Crisis financiera de las Universidades Públicas Estatales
Hay 34 universidades públicas estatales en México (UPES). Atienden a 1.2 millones de universitarios y erogaron, en 2017, aproximadamente 109 mil millones de pesos. Junto con las federales (como la UNAM, el IPN y la UAM) y las normales y los institutos tecnológicos, integran el sistema público de educación superior.
Hay once UPES en quiebra financiera: Morelos, Oaxaca, Zacatecas, Chiapas, Estado de México, Tabasco, Veracruz, Michoacán, Nayarit, Guerrero y Baja California. No cuentan con los recursos para operar y, año con año, el gobierno federal las rescata. A fines del año pasado acudieron a la Cámara de Diputados para pedir más recursos. Lo harán nuevamente en pocas semanas. No son las únicas: la mayoría de las UPES enfrentan problemas financieros, aunque menos agudos.
¿Por qué la crisis financiera de las UPES? Según el estudio de Integralia Consultores* hay varias razones.
El crecimiento en la matrícula
y personal docente. Entre 1990 y 2017, la matrícula escolarizada pasó de 1.2 millones de alumnos a 3.8 millones. En el mismo periodo el personal docente pasó de 134 mil a 397 mil. El incremento en los salarios y las prestaciones. El principal capítulo de gasto es el pago de sueldos y salarios que, en 2017, representó el 73.2% del gasto total. En algunas universidades, como la de Morelos, Chiapas, Estado de México y Oaxaca, ese rubro representa más del 100% del subsidio ordinario. Es decir, para cubrir los gastos de nómina, estas universidades deben recurrir a fondos extraordinarios y a ingresos propios, recursos que en los últimos años han disminuido considerablemente.
Por otra parte, las prestaciones pueden ser exorbitantes. En algunas UPES se dan aguinaldos excesivos y otros beneficios. Por ejemplo, hasta 90 días de aguinaldo y 32 días de prima vacacional en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos que, por cierto, está en quiebra financiera. Su rector dijo hace poco que requieren una inyección de 390 millones de pesos para octubre. El desorden en el sistema de pensiones. Hasta 2017, pocas universidades contaban con fondos para pensiones y jubilaciones conformados por aportaciones de trabajadores y de la universidad; la mayoría de las universidades las pagaban con subsidios ordinarios, destinados a su funcionamiento. La edad de jubilación oscila entre 53 y 65 años. Reducción de presupuesto. Los principales ingresos de las UPES provienen de tres fuentes: la Federación, estados y recursos propios. El presupuesto federal para educación superior presentó una disminución, en términos reales, de 7.5% entre 2015 y 2018. Por otra parte, muchos gobiernos estatales –en ocasiones– retienen el recurso federal y en otras no dan su aportación propia que, según los convenios de colaboración, debe ser en proporción paritaria con el recurso federal, 50-50. Rectores políticos. Muchas universidades estatales se han convertido en centros de poder político; grupos e incluso familias dominan la vida universitaria en algunas de ellas a lo largo de varias generaciones. Los gobernadores y los partidos buscan tener una buena relación por la influencia que tienen las universidades, no sólo en la vida política sino en la sociedad en general. Los rectores se convierten comúnmente en personas con ambiciones políticas. En los últimos 15 años, la mayoría de los rectores eran académicos antes de ocupar el cargo. Pero una vez que concluyeron su periodo, la mayoría continuó carrereas políticas como candidatos o legisladores o burocráticas en el gobierno de su estado.
El próximo 8 de septiembre, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público entregará la propuesta de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2020. Ante el entorno económico adverso que enfrenta el país, el Presidente ha declarado que “el gobierno se apretará el cinturón”, lo que podría agravar la crisis financiera que enfrentan las UPES.
En lugar de patear el balón, la Cámara de Diputados junto con las universidades podrían firmar convenios para resolver la crisis de forma global. Algunas recomendaciones:
Definir una ruta de acción para incrementar las aportaciones de los estados hasta alcanzar el objetivo de 50%-50%. Limitar el pago de prestaciones por encima de la ley. Rediseñar el esquema de pensiones y jubilaciones. Aumentar la edad y años de servicio para acceder a la jubilación; fomentar la aportación de los trabajadores y de la universidad al fondo de pensiones.
Limitar la creación de nuevas UPES en tanto no se resuelvan los problemas estructurales de las actuales.