La restauración presidencialista

Tres notas definen al régimen lopezobradorista. En primer lugar, la idea –y ejercicio– de la política como una arena de confrontación entre bandos moralmente desiguales. Una épica del poder que se define a partir de la existencia de una facción rival. De la épica y el adversario, surge un nosotros: la mayoría que se emancipa de una minoría rapaz; la nación que recupera los bienes públicos, capturados por una mafia; el pueblo bueno que restaura la continuidad interrumpida de la historia por el asalto neoliberal. La superioridad moral es la esencia de la dualidad entre el pueblo y sus enemigos y, por tanto, de sus auténticos representantes.

En segundo lugar, una caracterización radical de la democracia. Sobre el principio de igualdad política, “una persona, un voto”, se crea un nuevo sujeto histórico. La “mayoría política” es el ente social en el que se deposita la virtud de la transformación. Esa mayoría electoral es la expresión, histórica y moral, del pueblo. El 53% de los votos

Abogado depositados en las urnas, el control del Congreso o la altísima aprobación presidencial son más que una habilitación legal para decidir. Son el pilar aritmético de una suerte de legitimación moral para determinar, incluso, lo que es ético o no.

En tercer lugar, el desmantelamiento institucional para concentrar el poder y restaurar, aquí sí, un presidencialismo fuerte. Si la democracia es el gobierno de una mayoría moralmente superior, los derechos de existencia y participación de las minorías no son otra cosa que artilugios antipopulares, estorbos frente a la incuestionable voluntad general, formalismos para mantener artificialmente inclinada la balanza del poder a favor de las élites. El gobierno del pueblo bueno no requiere instituciones dotadas de autonomía ni garantes de la imparcialidad: el pueblo no se equivoca y, por tanto, no necesita límites ni tutores. La superioridad moral de la mayoría es mucho más barata que la tediosa maquinaria de pesos y contrapesos, de equilibrios y controles, de desconfianzas y supervisiones. El síntoma inequívoco de que asistimos al desmantelamiento selectivo de instituciones es la recurrente descalificación del Presidente a los órganos autónomos o reguladores. Para López Obrador esos órganos son un gobierno paralelo al que el pueblo le confirió. Parece turbarle el hecho de que ciertas funciones no estén en el ámbito de su decisión o arbitrio. Le indigna que, para cumplir con una promesa de campaña, materializar uno de sus dogmas o implementar una política pública, deba lidiar con una veintena de instituciones que no emanan directamente del voto popular. Le ha de parecer inconcebible que Pemex o la CFE tengan que convencer a un regulador de la legalidad, viabilidad o sustentabilidad de sus proyectos. O que un instituto determine qué profesor puede entrar, pertenecer o enseñar frente al aula. Debe parecerle un atraco a la nación que se destinen recursos públicos para sostener a un instituto que vela por nuestro derecho de acceso a la información pública o por nuestros datos personales. Le parece innecesario tener un órgano electoral autónomo e imparcial ahora que el pueblo bueno, el que no hace fraudes ni usa recursos públicos en las elecciones, se ha sentado en Palacio Nacional.

Los órganos autónomos y reguladores son la aportación del pluralismo democrático para acotar al Presidente y evitar la tentación al abuso. El aprendizaje de las dolorosas experiencias del presidencialismo omnipotente. Esos órganos son vitales para la democracia y la economía, porque organizan procesos y arbitran conflictos; promueven la competencia y la libre concurrencia en la economía; corrigen las fallas del mercado para evitar concentración de privilegios o la exclusión en el acceso a bienes y servicios; miden y vigilan la actuación del Presidente y de su administración; disuaden y castigan la corrupción. Son el resultado de la necesidad de aplicar herramientas técnicas para gestionar mejor la complejidad de la realidad, de alejar ciertas decisiones del conflicto de interés del gobierno y de su partido, de igualar a las personas y las empresas en sus interacciones con el Estado y en los mercados. Es la razón instrumental de un modelo de Estado que no se desentiende de intervenir en los procesos económicos y sociales, pero que lo hace sin asfixiar las libertades. Estorbos imprescindibles a la incuestionable y muy probable falibilidad del pueblo bueno.