Detecta ASF irregularidades por 68 mil mdp

CUENTA PÚBLICA 2017. Fallas en NAIM, Paso Exprés, Energía y Tren a Toluca

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó y reportó irregularidades y observaciones pendientes de aclarar por 68 mil 136.5 millones de pesos en su tercer informe de la Cuenta Pública de 2017.

David Colmenares, titular de la ASF, entregó ayer a la Cámara de Diputados el último paquete de informes correspondiente a ese año. El total reportado para todo el año 2017 sería por 87 mil 542 millones de pesos.

De marzo pasado –cuando asumió en la ASF– a la fecha, Colmenares presentó 54 denuncias penales ante la hoy Fiscalía General de la República, informó.

La ASF destacó que la reforma energética no contribuyó al crecimiento económico desde 2013. Precisó que “no refleja un avance en el cumplimiento de sus fines”. Encontró irregularidades en tres obras de infraestructura. En el NAIM, donde “no existió una visión integral”, así como en el Tren Interurbano México-Toluca y el Paso Exprés, por un total de 4 mil 89.5 millones de pesos.

El presidente López Obrador ha señalado que en su gobierno vamos a crecer al 4% en promedio anual, lo cual sería extraordinario para nuestro país.

Si estimamos el crecimiento promedio anual del PIB no petrolero de México en la última década (2007-2017) por entidad federativa, encontraríamos que el crecimiento promedio anual de la economía ha sido de sólo 2%. Crecer al 4% significaría, por tanto, duplicar el crecimiento que ha tenido la economía en los últimos años; también significaría que el país crecería en promedio al mismo nivel que han crecido en la ultima década los estados de la región Centro-Bajío (Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro y San Luis Potosí).

¿Es viable que el país crezca en el sexenio, en promedio, al nivel que están creciendo los estados de esa región? No lo creo, y tampoco los entrevistados por el Banco de México en la Encuesta de Especialistas en Economía que estiman un crecimiento promedio anual para la economía mexicana de solo 2.3% en los próximos diez años. ¿De dónde viene ese pesimismo sobre el futuro de la economía? En buena medida del bajo nivel de inversión que tenemos en el país y de la expectativa de que se reduzca aún más durante esta administración. Desde hace muchos años hemos tenido el objetivo, que se ha convertido en aspiración, de que la inversión (pública y privada) alcance el 25% del PIB. Si analizamos la serie histórica de 1980 a la fecha (disponible en la base de datos del Banco Mundial) encontraremos que solo en 1981 alcanzamos ese parámetro y fue por el fuerte impulso a la inversión pública, que tuvo como base un elevado endeudamiento en años donde nos anticipaban que deberíamos prepararnos para administrar la abundancia. En los últimos diez años el porcentaje de inversión pública y privada respecto del PIB ha sido de 22.2%, mientras que los BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) han registrado, en promedio, niveles de 27% en el mismo período. Cabe señalar que mientras México ha crecido al 2% en promedio en el período 2007-2017, los BRICS han crecido más del doble (4.4%) en el mismo período.

Una de las principales diferencias que tenemos con los BRICS es el nivel de la inversión pública. Mientras que estos países tienen una inversión pública cercana al 7% del PIB, México tiene una inversión pública cercana al 3%, menos de la mitad, y disminuyendo. En el documento de criterios generales de política económica presentado por esta administración se establece que en el escenario inercial la inversión en infraestructura continuaría su tendencia a la baja.

Sobre este tema hemos escuchamos al presidente López Obrador y al secretario Urzúa señalar que la inversión pública debería ser por lo menos del 5% del PIB. Pero, con toda franqueza, no se ve como vayan a lograrlo, dado lo comprometido que están las finanzas públicas, el compromiso de mantener la deuda pública respecto del PIB y la preferencia por el gasto corriente de esta administración. Lo anterior sin considerar la calidad de la inversión. Los principales proyectos de este gobierno están basados en intuiciones no en evidencias. No hay estudios de factibilidad o algún estudio medianamente serio que los justifique. Más aún, no se dan cuenta que cambiar la apuesta del sector energético para dar mayor preponderancia al sector público tiene costos importantes. El principal, que PEMEX y CFE se chuparan enormes recursos que podrían dedicarse a otros proyectos de infraestructura que son indispensables para seguir creciendo y motivar la inversión del sector privado. No va a pasar mucho tiempo para que encontremos importantes cuellos de botella en los estados que están creciendo a mayor velocidad en el país, por falta de recursos para invertir en infraestructura. De la inversión privada esperaríamos que fuera del 20% del PIB, muy cerca de la participación que tuvo en 2016 y 2017 (19.5% y 19.2% respectivamente); sin embargo, resulta difícil que esa inversión se mantenga si no se genera confianza y certidumbre. No abonan en este sentido los cambios en las reglas del juego en materia energética, la mala decisión del aeropuerto, la ausencia de contrapesos a las decisiones del Ejecutivo, la toma ilegal de vías del tren con absoluta impunidad, el desabasto de gasolina provocado por la falta de planeación logística, la des-institucionalización en marcha y la cancelación de los instrumentos para impulsar la inversión.

Si el Presidente es serio en su objetivo de crecer al 4% en promedio durante su sexenio, tendrá que hacer las cosas de manera diferente. Las medidas que está tomando no le llevarán a impulsar la inversión pública y privada que el país requiere, ni a generar los empleos que se necesitan. Si no da un golpe de timón, su apuesta por duplicar el crecimiento de la economía se va a quedar en un buen deseo.