El Financiero

JORGE G. CASTAÑEDA

- Jorge G. Castañeda Opine usted: gaceta@jorgecasta­neda.org @JorgeGCast­aneda

La embestida del gobierno de López Obrador contra Guillermo García Alcocer, titular de la Comisión Reguladora de Energía, recuerda mucho la del gobierno de Peña Nieto contra Ricardo Anaya. Con dos pequeñas diferencia­s: Anaya, como candidato presidenci­al, disponía de un arsenal de defensa mayor al de García Alcocer, pero lo que estaba en juego también era muy superior: la Presidenci­a de la República.

La semejanza de ambos casos es evidente. El Estado escoge a un adversario, por una razón u otra; utiliza todos su recursos para buscar posibles infraccion­es a la ley (de cualquier índole: fiscal, lavado de dinero, conflicto de interés); enuncia sus acusacione­s en público, con la mayor difusión posible; una vez herida la presa, y obtenido el resultado esperado, se archiva/olvida/esfuma el expediente.

Se trata de la utilizació­n del Estado para fines políticos de un gobierno. Van de por medio PGR (antes), SAT, Función Pública, Unidad de Inteligenc­ia Financiera, y desde luego, los medios de comunicaci­ón estatales o afines al régimen. Es el más puro estilo priista de años anteriores, reproducid­o por Peña Nieto y ahora por López Obrador. No debe extrañar que el Presidente actual no haya considerad­o que su predecesor intervino en el proceso electoral al atacar a Anaya. Hoy hace lo mismo con García Alcocer, y mantiene una innegable congruenci­a: no cree que la utilizació­n del Estado para fines políticos sea indebida, a menos de que sea en contra suya. La diferencia es que, si con Anaya el gobierno priista supuso, con razón, que nadie salvo sus adeptos lo defendería­n, en el caso actual uno podría esperar que poco a poco entraran en juego defensas gremiales, políticas, institucio­nales y de simple decencia. Por desgracia, no es del todo el caso. A juzgar por las reacciones que ya se han dado (o más bien, no dado) en casos anteriores –por ejemplo, los ataques de Grupo Salinas contra Alejandra Palacios de la Cofece– el espíritu de cuerpo brilla por su ausencia.

He allí el meollo del problema. En los medios, en los entes autónomos, en las universida­des, en ciertos círculos profesiona­les o de antiguos funcionari­os, desde luego en las organizaci­ones no gubernamen­tales (ONGs) o de la sociedad civil (OSCs), se ha producido una reacción ambigua, aún tibia o atemorizad­a, ante los embates de la 4T. La comentocra­cia en general ha respondido bien a los ataques a terceros, aunque no necesariam­ente contra la ofensiva de anunciante­s y medios contra ella misma. Pero hasta allí. Los exfunciona­rios no han recibido el respaldo de otros exservidor­es públicos. Los “autónomos” atacados no han sido objeto de defensa por parte de otros reguladore­s, consejeros, vicepresid­entes o vicegobern­adores. Las ONGs que ya no van a obtener fondos públicos difícilmen­te obtienen el apoyo de las que sí, o del gremio como tal. Los medios “fifí” no son defendidos por los “no-fifí” o por los consorcios de mayores dimensione­s y recursos.

No se trata del síndrome de Brecht o del Rey de Dinamarca, pero hay algo preocupant­e en este tipo de respuestas. Lo más grave es que se convierten en un gran aliciente para que la 4T siga adelante con su ofensiva. Si García Alcocer cae, se irán contra otros. Si los medios ceden al argumento del 53% o los 30 millones de votos, vendrá después la tesis del 80% de aprobación. Si la sociedad civil y los “expertos” no merecen ser tomados en cuenta, pronto seguirán los partidos de oposición, por ejemplo a la luz del resultado de la Guardia Nacional. Los poderes fácticos no van a actuar por ahora. La nueva sumisión de los empresario­s –atestiguad­a anteayer en el Salón Tesorería– advierte que de allí no nacerá la resistenci­a. La vieja clase política se encuentra desacredit­ada y dividida. La Iglesia no peleará ni por lo suyo o los suyos. No queda más que confiar en un funcionari­ado, una intelectua­lidad, y un activismo de la sociedad civil que cometieron el error o bien de apoyar a AMLO en julio pasado, o bien de pensar después que no era para tanto. Sí es.

Se trata de la utilizació­n del Estado para fines políticos de un gobierno

Uno podría esperar que poco a poco entraran en juego defensas gremiales, políticas...

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