Abren a la IP complejos de Tula, Cangrejera y Cadereyta
Hoy a las 7 de la mañana está convocado el anuncio del primer paquete de proyectos de infraestructura con el cual el gobierno de Andrés Manuel López Obrador da el banderazo para reactivar la economía.
De acuerdo con lo que trascendió ayer por la tarde-noche, se van a dar a conocer, de saque, proyectos listos para desarrollarse equivalentes al 1% del Producto Interno Bruto, algo así como 400 mil millones de pesos.
Después de una semana complicada para el Presidente, ésta pinta mucho mejor. Y es que dentro de lo que se informaría en las próximas horas están tres grandes proyectos energéticos de Pemex.
La semana pasada la Secretaria de Energía, Rocío Nahle, los acordó con el propio López Obrador. Los tres significan inversiones privadas por unos 7 mil 700 millones de dólares.
Hablamos de una planta coquizadora en la refinería de Tula de 54 mil 705 millones de pesos y donde el inversionista será ICA, que dirige Guadalupe Philips, con su socio Fluor, que preside Carlos M. Hernández.
Apunte también la conversión del tren de aromáticos a tren de refinación en el complejo petroquímico La Cangrejera, en Veracruz, por otros 52 mil 500 millones de pesos. Aquí todavía no hay inversionista.
Finalmente está la ampliación de la capacidad de la refinería de Cadereyta, en Nuevo León, por alrededor de otros 23 mil 700 millones de pesos más. Tampoco se tiene un inversionista amarrado.
Estos tres megaproyectos de hidrocarburos estuvieron congelados prácticamente un año por la resistencia a liberalizarlos. Se harán con inversión privada bajo un esquema en el que Pemex garantiza el proyecto.
De la capacidad productiva adicional que logre la petrolera dirigida por Octavio Romero y venda en el mercado, pagará a los privados la modernización de los activos, los cuales seguirán bajo la rectoría estatal.
Otro proyecto que se anunciará es el tren suburbano de Monterrey, mejor conocido como García-Aeropuerto Internacional de Monterrey, que costará aproximadamente 19 mil millones de pesos.
Correrá por toda el área metropolitana de la Sultana del Norte, desde los municipios de Apodaca hasta García, pasando por Monterrey, San Nicolás, San Pedro Garza García y Santa Catarina.
EL PROYECTO QUE
no se incluye, pero que viene en un segundo paquete próximo a anunciarse es el nuevo aeropuerto de la Riviera Maya. Se va a desarrollar casi frente a las ruinas de Tulúm, colindante con la aeropista de la Secretaría de la Marina, que comanda José Rafael Ojeda. Hay por lo menos tres inversionistas interesados.
Uno es Alejandro Burillo, que de tiempo atrás tiene un proyecto de un aeropuerto privado, un FBO. El Fonatur retomó el plan y el equipo de Rogelio Jiménez Pons ha venido organizando el espacio de mil 900 hectáreas, toda zona federal. La terminal que pre anunció la semana pasada Andrés Manuel López Obrador va a abarcar 800 hectáreas y significará una inversión cercana a los 8 mil millones de pesos que saldrán de la bolsa del mismo Fonatur. La intención es que se concesione a un operador privado. Ya se trabaja también la parte legal, porque esperan que Asur y Fernando Chico Pardo se amparen.
ESTE LUNES BANOBRAS Alejandro Burillo
estaría recibiendo ofertas por el paquete de carreteras del Sureste. Es un MRO que abarca cinco autopistas de 519 kilómetros y un puente de 3.9 kilómetros que cruzan Campeche, Chiapas, Tabasco y Veracruz. Irían cinco consorcios. Apunte a los que lideran Caabsa de Luis y Mauricio Amodío, Grupo México de Germán Larrea, Grupo Azvi de Manuel Contreras, Idinsa de Víctor Ortiz con Aldesa de Alejandro Fernández, Omega de Jorge Melgarejo y el sexto que es de llamar la atención porque le decía que van aliados ICA de David Martínez, Prodemex de Olegario Vázquez Aldir, Mota-Engil de José Miguel, La Peninsular de Carlos Hank Rohn, Gami de Manuel Muñozcano y Grupo Hycsa de Alejandro Calzada. El banco que comanda Jorge Mendoza espera una inversión superior a los 5 mil millones de pesos.
