Las facilidades regulatorias de la banca
En los meses recientes, la CNBV ha emitido diversas disposiciones para aligerar la carga financiera de los deudores de la banca y propiciar la continuidad de los flujos de financiamiento.
Con estas medidas, las autoridades han buscado mitigar los efectos económicos derivados de la pandemia del Covid-19, los cuales han incluido caídas sin precedente en la actividad de las empresas, frecuentes quiebras de negocios y un aumento notable en el desempleo.
En tales circunstancias, es natural que los acreditados tengan problemas para mantener sus pagos al corriente, al tiempo que los bancos se vean presionados en su rentabilidad. Las acciones de la CNBV han tomado la forma de facilidades transitorias, diseñadas para que el público y la banca puedan sortear las secuelas de la recesión.
La medida central para los deudores fue el anuncio de esa Comisión, en marzo, de los Criterios Contables Especiales (CCE) que permiten el diferimiento, parcial o total, de intereses o capital de los préstamos por un período de cuatro a seis meses. Esta concesión opera como un “período de gracia” para los clientes, el cual no afecta su historial crediticio, es decir, no implica observación alguna en los sistemas de información crediticia, ni impone penalizaciones mediante intereses moratorios, comisiones por reestructura, requerimientos de nuevas garantías o suspensión de líneas de crédito.
El programa fue opcional para los bancos y aplicó para los créditos de consumo, de vivienda y comerciales vigentes a finales de febrero pasado. Al no considerarse la cartera reestructurada como vencida, la prórroga de pagos no requirió un aumento de reservas, lo que compensó, en parte, los menores ingresos de los bancos. Asimismo, para otorgar mayor flexibilidad a las instituciones bancarias, en abril, la CNBV emitió otras modificaciones referentes a la reducción de los requerimientos de capital mínimo, así como la posposición de la entrada en vigor de métodos para medir aspectos como las pérdidas esperadas y la capacidad para la absorción de pérdidas. Si bien los CCE conllevan el peligro de no revelar adecuadamente el verdadero riesgo bancario, hasta la fecha esta posible distorsión parece moderada. De acuerdo con la información del Banco de México, al cierre de junio, los créditos adheridos a estos criterios representaron sólo el 18 por ciento del saldo de la cartera crediticia de la banca, su perfil de riesgo en términos de morosidad ha sido muy superior al del resto y la mayoría ha continuado realizando los pagos que estaban programados antes de la facilidad.
Además, durante los primeros siete meses de 2020, en términos reales anuales, la banca ha aumentado sus estimaciones preventivas para riesgos crediticios en casi 40 por ciento, lo que refleja un reconocimiento de los problemas, a costa de un descenso considerable de sus utilidades. Como los CCE vencen en septiembre, la semana pasada la CNBV anunció nuevas reglas para que las instituciones diseñen programas de reestructuras. Estos planes deberán basarse en una reducción de, al menos, 25 por ciento de los pagos mensuales, lo cual implicará una ampliación del plazo remanente no mayor al 50 por ciento respecto al original, así como disminución de tasas de interés y quitas. Los programas estarán abiertos a todos los créditos, incluyendo los vencidos, por lo que el posible efecto en el historial crediticio dependerá de la calidad de la cartera. Para facilitar las reestructuras, las autoridades ofrecen a los bancos nuevos ajustes contables en la forma de menores requerimientos de reservas específicas y de capital por riesgo de crédito.
Al mismo tiempo, con el fin de incentivar nuevos financiamientos, esa Comisión ha puesto a disposición facilidades adicionales, incluyendo la extensión de los menores requerimientos de capital mínimo hasta finales del próximo año, y la posibilidad de no cumplir plenamente con los estándares de liquidez hasta marzo de 2021.
Sin duda, en el grado en que se lleven a cabo, los nuevos programas beneficiarán a los clientes con problemas de liquidez para servir sus deudas. Sin embargo, la prolongación de la pandemia y la posible expectativa de un siguiente plan podrían desalentar el pago del crédito por parte de los deudores.
Por otra parte, los programas podrían implicar una carga significativa para los bancos en términos de menores ingresos y castigos de créditos, con presiones significativas sobre el capital. Estas restricciones podrían limitar la participación de las instituciones en estos refinanciamientos y, especialmente, mantener la cautela en la generación de crédito.
Exsubgobernador del Banco de México y autor de
(FCE 2006)