Destrucción legal
Hace más de 70 años, Henry Hazlitt, periodista especializado en economía, publicó un libro titulado Economía en una lección. Es un libro interesante, construido alrededor de la idea de que las decisiones y acciones no ocurren en el vacío, y tienen repercusiones de distinto orden, que trascienden lo inmediato. En palabras de Hazlitt, “el arte de la economía consiste no sólo en ver lo inmediato, sino los efectos de largo plazo de cualquier acción o política. Consiste en trazar las consecuencias de dicha política no sólo para un grupo sino para todos.” (p.17, edición de 1979).
Más allá de que Hazlitt no tenía buena opinión de las políticas keynesianas, y por eso su insistencia en las repercusiones de largo plazo, el argumento es correcto. Decisiones que se toman pensando en resultados inmediatos pueden provocar problemas muy serios en periodos un poco más largos. Por ejemplo, a ojos de ese autor, el déficit fiscal, que busca impulsar la economía, podría convertirse en un problema de deuda difícil de manejar.
Esto no significa que haya que cancelar acciones inmediatas, sino que es necesario considerar los efectos a diferentes plazos, para diferentes grupos, de forma que la decisión pueda tener impacto ahora, y los costos posteriores puedan administrarse o reducirse. Bueno, todo esto es para comentar con usted la aprobación, el martes 8, de la Ley Federal de Austeridad Republicana, que en su artículo 24 quedó de la siguiente manera: “Los servidores públicos comprendidos en los grupos jerárquicos de mando superior a que se refiere el manual de percepciones previsto en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Gobierno Federal, que por cualquier motivo se separen de su cargo, no podrán ocupar puestos en empresas que hayan supervisado, regulado o respecto de las cuales hayan tenido información privilegiada en el ejercicio de su cargo público, salvo que hubiesen transcurrido al menos diez años”.
El manual a que se refiere el artículo se publica en el Diario Oficial. Me parece que el más reciente fue el del 31 de diciembre pasado, que establece que los mandos superiores son quienes están en niveles de la G a la K. Esto significa de director general para arriba. En Hacienda, por ejemplo, hay 74 personas en estos niveles, nada más en el sector central, a lo que hay que sumar 57 en la CNBV, 17 en CNSF, 18 en Consar, 172 en el SAT, y algunas decenas más en otras dependencias sectorizadas ahí. Ninguno de ellos podrá trabajar durante diez años en el sector financiero, y tal vez los del SAT en ninguna empresa, si se lee estrictamente el artículo.
En la Secretaría de Economía hay cerca de cien personas en esos niveles, ¿en qué empresa podrían trabajar, si la secretaría afecta a todas las empresas? En Educación, hay 42 en el sector central, pero los rectores o directores de universidades también caen en ese nivel, ¿tendrán que pasar diez años fuera de la academia? Pero, decíamos, es necesario considerar los efectos de segundo orden. Si una persona sabe que llegando a un puesto de mando superior en la administración pública federal implica diez años fuera de su línea de conocimiento, ¿por qué querría ocuparlo? Lo lógico es que lleguen a esos puestos sólo aquéllos que no tienen futuro alguno, sea por la edad o la capacidad. O, si quiere pensar mal, también quienes buscan enriquecerse ilegalmente en el puesto, con lo que podrían pasar los diez años de veda en calma y seguridad. Ya habíamos comentado la grave destrucción de capital humano que este gobierno había causado a su llegada. Ahora lo han institucionalizado. Los puestos de mando sólo serán para corruptos, ancianos, o incapaces. Está en la ley.