Reparto de utilidades, causa detrás del
Los altos costos de las prestaciones laborales como el reparto de utilidades (PTU), alimentan la práctica de la subcontratación y ese debería ser el análisis en las mesas de diálogo entre el sector privado y el gobierno federal en la definición de la iniciativa de Reforma a la Ley de Subcontratación, señaló Jorge Sales Boyoli, presidente del Comité de Derecho Laboral de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa. “Un verdadero desincentivo del outsourcing sería la forma en la que se paga la PTU y es el gran ausente de esta reforma”, dijo durante su participación en la conferencia “Iniciativa outsourcing, ¿amenaza al empleo?”, organizada por EF Meet Point.
En la Ley y en la Constitución, se determina un 10 por ciento como proporción del pago del PTU, tomando como criterios únicamente el salario y los días trabajados sin que figure la productividad, detalló el especialista
Esta prestación está vigente en México desde hace más de 60 años, pero en 1985 fue cuando se determinó el 10 por ciento como porcentaje. El reparto de utilidades se hace en función de una utilidad fiscal determinada y no conforme a un flujo; hay ingresos en los que no debería participar el empleado porque no forma parte de su trabajo y se toman en cuenta, señaló Pablo Mendoza, presidente de la Comisión Fiscal del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), además de que no se diferencia si un trabajador fue más productivo que otro.
En tanto, Mónica Flores, presidenta de Manpower Group, indicó en el mismo evento, que la actual ley no es mala y lo importante es hacerla valer. “La ley vigente no es mala, sirve si se vigila que se cumpla. De nada va a servir una ley restrictiva si no se hace cumplir”, apuntó.
MOMENTO DE OTORGAR ESTíMULOS
El otorgamiento de incentivos, aunque sean de manera temporal, es necesario para que el sector privado pueda aminorar el impacto del golpe de la crisis por la pandemia y de aprobarse esta iniciativa de reforma esperarían que las autoridades federales los consideren, señaló Flores, de Manpower Group.
“Todas las organizaciones estamos pasándola mal, es el momento de dar incentivos para la productividad e inversión, no espantarla con sobrerregulación”, dijo. Actualmente las prestaciones son parcialmente deducibles en un 47 al 53 por ciento y “esto es lamentable porque hay prestaciones como el aguinaldo que deberían ser deducibles al 100 por ciento y no lo son y serían de un gran aliento tener un estímulo”, apuntó Mendoza, del CCE.
“No hay incentivos para poder enfrentar la crisis y eso trae como consecuencia una contracción en los flujos y mayores riesgos de no cumplimiento”, señaló.