La corrupción como mantra

Robert Klitgaard acuñó una fórmula intuitiva para comprender en qué contextos surge y se reproduce la corrupción. En un ensayo publicado a finales de los años ochenta (Controlling Corruption, 1988), el profesor de la Universidad de Harvard afirmaba que la corrupción es igual a monopolios más discrecionalidad menos rendición de cuentas (C=m+d-a). La corrupción aparece cuando un cierto grupo de personas, generalmente la elite que detenta el poder político y económico, puede de iure o de facto concentrar y tomar las decisiones sin la supervisión o el control adecuados. Esta fórmula fue particularmente popular en los procesos de apertura económica y de transición democrática que experimentaron un buen número de países durante la década de los noventa, especialmente en América Latina. La lógica empírica era evidente: los países autoritarios con economías estatizadas eran más proclives a la corrupción, a pesar de su eficacia para gestionarla u ocultarla. Por el contrario, la dupla democracia y economía de mercado mantiene a raya la corrupción, en la medida

Abogado en la que se cumplan las exigencias internas del modelo: pluralismo, competencia, Estado de derecho, equilibrio de poderes, independencia judicial, transparencia, rendición de cuentas, etcétera. La fórmula Klitgaard no sólo intentaba describir las variables eficientes del fenómeno, sino también la ecuación del combate a la corrupción. Más pluralismo y competencia aumenta la probabilidad de que el acto corrupto quede expuesto o sea denunciado. Menos discrecionalidad en la toma de decisiones reduce el espacio de oportunidad que induce o facilita el intercambio de beneficios ilícitos. Controles sociales, políticos y jurídicos fuertes y eficaces sobre la actuación del poder, desde la transparencia hasta el castigo electoral y penal, modifican la estructura de incentivos de los sujetos: tienden a aumentar los costos presentes o esperados del acto corrupto.

Andrés Manuel López Obrador ha convertido la corrupción en su mantra personal. Con buen olfato, detectó hace tiempo el enorme descontento que se acumulaba crónicamente en la sociedad. El proceso de apertura económica y de cambio democrático en México no redujo la corrupción heredada del autoritarismo como pronosticaba el libreto de modernización liberal, sino que derivó en una mezcla de “capitalismo de compadres” (crony capitalism) con pluralismo clientelar. El dinero extralegal se impuso como el lubricante de la competencia política y, por tanto, el poder público terminó por facilitar la búsqueda y captura de rentas. Más allá de los tímidos pasos en transparencia y rendición de cuentas de las últimas dos décadas, el pluralismo democrático cedió a la tentación de confundir gobernabilidad con impunidad: dejar hacer, dejar pasar como regla de coexistencia política. Se rompió entonces el encanto del régimen de la transición. En el espejo de esa creciente frustración, los ciudadanos encontraron el rostro justiciero de López Obrador.

Pero se impuso la necia realidad. A pesar de que el Presidente insiste en que la corrupción quedó atrás el mismo día en que cruzó la puerta de Palacio Nacional, lo cierto es que nada más ha cambiado de manos. Los escándalos propios se acumulan. El paraíso de la integridad y decencia públicas que López Obrador pinta todos los días en su matutina alocución, no es más que el látigo retórico de un gobierno que usa a la corrupción según sus necesidades de legitimación y movilización políticas, hasta el extremo de sugerir que la propia, ahí donde se hace evidente, no es corrupción sino un complot orquestado por las fuerzas obscuras del mal neoliberal o, peor aún, que la corrupción de los inherentemente honestos es éticamente legítima. La corrupción podrá ser el mantra lopezobradorista, pero no es una política pública. Volvamos a la fórmula de Klitgaard. El poder se ha concentrado en las manos del Presidente, resurgen los monopolios públicos y se ha reanimado la intervención arbitraria del Estado en las relaciones económicas. La administración pública es un monumento a la discrecionalidad: se desprecia el derecho, se toman decisiones por capricho, se vulneran cotidianamente las racionalidades y restricciones institucionales. El 78% de las compras gubernamentales son por adjudicación directa. El Presidente sólo admite lealtad ciega a sus subordinados. El federalismo es una etiqueta y la descentralización una ficción. La hegemonía parlamentaria del Presidente ha inhabilitado las supervisiones y controles al poder, especialmente porque Morena es todo menos un partido que piense y existe por sí mismo. Las instituciones de investigación y procuración de justicia se ocupan selectivamente del pasado, pero toleran y perdonan a los compañeros de lucha. Ante el poder casi absoluto del Presidente, la discrecionalidad galopante y el uso políticamente faccioso de la rendición de cuentas, a nadie debe extrañar que la corrupción siga a sus anchas en tiempos de la cuatroté. La legitimidad de origen no es eterna. Debe suplirse con la de ejercicio. La corrupción puede ser el despeñadero de López Obrador. Por más que repitan el mantra hasta la náusea.