Gandallismo legislativo: un ejemplo más
Aquienes gobiernan no les gustan los contrapesos para el ejercicio del poder. No les gusta cumplir con procesos y plazos. Mucho menos consultar y consensar decisiones. Ahí está, por ejemplo, el profundo desprecio del Presidente hacia los organismos autónomos. Sin embargo, el problema no se limita a AMLO. Independientemente de su filiación, los gobernantes suelen pensar que los contrapesos son un mero estorbo para los proyectos y ‘transformaciones’ que buscan impulsar.
A lo anterior hay que sumar que en México los congresos históricamente han tenido el deshonroso papel de tapaderas para las decisiones que el presidente, los gobernadores y los otros poderes fácticos, toman en los oscurito. Desafortunadamente, esta ausencia de contrapesos reales, y de legislativos que actúen con independencia y con apego a las reglas, deja abierta la puerta para que las instituciones públicas trabajen en los hechos al servicio de intereses ocultos.
Lo anterior viene a cuento porque el Congreso de Jalisco recientemente nombró a tres integrantes del Consejo de la Judicatura de dicho estado, de forma notoriamente irregular, vulnerando el proceso establecido en la convocatoria que los propios legisladores habían emitido. Al parecer, los partidos que dominan el Congreso de Jalisco –Movimiento Ciudadano y PAN– concluyeron que ninguno de sus gallos tenía mucha oportunidad si se seguían los criterios contemplados en la convocatoria, que incluían un examen teórico-práctico. Optaron por mejor saltarse las trancas, dar un albazo y designar a sus tres favoritos en sesión extraordinaria, y sin mayor trámite, a pesar de que los tres ‘tronaron’ el examen.
Hasta ahí las cosas pintaban mal, pero lo peor estaba todavía por venir. La sociedad jalisciense no se quedó callada. El Comité de Participación Ciudadana de Jalisco, un cuerpo ciudadano que tiene la responsabilidad de vigilar el funcionamiento del sistema anticorrupción de dicho estado, fue particularmente activo en la denuncia de las irregularidades que se cometieron en el proceso de nombramiento de los nuevos miembros del Consejo de la Judicatura. A los legisladores no les gustó ser exhibidos y respondieron con una serie de calumnias e intimidaciones dirigidas de forma muy personal contra David Gómez Álvarez, profesor de la UdeG y uno de los integrantes del citado Comité de Participación Ciudadana. El grado de acritud de la embestida contra Gómez Álvarez fue francamente escandaloso. El caso ya ha sido retomado en varios artículos y notas periodísticas, y el viernes pasado se publicó una carta abierta que firmamos varias decenas de investigadores, activistas y empresarios.
No sé quién pueda estar detrás de la imposición de perfiles en el Consejo de la Judicatura de Jalisco. No sé si se trate de un mero reparto de cargos, siguiendo una lógica de cuotas y cuates, o de algo más. No sé tampoco quién pudo ordenar que, desde las instituciones del Estado, se buscara tomar represalias contra un académico y activista que no hizo otra cosa más que pedir que se respetaran las reglas. No sé, pero llama mucho la atención. Si pensamos mal, las implicaciones podrían ser gravísimas. Por un lado, el Consejo de la Judicatura es un órgano que desempeña funciones que pocos ciudadanos conocen, pero que resultan centrales para el funcionamiento del sistema de impartición de justicia.
El Consejo de la Judicatura es, por decirlo de forma sencilla, el que pone y quita en el Poder Judicial.
Por otro lado, no podemos olvidar que Jalisco es el terruño de la organización criminal más poderosa del país. En ese estado no sólo viven varios líderes del CJNG. También es ahí dónde están domiciliadas las empresas que se usan para lavar dinero; donde el cártel ha invertido en construir campos de entrenamiento de estilo militar, y donde el Señor de los Gallos se esmeró en repartir despensas durante la contingencia. Es en el interés de todos los mexicanos que en Jalisco exista un Poder Judicial con plena legitimidad e independencia, que no solape abusos de autoridad, pero que tampoco se convierta en alcahuete de los criminales más peligrosos del país.
Ojalá que sirva de algo la respuesta que se ha logrado ante los recientes excesos del Congreso de Jalisco. En primer lugar, para que se reponga el nombramiento de integrantes del Consejo de la Judicatura, o al menos para evitar atropellos próximos en procesos similares. En segundo lugar, para mandar el mensaje, a todos los legisladores, estatales y federales, de que pasarse de gandallas les generará costos –costos que van al alza.
En México los congresos históricamente han tenido el deshonroso papel de tapaderas