HASTA AHORA DOS
son las empresas que desafiaron al SAT y optaron por litigar sus respectivos casos ante la Procuraduría Fiscal, que encabeza Carlos Romero. Una es Bafar, de Eugenio Baeza, y la otra First Majestic, de Keith Neumeyer. La primera de Chihuahua fabricante de carnes frías, litiga cerca de mil millones de pesos que pretende compensar con una compañía de otro giro que compró. La segunda de Canadá pelea el no pago de 426.3 millones de pesos de ISR del ejerci- cio 2015 derivados de la compra de la mina Primero Mining. Ninguna quiso arreglarse, como si lo hicieron con Raquel Buenrostro, Walmart que preside Guilherme Loureiro, Femsa de José Antonio Fernández Carbajal, IBM que dirige Fernando Gutiérrez y Modelo al mando de Cassiano de Stefano.
POR CIERTO QUE
la circunstancia de First Majestic empeoró la semana pasada porque la Sala Superior del
Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que encabeza el magistrado Guillermo Valls, le canceló el criterio que en 2012 el SAT le concedió para vender plata a precio inferior del mercado. Ese es justo el fondo de lo que ahora el SAT le pelea: el pago real de impuestos en los últimos cinco años. El revés pone
Guillermo Valls
en aprietos a Luis Natera, quien en ese entonces era Administrador Central de Fiscalización de Precios de Transferencia del SAT y que autorizó a Primero Mining vender plata a bajos precios. Su hermano, Christian Natera, era representante legal de la canadiense. El primero fue inhabilitado en 2016 por seis años. El fallo del tribunal revive el expediente.
EN EL
Instituto Federal de Telecomunicaciones sigue jugando venciditas con su presidente interino, Adolfo Cuevas. Otra vez los comisionados Ramiro Camacho, Sóstenes Díaz, Mario Fromow, Arturo Robles y Javier Juárez quisieron cerrarle el paso. A ver si no incurren en responsabilidad penal por desacato. Tras la resolución de la Segunda Sala de la Corte, que desde el 30 de septiembre dio al Senado la suspensión que demandó ante la petición del pleno para modificar estatutos y no sea el presidente quien autorice nombramientos, los rebeldes efectuaron un pleno extraordinario dos días después del fallo y en el viaje le quitaron a Cuevas la facultad de proponer titular de la unidad de Competencia Económica, violando la orden de la Corte, cuyo engrose salió apenas este viernes.
GICSA, DE ABRAHAM
Cababié, se dio otro apretón fuerte la semana pasada. La compañía desarrolladora de centros comerciales, oficinas y de usos mixtos volvió a hacer un recorte a su plantilla. Pero ahora el tijerazo alcanzó a la alta dirección y hasta socios. Apunte a Salvador Daniel que tenía a su cargo Desarrollo, Mario Martín Operaciones, Jaime Dayán Asuntos Estratégicos y Omar Lugo lo Jurídico. Todos se acogieron a un plan de retiro y fueron relevados por segundos mandos. La decisión se inscribe dentro del plan para preservar la liquidez y en consonancia con el stand-still de seis meses que suscribieron con sus bancos acreedores.
ATENCIÓN PORQUE SI
no hay cambio de última hora, mañana se reunirán los representantes de Coral, de Miguel Alemán Magnani, y Prisa, que preside Javier Monzón. Es la segunda ocasión que los reúne el Consejero Jurídico de la Presidencia, Julio Scherer, a fin de encontrar una salida negociada. El propio presidente Andrés Manuel López Obrador le encomendó esa mediación. Se supone que hoy cada parte pondría una oferta económica para comprarle a la otra su 50%. Lo que es un hecho es que ninguno quiere tener al otro de socio. A ver qué sale.
EL JUEZ SEGUNDO
Andrés Manuel López Obrador
Julio Scherer
de Distrito en Materia Administrativa de la CDMX concedió suspensión definitiva al amparo de la Concamin, que preside Francisco Cervantes, que reconoce la fecha de entrada en vigor de la NOM-051 y que aplica a lo producido o importado a partir del 1 de octubre pasado. Esto implica que los productos con el viejo etiquetado podrán coexistir con los del nuevo hasta que caduquen. Estamos hablando de que refrescos, leche, cervezas, latería, pan, lácteos, confitería, etcétera, podrán mantenerse en las tiendas más allá del próximo 30 de octubre.