Where is the money?
Cuando los congresistas americanos le preguntaron a Luisa María Alcalde dónde estaba el dinero para implementar la Reforma Laboral a la que México se comprometió en el T-MEC y cuánto es, contestó que en el Presupuesto del 2020.
Pero a la hora que pretendió entrar en detalles sobre la cantidad de recursos, la Secretaria del Trabajo se hizo bolas y surgieron las caras largas entre los demócratas representantes de Nancy Pelosi.
Un legislador mexicano salió al quite y explicó que será un proceso de 4 años lo que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se dio de plazo.
En ese lapso se deberán tener los recursos y pondrá a funcionar la nueva estructura laboral, que incluye personal capacitado, juntas de conciliación, tribunales laborales, instalaciones físicas y equipamiento.
Lo más que se ha informado a los congresistas americanos que desde ayer realizan una visita de trabajo, es que el Congreso destinará 500 millones de pesos. Pero el Poder Judicial habla de que se necesitan 4 mil millones. La delegación la integran Richard Neal, presidente del Comité de Medios y Arbitrios; Bill Pascrell, de Nueva Jersey; Dan Kildee, de Michigan, y Jimmy Panetta y Jimmy Gómez,
de California.
Aunque están presupuestados 20 juzgados laborales del ámbito judicial en 10 estados como etapa regional, y el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, no se garantiza su éxito.
Y es que si bien se habla de 4 años, falta el compromiso y el presupuesto específico para la creación de la infraestructura para el Centro Federal de parte de la 4T.
Se conoce que ante la falta de recursos, porque se requieren mil millones de pesos anuales durante los próximos cuatro años, la Secretaría de Hacienda ya tocó la puerta del BID.
Las huestes de Arturo Herrera quieren pedir un préstamo de 100 millones de dólares al Banco Interamericano de Desarrollo, que preside Luis Alberto Moreno, más el costo de capacitación.
Los legisladores también cuestionan los cómos de la democracia sindical, la transparencia en el manejo de los recursos y los procesos electorales, la representatividad de los líderes sindicales y la legitimidad de quienes son titulares de los contratos.
Quieren visitas de equipos binacionales de inspectores laborales, lo que México no acepta. “Concesiones nuevas o contrarias al interés de México, no”, ha dicho Jesús Seade, subsecretario para América del Norte de la Cancillería y negociador del T-MEC.
Pero el tema fundamental de la agenda es el que tiene que ver con un mecanismo coercitivo y de control que el gobierno de México se va a imponer en caso de incumplimiento del capítulo laboral.
Puede llamarse acuerdo paralelo laboral, observatorio laboral o tribunal laboral trinacional. Pero eso lo vamos a saber en un par de semanas.
LA OPERACIÓN QUE
tienen atorada Miguel Alemán Velasco y Miguel Alemán Magnani es la compra del 50% de las acciones de Televisa Radio. Aquí publicamos días atrás que se había realizado el primer pago equivalente a alrededor de 37 millones de dólares, la mitad del importe total. No es correcto. Los dueños del Grupo Coral no lo aplicaron porque Santander al final no liberó los recursos, pese y a que ya estaban autorizados. Sucedió que la institución que preside Ana Botín y que es accionista de Prisa, que encabeza Manuel Mirat, poseedora del otro 50% de la cadena, solicitó un aval personal de Alemán Velasco que nunca llegó. A esta alturas se siguen haciendo esfuerzos para rescatar la transacción, pero nos aseguran que al interior de la familia hay resistencia a dar más garantías personales.
Ana Botín TELÉFONICA-MOVISTAR ENFRENTA
demandas de que bajo la figura de Operadores Móviles Virtuales firmaron contratos con la firma que preside Camilo Aya. Estas pequeñas operadoras utilizarían la red de la española para revender servicios, pero la compañía desvirtuó el modelo que se implementó a la luz de la Reforma de la Ley de Telecomunicaciones cobrando por anticipado servicios de licencias y acceso a su red, que expresamente prohibía el Instituto Federal de Telecomunicaciones a cargo de Gabriel Contreras.
EL COMITÉ DE Gabriel Contreras.
bonistas de Maxcom finalmente acordó con la telefónica que dirige Lauro Cantú apoyar el plan de reestructura financiera que empuja Ventura Capital, de Enrique Castillo Sánchez Mejorada. Moneda, MSN y Megeve, que representan 40% del remanente del bono de 103.4 millones de dólares, se oponían a los términos de la restructuración. A los quejosos los representó la firma Paul Hastings, de Zeth M. Zachary, y a Maxcom BCP Securities, de Anthony McCarthy y Héctor Rangel Domene.
A PROPÓSITO DE LÍOS,
se acaba de condenar a Tecnologías Relacionadas con Energía y Servicios Especializados (Trese), de Ricardo Silva, a pagar una indemnización a Sistemas Integrales de Compresión y Alher Oil & Gas, de Mariano Hernández, por incumplimiento de contrato. Estamos hablando de 2 millones 989 mil 971 pesos y 624 mil 582 dólares. El 3 de octubre la Cámara Internacional de Arbitraje emitió el laudo. El panel lo integraron José Sáenz Viesca, Raúl Valencia del Toro y Rodrigo Zamora.
CON LA SALIDA
en desbandada de funcionarios de la CNBV es un hecho que viene una reestructura en el regulador. Le platicaba la semana pasada de la salida de Gamaliel Patiño, quien ya había sido propuesto para la vicepresidencia Jurídica. Esa posición sigue acéfala y no es remoto que Margarita de la Cabada, la vicepresidenta de Normatividad, pueda fusionarla. Otra que la busca es Luz María Padilla, directora general Contencioso. Urge un nombramiento porque el organismo de Adalberto Palma está perdiendo litigios.
LA MALA NOTICIA Adalberto Palma
para Santa Lucía y el AICM es la renuncia que presentó al subsecretario de Transporte, Carlos Morán, el director de este último, Miguel Peláez, quien es internacionalmente reconocido como un experto en aeronáutica y aeronavegabilidad. Este funcionario era quien verdaderamente defendía el proyecto aeroportuario metropolitano y en quien los organismos internacionales confiaban. Gran pérdida para López Obrador. ¿Qué motivó a Pelaez renunciar, los malos tratos de que fue víctima?
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