Dilemas actuales de la fórmula

En 2006 los ingresos estatales fueron importantes, por un lado, las participaciones crecieron por encima de lo estimado, se les pagaban los llamados excedentes petroleros, se encargaban de cobrar el impuesto a la tenencia como un acto de colaboración administrativa; en promedio, ambos ingresos equivalían casi a dos meses adicionales de participaciones, con mucho el principal ingreso de los estados y municipios; por supuesto, la recaudación propia de los estados era igual que hoy, muy baja, con interesantes excepciones notables en algunas entidades federativas, como la CDMX, Nuevo León, el Edomex, algunos más del norte y con el 18 por ciento Campeche, mien

Auditor Superior de la Federación tuvo un buen secretario de Finanzas, agobiado por el costo de la desconcentración de los servicios educativos –no de la educación– desde 1992, a quien cuando conocí lo primero que me dijo fue “queremos en Campeche devolver la educación”. Como mencionaba, la fórmula con la que se pretendía cambiar la de 1990, consistía en la dinámica del PIB, la población domiciliada, el promedio de la recaudación de ingresos estatales de los últimos tres años, todas estas variables ponderadas por el coeficiente poblacional. En el ejercicio que realizamos uno o dos años adelante revisando el crecimiento de las participaciones en términos reales, se observaba una correlación casi perfecta entre el coeficiente poblacional y los coeficientes del fondo general de participaciones. El resultado es que se dieron unos cuantos ganadores, uno en especial, y grandes perdedores, dos en especial, que ya he mencionado en otras notas. El problema de las participaciones es la suma cero.

En ese momento se publica el dato del PIB estatal que tenía un rezago de casi cuatro años, con grandes cambios, principalmente la reducción del PIB de la Ciudad de México y el crecimiento del de Campeche, que incluso llego a ser –sin ser país– el tercer per cápita más grande del mundo.

Esa es el fórmula vigente, que por supuesto tiene que revisarse, evitando lo que pasó en 1990 que se polarizaron los intereses de los estados, en favor de los de menor desarrollo y con menores porcentajes de participaciones. Ese es un trabajo que sólo se puede hacer desde la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales y es un asunto técnico, no político.

Pero queda otro tema, que es la relación estado-municipio, que muy asimétrico y en algún tiempo, no se ha cumplido al detalle con la Ley de Coordinación

Fiscal, lo que ha significado incluso una controversia que, por cierto, ganó el municipio de Acapulco al gobierno de Guerrero. Hace tiempo la ASF elaboró un análisis de las fórmulas de cada estado y periódicamente lo hace el INDETEC. Hay de todo, algunas son clones de las federales, otras simples y no tan buenas como la de San Luis Potosí, donde todos los fondos se reparten igual, por población, el 95 por ciento del total.

Pero al municipio se le ha marginado de grandes decisiones, por ejemplo, cuando algunos estados decidieron durante procesos electorales, desaparecer el impuesto a la tenencia, no consideraron que eliminaron sin consulta por lo menos el 20 por ciento que correspondía a sus municipios, que no tenían posibilidades de suplirlo, ni con gestión ante las tesorerías estatales. La excepción más importante fue la CDMX. Incluso resultaba dramático que los ingresos que eliminaron iban a Hacienda a gestionar apoyos para suplir lo que dejaron de cobrar. Con poco éxito, por supuesto.

El tema debe ir más allá del de la fórmula, es revisar el reparto de potestades, pero en función de los resultados en la gestión recaudatoria de las facultades que hoy tienen y no todos aprovechan, como el caso de la tenencia y su grado de responsabilidad fiscal, equivalente a una buena administración tributaria.

Algunos estados están haciendo ya sus “santitos”…