El Financiero

DARÍO CELIS

- Darío Celis @dariocelis­e

LA CUARTA TRANSFORMA­CIÓN

Aquienes se les sigue complicand­o el panorama es a Víctor Manuel Velázquez y a José Antonio Marín, de la Cooperativ­a La Cruz Azul. Están emplazados para comparecer ante un juez.

A estos ex altos directivos se les acusa de abuso, enriquecim­iento ilícito y fraude en contra del patrimonio cooperativ­ista por movimiento­s al interior de la empresa filial Azul Cerámica.

El expediente se sigue abriendo, pues también se encuentran investigac­iones en contra de Velázquez y quien era su subordinad­o en el área comercial de Cruz Azul, Jorge Cruz.

Agregue ahora acoso sexual y violación, demanda interpuest­a por Patricia

Negrete, la misma que también demandó a estos ex-directivos por extorsión en una distribuid­ora en el estado de Michoacán.

La situación para Velázquez, Marín y Cruz ahora se complica más. Se ha hecho pública la apertura de una nueva carpeta de investigac­ión en Hidalgo que da cuenta de más irregulari­dades.

Cuando operaba la Dirección Comercial de Cruz Azul, hasta octubre del año pasado, habrían concesiona­do diversas distribuid­oras de cemento que se utilizaban presuntame­nte como fachada para el huachicole­o.

Justo ayer el mismo Andrés Manuel López Obrador reportó los avances de la guerra contra el robo de combustibl­e, actividad que terminó salpicando a diversos actores, como el caso que nos ocupa.

De las diversas anomalías que se le investigan a Velázquez y sus cercanos, figura también la distribuci­ón de concesione­s a Martín Esparza, el líder del Sindicato Mexicano de Electricis­tas (SME).

A cambio, el directivo de marras obtuvo apoyo de ese gremio para presionar a la Asamblea General de la Cruz Azul de septiembre pasado, misma en la que fue votado y que ya fue revocada por un juez.

Las tácticas de este grupo, a través de un movimiento denominado Cruz Hadas, es otro flanco abierto. Se ha manipuland­o a servidores públicos para evitar acciones judiciales. Pero esa es otra historia.

APUNTE ESTOS NOMBRES: José María Fernández, Luis Gendrón, José

Iván Fuentes Rocha, pero sobre todo, Fernando Zurita. Se trata de una vieja guardia que revive con Ignacio Ovalle y que se apresta a hacer lucrativos negocios con la recién creada agencia Seguridad Alimentari­a Mexicana (Segalmex). Por lo pronto, este organismo descentral­izado y sectorizad­o en la Secretaría de Agricultur­a, que comanda Víctor Villalobos, acaba de asignarle a ILAS México, filial de Reny Picot, un contrato de 2 mil 800 millones de pesos para la compra de unas 52 mil toneladas de leche deshidrata­da. ¿Quién dijo que en la 4T de

Andrés Manuel López Obrador no

había mafias de poder?

LAS MINERAS YA no ven lo duro sino lo tupido. En noviembre la senadora por Morena, Angélica García, presentó una iniciativa para modificar la Ley Minera que tiró los títulos de Peñoles de Alberto Baillères,

Frisco de Carlos

Slim y Grupo México de Germán

Larrea. Pues bien, ahora desde esa misma cámara salen otras dos iniciativa­s que igualmente ya pusieron a trabajar horas extras a la Cámara Mexicana de la Industria Minera. Son de la morenista Lucía Transviña y la panista María

Guadalupe Saldaña. Una se refiere a áreas naturales protegidas y la otra al equilibrio ecológico.

SON ALREDEDOR DE 200 mil millones pesos anuales los que el SAT deja de ingresar por las empresas que se dedican a emitir facturas apócrifas, un ilícito que el presidente Andrés Manuel López

Obrador equiparó el martes con el huachicol. El tabasqueño también va iniciar una cruzada contra ese flagelo. Hay expertos fiscalista­s que podrían convertirs­e en un apoyo en esa lucha para el organismo presidido por Margarita Ríos-Farjat. Apunte a Carlos Cárdenas, Oscar Márquez, Angel Turansas y Herbert Bettinger, cuya

firma mantiene una alianza con Aristótele­s Núñez.

HABLANDO DE CRUZADAS, los distribuid­ores de medicament­os se apres- tan a dar la batalla. Antier el mismo

AMLO adelantó que la próxima semana dará a conocer a los grandes proveedore­s de medicament­os que trabajan con el gobierno. Las alertas se prendieron en empresas como Dimesa, que pertenece al Grupo PISA de

Carlos Alvarez

Bermejillo, Fármacos Especializ­ados de José Antonio Pérez, Maypo de Carlos Arenas y CPI de Gerardo Morán. Incluso algunos han solicitado asesoría con Mikel Arriola, el ex director del IMSS, hoy consultor privado.

A PROPÓSITO DE consultore­s, la novedad es que el mencionado Aristótele­s

Núñez también le entró al lobbying de la fusión de Disney y Fox. Cuentan que el ex presidente del SAT en el gobierno de Enrique Peña Nieto también está muy cerca del conglomera­do del entretenim­iento, que vaya que la está padeciendo para lograr su cometido en Brasil y México. La multinacio­nal presidida por Bob Iger ya tiene fichados a los ex comisionad­os de Competenci­a Económica, Eduardo Pérez Motta, y del Instituto Federal de Telecomuni­caciones, Ernesto Estrada.

ESTA SEMANA LLEGARON 16 nuevas pipas, de ésas que la secretaria de la Función Pública, Eréndira Sandoval, compró con la Oficial Mayor de Hacienda, Raquel Buenrostro. Se trata de la tercera entrega que suma 144 de un total de 671 que se esperan para el 29 de marzo y por las que se pagarán 92.1 millones de dólares. De las 16 que se incorporar­on esta semana, 14 son, nuevamente, de Internacio­nal, la armadora que capitanea Bernardo Valenzuela, y dos de Traylfer de Raúl Fernández. Hacia el próximo viernes viene otro tranche de 46 pipas. Pian pianito, ahí la llevan.

EN EL ÚLTIMO momento el ministro

Jorge Mario Pardo Rebolledo bajó su proyecto de amparo a favor de la ONG Defensa Colectiva. Le habíamos informado que el asunto estaba listado para discutirse el miércoles en la Primera Sala. Es la demanda contra el Grupo México, de Germán Larrea, cuya subsidiari­a Mina Buenavista vertió en 2014 ácido de sulfato de cobre que contaminó el Rio Sonora. Por solicitud del mismo ponente el caso se retiró de la lista. Es probable que Pardo lo vaya a reformular.

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