Se afina la reforma educativa
Con la reunión entre legisladores, organismos autónomos y autoridades formativas federales y estatales se concluyeron las audiencias en materia educativa, en el marco del análisis de la iniciativa que reforma los artículos 3, 31 y 71 de la Constitución.
Si se tomaran en cuenta la mitad de las ponencias presentadas en las audiencias, seguramente estaríamos hablando de la reforma educativa de mayor calado y alcances que se haya concretado en México; sin embargo, veremos ya en las discusiones en comisiones y en el pleno qué tanto se consideró de ellas para conformar el dictamen definitivo. La piedra angular de todo proyecto de nación, de inclusión y desarrollo social es la educación, esperemos que ahora sí se construya el entramado legal para ello, aunque con leyes o sin leyes ya vimos que cuando se deja en segundo plano el interés de la niñez, en aras de fomentar grupos como la CNTE, todo esfuerzo será en vano.
En el último día de las audiencias destacó la intervención de la consejera presidenta del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), Teresa Bracho González, quien insistió, y con razón, en que “no se puede eliminar el instituto por una percepción basada en mitos y mentiras, como el de ser un instrumento persecutor para el magisterio”.
Como ya es costumbre, de llevar al paredón de los acusados a aquellos organismos o personas que no son del agrado del Presidente de México, se ha pretendido hacer creer que el INEE ha “corrido a cientos de maestros”, cuando esa no es, ni remotamente, la función de ese instituto, al contrario, el único fin que persigue es la defensa de una educación de calidad y con equidad para todos los mexicanos. Bracho González, categórica, afirmó que “no contar con un organismo autónomo que evalúe el cumplimiento del derecho a la educación asentado en la Constitución, es volver al oscurantismo. Nadie quiere eso”. La nueva reforma educativa debe considerar ciertos criterios normativos, como que la calidad no puede desvincularse de la equidad educativa, la pertinencia, el desarrollo integral, la interculturalidad y la atención a la diversidad. Asuntos que no pueden ser omitidos en una nueva legislación educativa. La presidenta de la Comisión de Educación, diputada de Morena Adela Piña Bernal, señaló que la evaluación es un proceso inherente en el sistema educativo nacional, se analizará su continuidad con carácter formativo, de retroalimentación, capacitación, actualización y “nunca más de castigo”. Reconoció que hoy también se debe conseguir el acuerdo que provenga de un ejercicio de pluralidad, escuchar, ser abiertos y propositivos. “Un consenso entre la sociedad y sus representantes, porque no hay verdades absolutas ni únicas, nos corresponde a todas y todos”.
Las intervenciones de varios titulares de educación estatales aportaron razonamientos inteligentes y creativos al debate, como los expresados por el secretario de Educación de Querétaro, José Alfredo Botello Montes, quien consideró que la garantía al derecho a la educación se debe conformar con seis elementos que una norma constitucional debe tener: el derecho a la enseñanza, la definición de su naturaleza como garantía, la obligación del Estado de impartirla en todos los niveles, establecer un mecanismo que garantice que será de calidad, un sistema para el desarrollo profesional de los docentes, y el reconocimiento del derecho al desarrollo de la ciencia e innovación tecnológica y al fortalecimiento y difusión de la cultura.
Lo señalado por Luis Arturo Cornejo, de Morelos, es rescatable: la nueva escuela mexicana debe reafirmar los principios de nuestra educación laica, obligatoria, gratuita, integral, democrática, y universal con principios de equidad y excelencia. También enriquecer los contenidos educativos para buscar una educación integral, incluida en los planes de estudio, civismo, valores, lenguas originarias, activación física, deporte, artes y música.