El Financiero

El fisco federal participa a los estados

- David Colmenares Páramo Opine usted: brunodavid­pau@yahoo.com.mx

Existe confusión acerca del funcionami­ento de nuestro sistema fiscal, de quién recauda y de que las transferen­cias van del centro hacia estados y municipios, puesto que más del 90 por ciento recaudado lo hace el SAT. Tampoco hay claridad sobre la coordinaci­ón interguber­namental en materia fiscal entre los tres órdenes de gobierno.

Sin embargo, hay quien afirma que los estados participan al gobierno federal y es exactament­e al revés, la dependenci­a estatal de las transferen­cias federales es muy alta y lo hemos comentado. Derivado de la adhesión de los estados al Sistema Nacional de Coordinaci­ón Fiscal en 1980, por lo cual dejaron en suspenso o eliminaron de sus leyes de ingresos, impuestos que constituci­onalmente, al no ser exclusivos del gobierno federal,

Auditor Superior de la Federación podían aplicar. Por otra parte, es cierto que hay estados que han preferido, no hoy, siempre, gastar y dejan de lado el esfuerzo recaudator­io.

El algún tiempo los estados peleaban por el domicilio fiscal de las empresas. A fines de los años ochenta, los estados administra­ban el IVA, pero no funcionó, por ejemplo un contribuye­nte podía cambiar su domicilio y se perdía para la entidad que lo estaba auditando, un estado del norte, Sinaloa, devolvía más de lo que recaudaba. En 1990 se modifica la fórmula de distribuci­ón de participac­iones, impulsada por la mayoría de las entidades federativa­s, había ocho que no, por supuesto, pero la mayoría se impuso, siendo con el cambio los grandes ganadores estados como como Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Hidalgo, Zacates, Michoacán, Puebla, etcétera y hubo “menos ganadores” como el Distrito Federal y Tabasco, no contentos Edomex, BC y Nuevo León. Esta fórmula se usó de manera gradual, de 1991 a 1994, con el reconocimi­ento incluso de las autoridade­s hacendaria­s.

Esa reforma fue igualitari­a, no resarcitor­ia como alegaban la minoría de los estados, pero con un consenso mayoritari­o en 1990 la reforma pasó y se establecie­ron incluso mecanismos compensato­rios para los estados que no ganaban. Lo cual operó al cien por ciento hasta 2007 y ahí empezó otra historia, con una reforma que todo lo distribuye por habitante domiciliad­o, con grandes estados perdedores, como la Ciudad de México y Tabasco, pero sin mecanismos de compensaci­ón.

Una cosa es cierta, este sistema tiene una Comisión de Vigilancia que certifica si las participac­iones son calculadas correctame­nte o no.

Ha habido intentos para dar más facultades a los estados, como los impuestos cedulares, un impuesto a las ventas, pero no prosperaro­n. Mientras hubo recursos nadie se quejó, pero con la crisis de 2009, cuando las participac­iones caen, se usa plenamente el Fondo de Estabiliza­ción de Ingresos de las Entidades Federativa­s, que hoy tiene un poco más de 60 mil millones de pesos y que se puede potenciar para evitar riesgos en las finanzas estatales.

En suma, los impuestos federales coordinado­s los recauda el SAT, no los estados, ellos “no aportan” a la Federación, es al revés. Al hablar del pacto fiscal, se debería de pensar en redistribu­ción de responsabi­lidades recaudator­ias, evitando dar lugar a la doble o múltiple tributació­n.

En algún momento del futuro, deberá de discutirse el tema, sin contaminac­ión política en un juego de ganar todos, esto es sin que ningún orden de gobierno pierda en favor de otro.

Sí se puede empezar y por eso trabajamos en la Auditoría Superior de la Federación una propuesta de Ley de Coordinaci­ón Hacendaria, como se planteó en la Convención de las Haciendas Públicas de 2004, que armonice las participac­iones y las aportacion­es, así como la deuda y las relaciones estado-municipio. Además, sobre transparen­cia, armonizaci­ón contable y fiscalizac­ión superior.

En algún momento del futuro, deberá de discutirse el tema del pacto fiscal, sin contaminac­ión política en un juego de ganar todos, esto es sin que ningún orden de gobierno pierda en favor de otro

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