia. La CRE viene desde 1993, pero igualmente fue la reforma energética de 2014 la que le dio una fuerza y autoridad.
No lo canso con una revisión más minuciosa de otros organismos.
Los procesos de apertura de los sectores en los que, por décadas, hubo monopolios estatales, en muchos países condujeron a la conformación de organismos reguladores que fundamentalmente tenían que cuidar que esos mercados maduraran sin abusos de las empresas que fueron monopolios.
No estaban diseñados para favorecer a las empresas estatales, sino para favorecer la competencia que pudiera darse en sectores que dominaron. Y, eso requería independencia técnica y de gestión. Eso hicieron (a veces a medias por cierto) y ahora se ve como saqueo.
Esa visión parece anticipar el fin de los organismos autónomos, por más que se diga que no.
Y, me temo, que, a la larga, también traiga consigo el cuestionamiento de la autonomía del banco central y de la independencia de la autoridad electoral, pues tomarán resoluciones que no van a gustar al presidente y que pueden ser asumidas como intentos de debilitar al gobierno electo democráticamente. Se trata de una diferencia de fondo en el diseño del Estado y de los contrapesos que se han establecido en las últimas décadas.
Sé que diversos funcionarios del gobierno de AMLO no piensan así y saben que debilitar a los organismos autónomos va a erosionar la confianza y a crear problemas estructurales con la inversión, que podrían costar mucho y por años.
Llevamos hoy 75 días de gobierno y no hay decisiones irreversibles. El curso de las cosas puede ser cambiado si se analizan con serenidad y con cuidado.
Si no se hace así, al propio gobierno le puede salir más caro el remedio que la enfermedad.