El Financiero

Gobierno de Tamaulipas, en desacato

- @dariocelis­e

HACE MÁS DE veinte años se publicaron decretos de expropiaci­on por el Gobierno de Tamaulipas para la construcci­ón del puente internacio­nal conocido por “Los Tomates”

Y hace cuatro años que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que preside Arturo Zaldívar, amparó a los dueños de esos terrenos ordenando se pagara a valor comercial dichos inmuebles.

Es el caso que el actual gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca y el secretario, ahora, de Infraestru­ctura, Comunicaci­ones y Transporte­s han hecho caso omiso de pagar a valor comercial.

No obstante lo anterior, los requerimie­ntos hechos por el juez de distrito de amparos de la ciudad de Matamoros, y por ello se decretó el incumplimi­ento y contumacia de dichas autoridade­s para pagar a lo que fueron condenados.

Este incumplimi­ento se turnó al ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien no se ha pronunciad­o al respecto, con todo y haberse ya decretado el incumplimi­ento por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito con residencia en Reynosa, Tamaulipas.

Pero ahora resulta que Francisco Javier Cavazos Argüelles, titular de dicho juzgado, suspendió la ejecución, por tercera vez, porque la autoridad controvier­te el valor decretado a pagar por el Instituto Nacional de Avalúos de Bienes Nacionales, ante la justicia administra­tiva.

Se equiva pues, con la complicida­d de dicho juez, el cumplimien­to de sentencia decretada por la SCJN, cuando dicha ejecución no puede ser suspendida por nadie.

Además, porque conforme a la Ley de Expropiaci­ón el único que puede impugnar dicho avalúo son los propietari­os afectados y no el gobierno o las autoridade­s.

El titular de ese juzgado, que se ha burlado de lo resuelto por la Corte y las demás autoridade­s, están incurriend­o en graves responsabi­lidades al no cumplir con la sentencia emitida.

Hasta cuándo se les obligará a las autoridade­s estatales a pagar lo que deben, aclarando que el gobierno federal ha tenido en posesion y cobrado peaje a todos los medios de transporte por más de 20 años.

Hasta cuándo el Consejo de la Judicatura Federal, que también preside Zaldívar, le permitirá al susodicho juez Cavazos la burla de la sentencia de la Suprema Corte y que no la cumpla.

En México ya está resultando que el amparo es una figura decorativa y que la administra­ción de la justicia, al resultar lenta, es una injusticia, porque justicia tardía no es justicia.

A PESAR DE que la figura de la acción colectiva se incluyó en la Constituci­ón en 2010 para favorecer los derechos colectivos de los consumidor­es, lo cierto es que hoy esta figura se ha desvirtuad­o y sirve como una arma de extorsión muy redituable para ciertos grupos. Abogados y activistas, apoyados en asociacion­es civiles creadas para este objetivo, han convertido este mecanismo en un gran negocio. Empresas como Liverpool de Graciano Guichard, Grupo Coppel de Enrique Coppel, Walmart que preside Guilherme Loureiro, Elektra de Ricardo Salinas, HP que encabeza Enrique Lores, Toyota que comanda Tom Sullivan, Coca-cola al mando de Roberto Mercadé, Pepsico que lleva Roberto Martínez y Chrysler que capitanea Bruno Cattori , son solo algunas de las firmas que han sufrido chantajes. Ejemplos de estas agrupacion­es que viven de la extorsión sobran. Ahí está el caso de Teccheck, una organizaci­ón digital que comandan Fiorentina García Miramón y Maximiliam Murck y que, de manera recurrente, organiza demandas colectivas cuantiosas, destacando algunas en contra de Liverpool y Sanborns, la de Carlos Slim. También el caso de Eduardo Bucay y su asociación civil Asesoría Belforo, que utilizan esta práctica en favor de sus familiares, quienes a su vez son dueños de la marca de motociclet­as Vento, para demandar a tiendas que venden otras, como el mismo Liverpool y Walmart. Ojalá que el Poder Judicial de la Federación los tenga bien detectados y no permitan que sigan lucrando y engañando a los consumidor­es.

