El Financiero

MARTÍ BATRES

- Senador de la República Martí Batres @martibatre­s

El Presidente de la República está solicitand­o el apoyo del Poder Legislativ­o para que se concreten las reformas constituci­onales que hagan posible la creación de la Guardia Nacional como cuerpo principal, central, federal, encargado de la seguridad pública y de la protección de la ciudadanía.

No es un secreto que la seguridad es el tema más urgente para las familias mexicanas y es, al mismo tiempo, una de las asignatura­s en las que ha fallado más en los últimos sexenios el Estado mexicano.

La última vez que una amplia mayoría de la población calificó como segura a su colonia fue en junio de 2005, hace casi 14 años. En esa ocasión, el 75 por ciento de los encuestado­s consideró que su lugar de residencia era seguro o muy seguro. Después de esa fecha, todas las encuestas muestran una percepción de seguridad que en los mejores momentos difícilmen­te llega a un 50 por ciento de percepción positiva. Por eso, el apoyo que pide el Presidente no es sólo para su gobierno, sino fundamenta­lmente para la población, para la ciudadanía. Crear la Guardia Nacional es crear un instrument­o para proteger a la ciudadanía de la insegurida­d, la delincuenc­ia y la violencia.

No es casual que en el debate desatado por la iniciativa de reforma constituci­onal la opinión del ciudadano común sea favorable. Todas las mediciones y encuestas así lo reflejan, desde un 69 por ciento de apoyo y hasta un 87 por ciento de respaldo.

En consecuenc­ia, puede afirmarse que el Poder Legislativ­o también tiene la responsabi­lidad de dar respuesta a la ciudadanía en dos sentidos: por un lado, a la demanda general de seguridad; y por otra parte, a la simpatía que tiene la propuesta de crear la Guardia Nacional. Dentro del Poder Legislativ­o ya hay varios grupos parlamenta­rios que han expresado públicamen­te su apoyo a la propuesta del Presidente. Representa­n a la mayoría absoluta de legislador­es. Sin embargo, para aprobar una reforma constituci­onal se requiere una mayoría calificada de dos terceras partes de los votos.

En otras palabras, no basta con el apoyo de la mayoría legislativ­a afín al gobierno. Es necesaria la participac­ión de los legislador­es de la oposición.

Esto nos remite necesariam­ente al tema de la responsabi­lidad. El mecanismo de aprobación de la reforma constituci­onal exige una oposición responsabl­e. La oposición puede facilitar la concreción de la reforma o puede bloquearla. Si la oposición colabora podrá asumirse como parte de la solución. Si la oposición bloquea la reforma será mal vista por una ciudadanía a la que le urgen soluciones a un grave problema que afecta el patrimonio, la integridad y la vida de las personas. No se ve en el horizonte una razón sólida para que la oposición rechace la propuesta. En el pasado, las fuerzas hoy opositoras, avalaron la integració­n de militares a la Policía Federal Preventiva e incluso la incursión masiva de las Fuerzas Armadas en seguridad pública y aprobaron la Ley de Seguridad Interior. Un discurso radical contra las Fuerzas Armadas no sería creíble. Hoy el Presidente de la República está planteando las cosas en orden, con estrategia y legalidad. Plantea una reforma constituci­onal que de sustento a la propuesta sin conformars­e con una legislació­n secundaria únicamente.

Propone una salida gradual del Ejército en las labores de seguridad pública. Articula un proyecto para que sólo el 10 por ciento de las Fuerzas Armadas (sus cuerpos policiacos) formen parte de la Guardia Nacional. Agrega un compromiso con los Derechos Humanos y la renuncia a usar la fuerza para reprimir sl pueblo, así como líneas de acción novedosas para distender como las amnistías, legalizaci­ón parcial del uso lúdico de ciertas drogas y la justicia transicion­al. La mala imagen del Poder Legislativ­o, se debe en mucho a la aprobación de medidas rechazadas por la mayoría de la población, como el IVA de 15%, el Fobaproa o la reforma energética. Aprobar la Guardia Nacional es una oportunida­d de hacer empatía con los sentimient­os de la ciudadanía.

“Si la oposición bloquea la reforma será mal vista por una ciudadanía a la que le urgen soluciones”

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