Los 4 riesgos de la militarización del transporte en México
Los expertos temen que la vigilancia, la legalidad y la presencia de dependencias civiles como la SCT disminuya
CMIC asegura que la Sedena opera más contratos que cualquier constructora
El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que los aeropuertos de Santa Lucía, Tulum, Chetumal, Palenque, además de tres tramos del Tren Maya serán administrados por una paraestatal que dependerá de las Fuerzas Armadas, esto sólo unos meses después de ordenar la militarización de los puertos, una decisión que provocó la renuncia de su exsecretario de Transportes, Javier Jiménez Espriú. Analistas en seguridad temen que la supervisión civil, la legalidad, la transparencia y la presencia de dependencias como la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) disminuya, a medida que más actividades gubernamentales sean transferidas a las Fuerzas Armadas. “Tiene más contratos la Sedena que las constructoras más grandes del país”, dijo Eduardo Ramírez Leal, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción.
Expertos advirtieron que entregar puntos estratégicos y actividades que requieren especialización, como los puertos, aeropuertos y ferrocarriles al ejército conlleva riesgos que perjudicarán al transporte del país.
AEROPUERTOS CIVILES EN MANOS DE MILITARES, UN PROBLEMA LEGAL
El presidente pretende que el Aeropuerto de Santa Lucía ‘nutra’ las pensiones de los militares. Sin embargo, otorgar los ingresos del nuevo aeropuerto a los militares implicaría una serie de reformas legales o la emisión de un decreto presidencial contrario a la Constitución. “Tendríamos un problema legal, porque en los aeropuertos hay contraprestación para el gobierno federal, pero esa contraprestación va a Hacienda”, advirtió Rogelio Rodríguez, doctor en Derecho Aéreo y Espacial.
Agregó que el gobierno tendría que reformar las Leyes de aviación civil, además de las del presupuesto, pues ahora los recursos aeroportuarios de Santa Lucía pasarían directo a la ‘bolsa’ del ejército, sin ser parte del presupuesto enviado por Hacienda y aprobado por el Congreso. Además, dejaría sin recursos para la manutención y expansión de Santa Lucía.
“Si le sacamos la Tarifa de Uso de Aeropuerto, con qué va a operar el aeropuerto, si se le van a dar recursos del presupuesto, sería absurdo”, comentó el experto.
EN LOS PUERTOS SE DEBILITA COMERCIO
Las modificaciones al marco legal de los puertos en México fueron realizadas para que los marinos tengan el control de la vigilancia y de las actividades comerciales.
El camino seguido en los litorales mexicanos sería, también, el que el gobierno siga para militarizar otras vías de comunicación, como ha dejado ver el presidente. Pese a la reforma del marco legal portuario, el Consejo Consultivo Marítimo Mercante (CCMM) continúa empujando una acción de inconstitucionalidad para que las Fuerzas Armadas no intervengan en el control de exportación e importación, que requieren un alto grado de especialización.
“Es inaudito, efectivamente ya se apoderaron de los puertos y van por el dinero que éstas entregan a la Secretaría de Hacienda”, señaló una fuente con conocimiento del tema.
La entrega de los puertos debilitará el intercambio comercial y eliminará la presencia de empresas de dragado y maniobras portuarias, pues será el Ejército quien esté autorizado para realizar dichas tareas, ha advertido el CCMM.
SE SUBEN AL TREN MAYA Y PIERDEN PODER LAS DEPENDENCIAS CIVILES
La administración actual también decidió que el ejército edifique los tramos 6 y 7 del Tren Maya, con lo que los militares harán más del 35 por ciento del tendido de esta obra. Además, los militares administrarán por lo menos tres tramos del Tren Maya, es decir, las fuerzas armadas controlarán alrededor de 742 kilómetros del proyecto ferroviario. Con ello, casi la mitad de todo el proyecto estaría administrado por militares, en detrimento de dependencias civiles como la SCT.
“Lo militar es por definición contrario a lo civil. Con cada nueva tarea dada a militares se retrocede en la responsabilidad civil” señaló Martha Tagle tras el anuncio del presidente.
En una entrevista, el director general del Fonatur, Rogelio Jiménez Pons, reveló a El Financiero que la presencia de los militares en las obras podría significar un ahorro de hasta el 20 por ciento en el presupuesto de ambos tramos.
OPACIDAD DEL EJéRCITO
Tradicionalmente, las Fuerzas Armadas no responden ante un secretario civil de seguridad, la supervisión del Congreso es débil y pocos soldados acusados de delitos o violaciones a los derechos humanos son sentenciados a prisión.
A los analistas les preocupa que las fuerzas militares puedan comenzar a ‘mostrar los dientes’, tratando de quitarle a los líderes civiles el control de las políticas de seguridad o comenzando a opinar sobre asuntos políticos.
Incluso, mucho antes del arresto en Estados Unidos del exsecretario de Defensa Nacional de 2012 a 2018, Salvador Cienfuegos y de la posterior liberación del general por presiones de México, expertos manifestaron sus preocupaciones por la creciente influencia de las fuerzas militares en la democracia nacional. El gobierno recortó la mayoría de los presupuestos de las secretarías por la crisis, pero la Sedena recibió un alza de 20 por ciento este año.
20%
CRECIó El presupuesto de la Secretaría de la Defensa Nacional para este año.