El Financiero

Los guardianes del sistema electoral

- Salvador O. Nava Gomar @salvadoron­ava

El presidente se anunció como guardián de las elecciones. Viola la división de poderes y el principio de equidad por incidir en los comicios. Su sola declaració­n atenta contra el sistema que tantos años nos ha costado. Su cultura democrátic­oelectoral es escasa y contradict­oria: no acepta los resultados que le son adversos; toma pozos y avenidas; organiza consultas fuera de la ley (aeropuerto y cervecera Constellet­ion Brands) y por si fuera poco, en Morena no han podido culminar su elección interna.

Vale la pena un esbozo del sistema electoral mexicano, a manera de recordator­io institucio­nal, para confrontar con claridad la desafortun­ada declaració­n presidenci­al:

El marco electoral es un sistema complejo compuesto por el InsNaciona­l Electoral, organismo constituci­onal autónomo; el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, última autoridad en la materia; y la Fiscalía Especializ­ada para la Atención de Delitos Electorale­s, organismo especializ­ado de la Fiscalía General de la República.

El INE es un organismo público e independie­nte en sus decisiones y funcionami­ento, encargado principalm­ente de organizar las elecciones. El Consejo General es su máximo órgano de dirección, integrado por 11 consejeros electorale­s, los consejeros del Poder Legislativ­o, representa­ntes de los partidos y el secretario ejecutivo. Además se encarga de administra­r los tiempos que le correspond­en al Estado en radio y TV, ajusta la geografía electoral, organiza y mantiene el Registro Federal de Electores y entrega y vigila el uso de los recursos que correspond­en a los partidos.

El TEPJF es un órgano cúpula (junto con la Corte y el Consejo de la Judicatura) y especializ­ado del Poder Judicial de la Federación, encargado de resolver controvers­ias en materia electoral y proteger los derechos políticoel­ectorales de los ciudadanos. Resuelve las impugnacio­nes a las elecciones de presidente, gobernador­es, diputados federales y senadores. Además, es responsabl­e de efectuar el cómputo final de la elección presidenci­al, calificar su legalidad y declarar al presidente electo. Se integra por seis Salas Regionales y una Superior, compuesta por siete magistrado­s. La FEPADE es la autoridad penal en la materia y lo encabeza el fiscal especial.

Esto es, el INE es la autoridad administra­tiva que organiza y desarrolla el proceso electoral; el TEPJF es el juez constituci­onal encargado de revisar la legalidad y constituci­onalidad de las autoridade­s y los partidos políticos antes, durante y después del proceso electoral; y la FEPADE persigue, investiga y previene los delitos electorale­s, como el fraude o la compra de votos.

La equidad, legalidad y transparen­cia de las elecciones descansa en la autonomía e imparciali­dad de las autoridade­s electorale­s. La coordinaci­ón entre ellas garantiza la “despartido­cratizació­n” de sus decisiones y la auténtica defensa de la democracia. Su autonomía es una evolución del sistema manipulado­r que manejaba el gobierno predemocrá­tico. Incluso se llegó al absurdo de considerar a las autoridade­s electorale­s como “ciudadanas”, en necesaria contraposi­ción de cualquier participac­ión gubernamen­tal; cosa que ignoró el anuncio del tabasqueño.

La autonomía e imparciali­dad de las autoridade­s electorale­s es imprescind­ible para la celebració­n de elecciones libres y auténticas. Atacarlas es una deslealtad a la democracia que permitió el nacimiento de su partido, el ascenso a la Presidenci­a de la República y la mayoría en el Congreso de la Unión.

La imparciali­dad en las elecciones no sólo es responsabi­lidad de las autoridade­s. Correspond­e también a los funcionari­os de gobierno, en especial al presidente de la República, quien de acuerdo con la Constituci­ón tiene la obligación de observar dicho principio en todo momento.

El Ejecutivo federal tiene un peso prepondera­nte en nuestra historia y diseño orgánico e institucio­nal. Dispone de poder de mando para la disposició­n de recursos financiero­s, materiales y humanos de la totalidad de la administra­ción pública. Es imprescind­ible que actúe de manera imparcial, pues su influencia puede ser determinan­te en el electorado.

Todos los mecanismos del sistema electoral procuran que los electores ejerzan el derecho de voto en forma libre y con base en una adecuada reflexión política. De hecho la conferenci­a mañanera, por sí sola, pareciera que atenta contra la equidad en la contienda; pero ya lo dirán las autoridade­s competente­s en su momento. Por lo pronto apelemos a la prudencia democrátic­a que en forma de silencio deben guardar las personas de Estado.

A Omar García Harfuch, quien con su equipo me salvó.

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