En riesgo, millones de empleos
Retener la totalidad del IVA a las empresas de subcontratación laboral, como pretende el Proyecto de Ley de Ingresos del 2020, es abusivo y discriminatorio por parte del gobierno porque resta competitividad a las finanzas de estas empresas y sería el “tiro de gracia” para cerca de 5 millones de empleos que están en el esquema del en México.
Con este candado a mil 900 empresas prestadoras de este servicio tal vez el gobierno recaude más, pero el efecto en términos de empleo e inversión extranjera va a resultar un desastre para la economía mexicana, sobre todo para las pequeñas y medianas empresas.
Según el INEGI, el empleo de esta industria representa casi el 10% de la Población Económicamente Activa.
El Proyecto de Ley de Ingresos del 2020 que empuja la Secretaría de Hacienda, que encabeza Arturo Herrera, pretende que sea la empresa contratante de este servicio quien retenga y entere el 100% del IVA al SAT, el día 17 del mes siguiente.
Lo anterior significa que la empresa subcontratista no puede descontar o acreditar el IVA que ya pagó por su operación y que deberá pelearlo con el SAT para que se lo devuelvan. ¿Y sabe cuándo va a ocurrir esto?
Según datos de Coparmex, el SAT regresa tarde el IVA ya acreditado y adeuda actualmente a las empresas cerca de 700 mil millones de pesos, sólo de este año.
El sindicato patronal dice que el problema con este gobierno es que al eliminar la compensación universal y ahora al pretender retener la totalidad del IVA a empresas del sector servicios, particularmente las de subcontratación, las finanzas de las empresas no van a resistir y miles de empleos se van a perder en los primeros meses del próximo año.
Hay empresas medianas y pequeñas que acuden a los servicios de subcontratación de personal para servicios de reclutamiento, selección y administración de personal, así como abogados, contadores, nóminas, expertos en recursos humanos, tesoreros, diseñadores, seguridad, limpieza, desarrolladores de software, entre otros.
Ante esta situación, alrededor de 25 confederaciones, asociaciones y cámaras empresariales se han venido manifestando en la Cámara de Diputados y a través del llamado Frente para la Defensa del Contribuyente (FEDECON).
Su demanda es muy clara: preservar el empleo por encima del interés recaudatorio de Hacienda y no discriminar a un sector de servicios sobre el resto de la economía. En Estados Unidos y Canadá existen este tipo de esquemas laborales.
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