La historia según AMLO: el rescate bancario
Al presentar la “Exposición de motivos” para pedirle al Senado la consulta popular sobre el enjuiciamiento de los expresidentes del “periodo neoliberal o neo-porfirista”, el presidente presentó su interpretación de la historia reciente del país (1988-2018). Dicha interpretación apela a sus verdades, a sus creencias, a su construcción de un imaginario aberrante que polariza a la sociedad entre los buenos y los malos, entre todo lo pasado que es corrupción, y el presente glorioso de su gobierno. En su Segundo Informe de Gobierno nos presentó una realidad (alterna) de nuestro país donde ya no hay ni corrupción ni masacres, donde hay prosperidad y justicia. En ambos casos, utiliza su interpretación para justificar sus decisiones, cuyo propósito parece ser la concentración de cada vez más poder personal para convertir a México en un estado de un solo hombre, un estado de corte totalitario.
La serie de inexactitudes de facto y de interpretación de la historia reciente del país resumida por el presidente requeriría contraponerla con lo que realmente ocurrió, punto por punto, afirmación por afirmación. El espacio de una columna no da para eso. Por ello tomo como botón de muestra el rescate bancario llevado a cabo durante la gestión del expresidente Ernesto Zedillo, base de la acusación del presidente para ser enjuiciado. Según AMLO, Zedillo “adjudicó al conjunto de los mexicanos deudas privadas por un monto de 552 mil millones de pesos en el marco del ‘rescate bancario’ de 1998”. En numerosas ocasiones ha argumentado que el rescate sólo benefició a los banqueros y su costo fue, y sigue siendo, muy oneroso para el país. Basado en una investigación que realizamos desde el Centro de Estudios Espinosa Yglesias hace ya casi 10 años (https://ceey.org.mx/ wp-content/uploads/2018/10/ Privatizaci%C3%B3n-crisis-yrescate.-Tomo-I.pdf y 4 tomos más), demostramos que el desenlace de las crisis macroeconómica y financiera de 1994-1995, que en medios internacionales se conoce como la “crisis del Tequila” y se diseminó a muchos otros países, fue bien manejado dadas las circunstancias. El objetivo central fue proteger a los ahorradores, a los cuentahabientes que no tenían realmente ninguna responsabilidad, para que no perdieran su
Universidad Iberoamericana de Puebla / Puebla contra la Corrupción e Impunidad dinero aun si los bancos donde tenían sus depósitos quebraban. Como segundo objetivo era evitar la quiebra del sistema financiero en su conjunto, de manera similar al objetivo que tuvieron los gobiernos estadounidense y europeos para enfrentar la gran recesión de 2008-2009.
Algunos datos del rescate llamado “Fobaproa”: el programa de apoyo a ahorradores obtuvo el 86.5% de los fondos fiscales destinados al rescate, y el 13.5% fue para el programa de apoyo a deudores (empresas, gobiernos estatales y municipales, etc.). Ningún depositante perdió su dinero. Del apoyo a depositantes, sólo 6 bancos absorbieron el 68.9% de los apoyos: Serfin, Inverlat, Banpaís, Unión, Cremi y Bancrecer. Todos desaparecieron. Los únicos 4 bandigan cos que sobrevivieron a la crisis, Bital, Banamex, Banorte y Bancomer, recibieron solamente el 7.9% de los apoyos a los depositantes del rescate bancario. Es decir, los rescatados fueron fundamentalmente los ahorradores, personas de carne y hueso, y las personas morales que tenían depósitos en la banca.
El costo del rescate al momento de finiquitarlo (diciembre de 2004) fue de 1,326 miles de millones de pesos, equivalente al 14% del PIB. Como dato comparativo, el rescate del sector financiero de Estados Unidos por la crisis financiera de 2008-2009 le costó al erario de aquel país alrededor del 40% de su PIB.
Tampoco el pago del rescate mexicano provino de la sociedad en su conjunto. Los contribuyentes cubrieron hasta su finiquito el 60% del costo del rescate, 24% fue por recuperación de cartera del IPAB, y 16% fue aportado por los bancos.
Como se ve, la historia es muy distinta a la planteada por AMLO. Ni la sociedad pagó por deudas privadas, ni se rescató solamente a los banqueros, ni implicó una década perdida. Más bien al revés. De no haberse rescatado a los depositantes y al sistema financiero, la crisis se hubiera profundizado y prolongado. De hecho, la contracción de la economía en 1995 fue de -6.2%, pero logró recuperarse plenamente en sólo un año, y los siguientes años del sexenio registraron el crecimiento más elevado de los últimos 35 años. AMLO inventa una historia que sólo sirve a su interés maniqueo para abrogarse la facultad de enjuiciar y sentenciar a quiene quiere, para polarizar a la sociedad y construir una narrativa que “justifica” sus violaciones a la ley. Linchamiento público para erigirse en el gran juez, cuando la verdad es muy distante de sus dichos. Está construyendo un país de un solo hombre que no necesita de un fiscal ni de jueces para hacer valer la ley.
Y finalmente una paradoja: la crisis del COVID-19 nos recuerda aquella crisis económica. Hoy, por la pandemia, millones de mexicanos han perdido su ingreso y apenas, con muchas dificultades, empiezan a recuperarlo. Muchos hemos insistido en la necesidad de que el gobierno federal otorgue un ingreso vital de emergencia, un tipo de “rescate” a personas sin ninguna responsabilidad por su situación. El gobierno se ha rehusado a hacerlo. No ha querido “rescatarlos”.
Sin duda va a ser motivo de análisis comparar la respuesta del gobierno a ambas crisis. Por lo pronto, se anticipa una caída del PIB arriba del 10% en 2020 y que tomará varios años recuperarse. ¿Habrá que enjuiciar a AMLO por permitir la pobreza de millones de mexicanos y la quiebra de cientos de miles de empresas (y miles de fallecimientos por su tolerancia a la ineptitud)?