CNDH: dar poder económico al Ejército, ‘riesgo a la democracia’
Propuesta para la Guardia no es pertinente ni viable, vulneraría DH, dice
El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, alertó sobre el riesgo que representa para la democracia expandir la esfera de influencia de las Fuerzas Armadas, no sólo al ámbito de la seguridad pública, sino también en el económico.
Al participar en las audiencias de parlamento abierto para debatir la reforma constitucional para crear la Guardia Nacional, González Pérez criticó que se conceda a las Fuerzas Armadas, al margen de cualquier consideración o fundamento legal, asumir tareas de desarrolladores inmobiliarios, constructores de obra pública, así como explotar y beneficiarse de las actividades aeroportuarias del país. “Es una apuesta riesgosa para la democracia y la institucionalidad civil. Si se les concede poder económico, se afianza su poder político y se les deposita como potestad esencial el monopolio estatal del uso de la fuerza; existe el riesgo de que, en la práctica, nuestras Fuerzas Armadas dejen de tener incentivos reales para que, una vez superados los estados de emergencia, renuncien a tales a favor de la autoridad civil”, soltó. Apenas el domingo pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que el nuevo aeropuerto civil en Santa Lucía será administrado por la Secretaría de la Defensa Nacional y que la renta, los beneficios, serán transferidos al Ejército, para fortalecer sus finanzas.
Para el ombudsman nacional, por otra parte, desde la perspectiva de los derechos humanos, la propuesta para la Guardia Nacional no es pertinente ni viable, ya que genera el riesgo de que se vulnere derechos humanos, no garantiza en modo alguno, ni contribuye sustantivamente a terminar con la impunidad, debilita nuestra institucionalidad civil y democrática.
“Este plan de Guardia Nacional atenta contra una real reparación integral en los miles de casos de violación a los derechos humanos que existen en México, especialmente en lo que se refiere a las garantías de no repetición. Por eso solicitamos a esta Cámara de Senadores su intervención para que no aprueben este dictamen”, solicitó, con lágrimas, la madre de Jorge Antonio Parral, un joven ejecutado presuntamente por militares.
En tanto, al contrario de la posición de las víctimas, el padre Alejandro Solalinde consideró que establecer la Guardia Nacional es optar por “el mal menor”: “Yo hago votos porque en este discernimiento sí se escuche de verdad a los expertos, se escuche las víctimas, se escuche a todos, pero también se escuche a la realidad, que es una realidad muy cruda de un país desastroso que nos han dejado”.
“Existe el riesgo de que, en la práctica, nuestras Fuerzas Armadas dejen de tener incentivos”