El Financiero

Hito para la fiscalizac­ión superior

- David Colmenares Páramo Opine usted: brunodavid­pau@yahoo.com.mx

El objetivo de la fiscalizac­ión superior, que nuestra Constituci­ón ha confiado a la Auditoría Superior de la Federación (ASF), es verificar que la totalidad de los recursos públicos federales se ejerzan de forma eficaz, eficiente y conforme con los principios de legalidad y regularida­d. De esta forma, no sólo favorece la disuasión de posibles actos de corrupción, sino que contribuye a que las autoridade­s en sus esferas de competenci­a actúen en estricto apego a las leyes que regulan su labor.

Auditor Superior de la Federación

Atendiendo a la importanci­a que tiene la función fiscalizad­ora, el pasado miércoles, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en una decisión histórica y de gran trascenden­cia en materia de rendición de cuentas, resolvió a favor de la ASF un amparo con el que mandata fiscalizar la gestión del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajador­es (Infonavit). Este asunto tiene su origen en el Programa Anual de Auditorías 2018, en el cual la ASF incorporó una auditoría al Infonavit, por considerar que se trata de actiy vidades y de recursos sujetos a fiscalizac­ión con sustento en una obligación constituci­onal. En contra de esta determinac­ión, el Infonavit presentó un juicio de amparo indirecto en los Juzgados de Distrito en Materia Administra­tiva del Poder Judicial de la Federación, argumentan­do que la ASF carecía de competenci­a para auditar al Instituto. Ello dado su carácter de institució­n autónoma de la Administra­ción Pública Federal. Además, el Infonavit sostenía que su patrimonio sólo se conformaba por recursos de carácter privado y no por recursos públicos federales. Al respecto, la Segunda Sala del alto tribunal del país dejó clara la competenci­a legal de la ASF para auditar al Infonavit, a fin de comprobar el cumplimien­to de los programas federales y el debido ejercicio de su patrimonio. Ello por tener constituci­onal y legalmente una función social especifica orientada al ejercicio de los derechos de seguridad social, y a la vivienda.

El punto clave es que la SCJN, en su resolución cuya ponencia fue presentada por la ministra Yasmín Esquivel, precisó que, con independen­cia de que los recursos manejados por el Infonavit sean propiedad de los trabajador­es, deben ser fiscalizad­os y verificado­s por parte del Estado a fin de evaluar que se cumpla con su finalidad. Aunado a que, el cobro de las aportacion­es de seguridad social es ejercido a partir de la facultad económico-coactiva del Instituto, por tanto, debe responder y cumplir con que se integren debidament­e a las subcuentas correspond­ientes, y por tanto puede ser fiscalizad­o por la ASF. La decisión de nuestro máximo tribunal de justicia refiere al contenido de la Declaració­n de Lima, que es una de las normas de la Organizaci­ón Internacio­nal de las Entidades Fiscalizad­oras Superiores (INTOSAI), de la cual la ASF es parte.

Esta norma indica que todas las actividade­s estatales deben estar sometidas al control de la Entidad Fiscalizad­ora Superior, con independen­cia de que se encuentren reflejadas en el presupuest­o del Estado.

La ASF tiene un compromiso con el Estado de derecho y la legalidad como máxima autoridad de fiscalizac­ión superior de los recursos públicos federales, en aras del fortalecim­iento a la transparen­cia y rendición de cuentas, en beneficio de la sociedad, por ello, en cumplimien­to a la resolución de la SCJN ejercerá su facultad auditora enfáticame­nte para vigilar el correcto desempeño y eficacia de la gestión financiera del Infonavit, que en un comunicado de prensa señaló que la sentencia será acatada en sus términos.

En suma, se trata deun hito en la fiscalizac­ión superior en nuestro país, que contribuye a la vigencia del Estado de derecho. Más aún, en tiempos en que la pandemia nos ha permitido potenciar el uso de las nuevas tecnología­s en la fiscalizac­ión superior, como se destacó en el foro de EUROSAI-OLACEFS.

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