Tlahuelilpan, Moreno Valle, Martha Erika Alonso… y el silencio
El lunes de esta semana se cumplió un mes de la explosión en Tlahuelilpan en que murieron 130 personas debido a la negligencia del gobierno.
La indulgencia hacia las nuevas autoridades llega a tal punto que nadie quiere recordar la responsabilidad que tuvieron en la muerte de ciento treinta hombres, mujeres y niños, que hoy deberían estar vivos.
Al mes de la tragedia, no hay una sola explicación del gobierno federal ni del estatal acerca de qué detonó la conflagración.
Peor aún: nadie se los demanda.
Cero detenidos.
Las autoridades tuvieron conocimiento de la fuga casi cinco horas antes de que ocurriera el hecho mortal.
Fueron, vieron y no hicieron nada. Si ello hubiera ocurrido en el gobierno de Meade o de Anaya, hoy los medios en su mayoría estarían hablando de los muertos de Meade o de Ricardo Anaya. Como hicieron con Calderón en la muerte de 49 niños en la guardería ABC de Hermosillo. O como hicieron con Peña Nieto cuando la policía de un gobierno de izquierda, en Iguala, entregó a 43 normalistas a un grupo criminal de Guerrero, asociado a ese gobierno municipal. Ahora nadie reclama nada. No quieren ver la negligencia oficial que provocó 130 muertes en un solo evento.
O en el más inocente de los casos, no hay reacción ante el silencio y la indiferencia del gobierno hacia ese numeroso grupo de mexicanos calcinados.
Los pobladores de Tlahuelilpan acudieron a llenar bidones y cubetas porque en ese pueblo y en sus alrededores no había gasolina, debido a que supuestamente el gobierno “luchaba contra el huachicol”.
¿Eso fue verdad? ¿O nos quedamos temporalmente sin gasolina porque las importaciones cayeron 50 por ciento como documentó The Wall Street Journal?
Silencio. Y una sociedad adormecida deja hacer y deja pasar. Las instituciones del Estado no están para dilucidar ese tipo de muertes, sino para espiar y perseguir gente insumisa al gobierno, como el titular de la CRE y su familia.
Este domingo se cumplirán dos meses de la muerte del líder del PAN en el Senado, Rafael Moreno Valle, la gobernadora de Puebla, Martha Erika Alonso, dos pilotos y un ayudante, sin que haya una explicación del desplome del helicóptero. La única versión oficial que tenemos se dio a un mes de la tragedia, cuando se informó que fue “un desplome inusual” y el secretario de Comunicaciones y Transportes expuso que “no sabemos qué pasó”.
A dos meses de esas muertes, seguimos sin saber qué ocurrió. Y no hay quién demande conocer la verdad.
El presidente del Colegio de Pilotos Aviadores, capitán Heriberto Salazar, informó que en el desplome no hubo error humano.
Dijo que tanto el piloto como el copiloto cumplían con sus certificados médicos y adiestramiento, y que el mantenimiento del helicóptero estaba en orden. ¿Entonces?
Esta semana se cumplen dos meses, y nada. Cero información.
Ahí murió el principal dirigente opositor al gobierno de Morena.
Murió la gobernadora a la cual el gobierno hizo todo lo posible porque no llegara al cargo y se repitieran las elecciones. No pudieron frenarla por la vía legal y provocaron la destitución de la presidenta del Tribunal Electoral de la Federación. ¿De veras no es una prioridad nacional saber qué pasó?
Las investigaciones que debió emprender el gobierno brillan por su ausencia.
Y buena parte de la sociedad guarda un silencio irresponsable.