Estigma e ineptitud
Los relevos que se han dado en toda la estructura gubernamental están ocasionando serios problemas de operación, principalmente en aquellos servicios que tienen que ver con la atención al público. En el SAT, luego de que corrieron a trabajadores en todo el país y se relevarán a los principales mandos, el sistema computarizado, sólo por mencionar un caso, presenta constantes fallas, particularmente desde principios de año. Es común que cuando un atribulado contribuyente acude a las oficinas a hacer algún trámite, como la renovación y revocación de la firma electrónica, suele quedarse, en el mejor de los casos, a la mitad, toda vez que el sistema se bloquea, lo que implica cancelar toda la operación y con ello volver a sacar otra cita para ser atendidos; huelga decir que muchos usurarios pierden toda la mañana para acudir a su encuentro con Lolita.
Podemos enumerar diversas dependencias de gobierno en las cuales ya se padecen los estragos de tener funcionarios ineptos y bisoños, que no tienen idea de cómo hacer las cosas.
Así ocurre en Turismo, Seguro Social, Salud, SCT, Conacyt, SHCP y otras tantas dependencias públicas.
Aunado a esto, ahora se le ocurrió al Presidente de la República impulsar una ley para que ningún exservidor público trabaje en el sector privado que tengan que ver con el área en donde desempeñaba sus labores, por lo menos durante diez años posteriores a su salida.
La ley de austeridad pública que promueve AMLO estigmatiza a los trabajadores del gobierno. Aun sin entrar en vigor, ya emitió una lista negra compuesta por diez exfuncionarios de gobierno de pasadas administraciones, que fueron inculpados y ajusticiados en los medios y en las redes sociales sin ser culpables de nada. Si acaso la culpa sólo se circunscribe al ámbito moral, a decir de AMLO.
Así, el mesías ya los condenó al descrédito y al infierno.
Si un funcionario público trabajó antes de la administración de AMLO, pues tiene que cuidarse porque en una de esas lo acusan por lo menos de inmoral; si alcanzó a llegar al nuevo sexenio, muchos serán despedidos sin la indemnización correspondiente y sin cobrar íntegramente su fondo de retiro depositado en Metlife; y si pertenece a una empresa descentralizada o a empresas productivas del Estado, si no es bien visto por los “nuevos”, tiene que pensar seriamente en dónde va a laborar después de que termine su relación laboral. Ya no podrá trabajar en el sector privado por lo menos un año después de su retiro. Eso dice la ley actualmente. Con AMLO, el plazo se extendería a 10, lo que lo pondría en condiciones extre- mas o en estado de inanición y al borde del suicidio.
Cuál será la opción para esos exfuncionarios, ya que la mayor parte de ellos son especialistas en las áreas donde laboraban. Si ya no pueden estar en el gobierno ni en la IP, entonces sus expectativas laborales quedan reducidas a casi cero, aunque la economía informal sería una opción o si son solventes pueden irse a Houston.
Después de que López Obrador deje de ser Presidente y todos los servidores públicos de la enorme estructura gubernamental de los tres niveles de gobierno sean relevados, en dónde van a prestar sus valiosos servicios a la patria. Veremos si la aprobación de la ley de austeridad republicana avanza en el Congreso y también habrá que ver el desarrollo y desenlace del caso de la lista negra de los 10 exfuncionarios acusados de inmorales.