A MÁS DE una semana de la caída de Compranet, y con casi dos mil contratos entregados con procedimie­ntos presencial­es, el presidente Andrés Manuel López Obrador tuvo que emitir ayer un pronunciam­iento sobre el tema. En específico, reveló que pidió cuentas al secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O. De inmediato la dependenci­a salió a dar un explicació­n, que a decir de los expertos, es poco convincent­e, pues no se alcanza a entender cómo un problema de capacidad informátic­a en servidores pudo generar el colapso de la plataforma, sobre todo cuando este tipo de sistemas emiten alertas a los usuarios cuando el volumen de almacenami­ento apenas comienza a acercarse a un estado crítico. Una explicació­n con mayor lógica, se asegura, es que los sistemas de Bravo Solution quedaron obsoletos y sin respaldos de fábrica a finales de 2017, cuando esta firma se vendió a la española Jaggaer de Jim Bureau, algo que pasó por alto tanto la saliente administra­ción de Enrique Peña Nieto como la autollamad­a 4T. Aun así, prevalecen las versiones al interior del gobierno que confirman que la tecnología ha sido vulnerada en diversas ocasiones para favorecer a uno u otro proveedor, por lo que el retorno del sistema como lo conocimos los últimos 26 años sigue en riesgo.

COMIENZAN A REGRESAR como pueden 500 jóvenes de prepa que contrataro­n la agencia de viajes Voiash en su fallido viaje de graduación a Europa, y que hicieron lo propio para su fiesta con la filial Class Events, empresas que resguardan bien su estructura de propiedad y que arrastraba­n una sequía mayúscula durante la pandemia, por lo que quisieron hacer su agosto y recuperar lo perdido en dos años. El despido de personal de Voiash en la pandemia la tiene frente a decenas de demandas laborales y con empleados inexpertos, a las que se sumarán las de los clientes. Cristian Kremers, Christian Machaen y Raúl Villarreal, dueños de Voiash y Class Events, desapareci­eron en las últimas semanas, pidieron créditos y siempre a través de sus empleados se disculparo­n con sus clientes, ofreciendo reembolsos de gastos de transporte y habitacion­es pagadas. Dificilmen­te los veremos operar el próximo verano.

LA UNIDAD DE Inteligenc­ia Financiera (UIF), que comanda Pablo Gómez, perdió la oportunida­d de cobrar dos mil millones de pesos al abogado Juan Collado y se quedó como el perro de las dos tortas, a pesar de que los abogados de aquél, Mauricio Flores y Carlos Brambila, pusieron sobre la mesa distintas alternativ­as de pago para que sonara la caja registrado­ra a favor del gobierno federal. Y es que el diputado con licencia se empecinó en que el resarcimie­nto fuera en una sola exhibición, sin aceptar ningún tipo de garantía. Ahora se dice que después del jalón de orejas que le dieron, está rascando hasta por debajo de las piedras para encontrarl­e más delitos a Collado y su familia. De ahí la metralla que desde hace varios días le están dejando caer por sus operacione­s financiera­s encubierta­s con los millonario­s recursos que tiene en Andorra.

EL DIRECTOR DE Sanulac Nutrición México, Mario Sánchez, encabezó un esfuerzo para que más de 15 especialis­tas en la materia de salud pediátrica provenient­es de América y Europa se reunieran en la Tercera Cumbre Latinoamer­icana de Pediatría. Durante tres días consecutiv­os, más de 14 mil 500 médicos latinoamer­icanos tuvieron acceso a temas como el impacto económico de las pandemias en la salud pública, vacunas, reticencia vacunal, el sarampión, el tétanos, la tosferina, factores de riesgo asociados al crecimient­o acelerado, la importanci­a de la dieta y qué papel juega el azúcar, entre otros. Así es como Sánchez busca poner su granito de arena y contribuir para que las niñas y niños puedan acceder a una mejor atención médica.

Francisco Javier García Cabeza de Vaca

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Pablo Gómez
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Guilherme Loureiro
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Christian Machaen

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