LEONARDO KOURCHENKO
LA ALDEA
Se incrementan las protestas y manifestaciones en la Ciudad de México. De los maestros extorsionadores de la CNTE, pasamos a unos electricistas del SME (Sindicato Mexicano de Electricistas) en disputas internas, a mujeres en defensa del aborto, a policías insatisfechos porque no les cumplen los acuerdos, a taxistas mañosos que pretenden chantajear a la autoridad. Hay de todo, cada semana. La pésima señal enviada por la autoridad, federal primero en el caso de los hampones de la CNTE, y local después en las otras expresiones ciudadanas sucesivas, es que todo se vale. No hay ley, no hay marco jurídico, no hay grupo de contención, así cometan actos de violencia, destrucción de inmuebles, daño a propiedad privada, etc. Los grupos embozados y cubiertos de la marcha del 2 de octubre, o del aniversario de Ayotzinapa, causaron innumerables destrozos, bajo el ojo vigilante y protector de la policía.
El lamentable camino mostrado por la autoridad demuestra que prevalece la impunidad. No hay detenidos, interrogados, contenidos, nada. Están a la espera de la próxima oportunidad para salir a causar destrozos. Y sí, con penosa contradicción al señor presidente, pero son anarquistas, aquellos que pretenden la desaparición de cualquier estructura gubernamental o de orden social. Probablemente no tengan la estatura intelectual de Flores Magón –como señaló el presidente– ni conozcan textos filosóficos acerca del anarquismo, pero eso son, en la más ínfima expresión de vulgares destructores de la paz social. La señal enviada por los gobiernos federal y capitalino, muestra una senda de permisividad total. Más aún, y con extrema gravedad, se les conceden sus exigencias y peticiones. “Si a los de la CNTE les dieron todo, por qué a nosotros no”, me respondió en radio un representante de taxistas. Está claro, el mecanismo es presionar a la autoridad, extorsionarla con bloqueos y caos urbano para doblarla ante sus exigencias de privilegios y prebendas. Ese fue el caso de la CNTE que salió victoriosa de la Ciudad de México no sólo con el triunfo de una reforma abrogada, sino con las leyes secundarias rendidas a su total voluntad y designio.
¿Qué quieren los taxistas? Que les devuelvan el centro de la corrupción en las revistas y permisos. ¿Cómo es posible si eso los perjudica? Sí, a los taxistas honestos que trabajan muchas horas todos los días, pero no los esbirros de los grupos de poder en la CDMX que controlan cientos de unidades y ganan en promedio 2 millones de pesos diarios con el coyotaje de los desaparecidos centros de La Virgen y El Coyol. El discurso de los Ubers y Cabify, el piso disparejo y el no pago de revista, son pura demagogia para forzar a las autoridades a una mesa de negociación. Es cierto que esos otros servicios de transporte vía plataforma digital no pagan la revista, pero pagan los impuestos que ninguno de estos sitios o taxistas ha pagado jamás. El servicio es consistentemente superior, transparente, se factura y hay control. Un taxi de la calle no tiene la más mínima exigencia. Con frecuencia el presidente y la señora Sheinbaum repiten que no habrá represión. Nadie se las pide. Lo que la ciudadanía exige es orden, respeto a los demás, protección de la economía y los servicios urbanos, seguridad. Es una confusión equiparar represión a contención, garrotazo de granadero, a fuerza policíaca que contiene, detiene, neutraliza la violencia y los excesos.
El camino mostrado es el opuesto. Todo se vale, todo es posible porque así se los enseñaron, como declaró con total transparencia uno de los taxistas manifestantes: “así me lo enseñó mi presidente, 500 pesos me pagaba por marcha o plantón”. ¿Por qué ahora va a ser diferente?
Bien por cerrar el centro de la extorsión y la corrupción entre taxistas, bien al secretario Lajous y a la jefa de Gobierno por cerrar espacios a la corrupción. Ahora, hay que cerrar la pinza. Ir por los líderes políticos del pasado, los funcionarios de Mancera que se beneficiaron con las concesiones de taxis, aquellos quienes controlaban los centros para la revista, nidos de malandrines y ladrones. La limpia no puede ser a medias, por componendas políticas. Es la misma premisa que aplica al caso del ministro renunciado en la Corte. ¿Hay algo que investigar?, ¿hay delito que perseguir? El ejercicio de la ley no es venganza, es obligación del funcionario electo y del servidor público. De otra forma, se convierte en cómplice que no se rige por la ley, sino que la somete a su proyecto político. Nada nuevo, lo han hecho todos en el pasado. Pero, ¿no son diferentes los de ahora?
El ejercicio de la ley no es venganza, es obligación del funcionario electo y del servidor público. De otra forma, se convierte en cómplice que no se rige por la ley