PROHIBICIÓN DE 10 AÑOS IGUALA A EXBURÓCRATAS CON LOS INHABILITADOS.

La prohibición para que los servidores públicos de alto nivel no puedan trabajar en empresas privadas por un periodo de 10 años luego de que dejen su cargo, pone al mismo nivel a funcionarios sancionados por la Función Pública por alguna falta grave, ya que es ese mismo periodo de tiempo el que se les impide trabajar por haber sido encontrados culpable de algún delito. Funcionarios que pidieron el anonimato consideraron que la Ley de Austeridad Republicana pone el máximo castigo a una persona que busca mejores salarios por hacer bien su trabajo.

De acuerdo con un alto funcionario del sector financiero, la inhabilitación del servicio público por hacer algo malo es de 10 años máximo, “lo que hace esta nueva ley es equiparar un trabajo honorable y bien hecho

profesionalmente, con haber sido el peor de todos los servidores, ya que se castigan igual, a uno impidiendo irse al sector privado, y al otro que no puede trabajar en el sector público, se podrá ir al sector privado”. En el mundo desarrollado una persona pueda entrar y salir de ambos sectores cuando puede y cuando quiera, lo que se debe cuidar, dijo, son los conflictos de interés, administrar los problemas y enfrentarlos. En entidades como la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), en donde se estima en el último año hay alrededor de 300 vacantes, han entrado tanto personas del sector privado y viceversa, debido a la especialización, y se competía con incentivos de prestaciones, que hoy ya no se tienen. “Por donde se vea está mal hecha. Porque se confunden la parte ética y conflicto de interés, con el valor que estas dejando de tener al dejar ir personal altamente especializado en el mundo financiero, o bien dejando sin incentivos a quienes permanecerán ahí”, señaló el exfuncionario.

Para el profesor del Tec de Monterrey, Raymundo Tenorio, los artículos aprobados, 17 y 24, que se modifican de la Ley de Austeridad, limita a las personas en su libertad constitucional de emplearse en donde deseen, y eso es una dictadura, ya que impiden el libre acceso a una fuerza de trabajo. Diversos funcionarios públicos con cargos de directores en el sector financiero consideraron que analizan interponer amparos colectivos, ya que se violan sus derechos constitucionales.