¿Bajó la violencia en Guanajuato?

Como todos los meses se dio a conocer la estadística delictiva. Esas cifras que generan las fiscalías de los estados, que se refieren primordialmente al número de denuncias que presentan los ciudadanos y que una instancia del Gobierno Federal, conocida como ‘Secretariado Ejecutivo’ publica, sin hacer demasiadas preguntas. En la mañanera del viernes pasado esas cifras fueron motivo de una presentación detallada por parte del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo.

No deja de ser frustrante que, por más que pasen los años y cambien los funcionarios, se mantenga la tradición de usar con ligereza la estadística delictiva. Con tal de anunciar supuestos avances, las autoridades realizan verdaderas acrobacias. Se presentan gráficas y tendencias como si fueran un fiel retrato de la realidad. De entrada se omite mencionar que en México la cifra negra está por arriba del 90 por ciento y que lo genuinamente deseable sería que las autoridades recibieran muchas más denuncias. Desafortunadamente la política, y el formato de las conferencias de prensa de AMLO, exigen que los funcionarios hagan malabares en cadena nacional con tal de dar alguna buena noticia. El número de víctimas de homicidio permanece en niveles altísimos, prácticamente igual a como lo dejó EPN. Así que el viernes, el secretario Durazo buscó que dar la nota con otro temas. Dijo que “históricamente se ha centrado el análisis de la incidencia criminal en el homicidio doloso, pero la estadística del homicidio doloso no representa la realidad de la incidencia criminal en el país. Una prueba de ello es que el secuestro, que es uno de los delitos socialmente más sensibles y dramáticos en su impacto, tiene una baja extraordinaria”. Acto seguido, el secretario se jactó de una disminución de los secuestros efectivamente espectacular, del 39 por ciento, al comparar el número de denuncias registradas de enero a agosto de 2020, con el mismo periodo de 2019. En algunos estados, incluyendo Sonora (donde están las ambiciones políticas del secretario), la supuesta disminución del secuestro es mayor al 70 por ciento.

Lo que no nos dijo Durazo es que el análisis de la incidencia delictiva se centra en el homicidio por la simple razón de que éste es uno de los pocos delitos que queda asentado en averiguaciones previas de forma más o menos generalizada (y eso, con algunas reservas importantes, como veremos más adelante). En contraste, las cifras de secuestros que publican las fiscalías son completamente inútiles como un indicador de incidencia. De acuerdo con las estimaciones del INEGI (que se construye a partir de encuestas, siguiendo una metodología rigurosa y transparente) cada año ocurren, en los hechos, alrededor de 80 mil secuestros. Históricamente, las denuncias que registran las fiscalías rondan el dos por ciento de los casos. Es con base en esa pequeña muestra, que no es representativa, que el gobierno quiere hacernos creer que los secuestros van cayendo en picada. Lo más grave es que ni siquiera se exploran las hipótesis alternativas. Por ejemplo, que la población tenga tanto miedo que ya ni siquiera ese dos por ciento se anime a denunciar.

El otro mensaje central de la presentación de Durazo fue recalcar que, aunque no hay que ‘cantar victoria’, a raíz de la captura de José Antonio Yépez, mejor conocido como El Marro, los homicidios dolosos disminuyeron casi un 20 por ciento en Guanajuato. Es comprensible la ansiedad del secretario de Seguridad por dar esa buena noticia. El Marro ha sido uno de los contados capos de alto nivel que han sido detenidos en lo que va del sexenio.

Sin embargo, la cifra de homicidios de Guanajuato para agosto deja serias dudas. Por un lado, como ya he comentado previamente en este espacio, desde hace años, la Fiscalía de Guanajuato clasifica como ‘culposos’, es decir accidentales, un número muy alto de homicidios (si le creemos a las cifras oficiales, la tasa de muertes por accidente en dicho estado es casi el cuádruple de la registrada en el resto del país). Pues bien, lo que se reportó en agosto en Guanajuato fue precisamente que, mientras que los homicidios dolosos supuestamente bajaron, la ya de por sí astronómica cifra de accidentes mortales subió todavía más.

En el Gobierno Federal y en los estados saben muy bien que las cifras que se publican, y que se utilizan para hablar de supuestos logros, son tramposas. Hace un año el propio secretariado Ejecutivo y la UNODC (Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito) anunciaron que habría una auditoría de los datos, conocida como Modelo de Revisión Estadística de Incidencia Delictiva Nacional. No se supo qué pasó con esa auditoría, pero todo parece indicar que al final no se estimó conveniente que se publicara. En fin. Seguiremos sin saber qué pasa en las calles y en Palacio Nacional seguirán con las cifras alegres.