El Ejército, ¿delincuente ambiental?
Con la devastación ambiental que se está haciendo en el sureste del país por la construcción del Tren Maya, en el Congreso varios legisladores han denunciado, incluso, que el Ejército por órdenes de su comandante supremo, participa en este crimen ecológico a pesar de que existe un amparo para impedir que continúen las obras en el tramo 5 en Quintana Roo. El desacato y el daño causado son materia suficiente para proceder penalmente contra quien resulte responsable.
Se incurre en responsabilidades por incumplir suspensiones, de acuerdo con el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo que prevé que: Se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión no obedezca una suspensión debidamente notificada.
El cuento chino de que por motivos de seguridad nacional se desobedeció al impartidor de justicia, es un argumento pueril que trata de encubrir el talante autoritario del presidente. Luego, AMLO lanzó una acusación temeraria en torno a la supuesta intervención del gobierno de Estados Unidos para financiar a los ambientalistas que han osado alzar la voz para denunciar la devastación. El hecho de fondo es que las tres obras insignia del jefe del Ejecutivo federal, la refinería de Dos Bocas, el aeropuerto de Santa Lucía y el Tren Maya, carecieron en su momento de los proyectos ejecutivos de planeación y de los estudios correspondientes en cuanto al retorno de la inversión, al tiempo de que las estimaciones presupuestales han sido rebasadas y por mucho.
Ahora para cumplir con los tiempos que tiene el presidente para inaugurar sus obras, utiliza al Ejército para acelerarlas, aunque como ya ocurrió con el aeropuerto Felipe Ángeles y con Dos Bocas, la inauguración fue tan solo una farsa, ya que ambas obras están incompletas y en el caso de la refinería, a la fecha no refina nada.
Pero regresemos al Tren Maya y su desafortunado proceso de construcción, que ahora enfrenta otro revés ocasionado por la ineptitud, irresponsabilidad y transgresión al orden constitucional.
Desde el Congreso, el diputado Gabriel Quadri de la Torre presentó esta semana ante la Fiscalía General de la República (FGR) una denuncia en contra de Javier May Rodríguez, director general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) y quien o quienes resulten responsables, por los delitos ambientales y desacatar órdenes judiciales en la construcción del Tren Maya. Quadri tendrá todos los defectos, pero nadie le niega su condición de experto en temas ambientales y jurídicos, por ello, es menester considerar sus argumentos en torno a la devastación que ocurre no solo en la Riviera Maya, sino en todo el trazado.
“Es una denuncia inédita en la historia moderna del país, porque estamos enfrentando delitos ambientales muy graves cometidos por la autoridad, en los cuales está involucrado el Ejército, algo gravísimo, que nunca se había visto en México, en donde las Fuerzas Armadas fueron puestas en un estado de vulnerabilidad tan grande como lo ha hecho el presidente Andrés Manuel López en la construcción del Tren Maya”, indicó el legislador. Explicó que Javier May Rodríguez, director general de Fonatur, responsable del proyecto Tren Maya, está obligado a la realización de todos los actos inherentes a la preparación y ejecución de las obras que comprende el proyecto, ya que es responsable de presentar la Manifestación de Impacto Ambiental a nivel regional.
Lo anterior, dijo, a efecto de que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) resuelva sobre la procedencia o improcedencia de la tala de la selva mediana en el nuevo trazo del Tramo 5 del Tren Maya y determine las medidas de remediación correspondientes, en términos de los artículos 28 y 30 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. El excandidato a la Presidencia, refirió que el Código Penal federal establece en sus artículos 418 y 420 como delitos ambientales con penas de cárcel, la deforestación y la destrucción de la vegetación del arbolado, sin los permisos correspondientes, lo cual está ocurriendo en Quintana Roo, en el caso del Tren Maya, a manos del Ejército Mexicano.
El affaire ha llegado a un punto sin retorno, es decir no se puede avanzar en su construcción mientras no cumplan con la ley, aunque con el apotegma de la “ley soy yo”, continuarán hasta enfrentar el juicio de la historia y de los tribunales.