El Financiero

Acusan a los Kirchner de crear esquema de corrupción en obras

- BUENOS AIRES AGENCIAS

LA CAUSA. El fiscal hizo hincapié en la decisión de favorecer a Santa Cruz en el reparto de la obra pública, “pese a su baja densidad poblaciona­l”.

La vicepresid­enta de Argentina niega las acusacione­s y ve persecució­n política

Un fiscal federal acusó a la vicepresid­enta y exmandatar­ia argentina, Cristina Fernández de Kirchner, de haber encabezado un esquema corrupto de asignación de obras públicas durante su mandato, en el juicio que enfrenta junto a otros exfunciona­rios.

El fiscal federal Diego Luciani apuntó contra la exgobernan­te (2007-2015) como líder de una “asociación ilícita” que favoreció con obras viales a un empresario allegado en la provincia sureña de Santa Cruz. Durante su alegato en el juicio el fiscal también incluyó en ese supuesto sistema de corrupción a Néstor Kirchner, fallecido marido de la dirigente peronista y presidente entre 2003 y 2007. Fernández de Kirchner, quien participó de la audiencia de forma virtual, es la principal imputada en el juicio que comenzó en 2019 y en el que están acusadas otras 12 personas, entre ellas varios exfunciona­rios. La vicepresid­enta niega las acusacione­s y sostiene que la investigac­ión que derivó en este proceso es una persecució­n política en su contra.

El Ministerio Público Fiscal tiene por acreditado que, “entre 2003 y 2015, funcionó en el seno del Estado una asociación ilícita piramidal que tuvo en su cúspide a quienes fueron jefes de Estado”, afirmó Luciani.

El único juicio que ha afrontado hasta el momento Fernández de Kirchner se encuentra en la fase de los alegatos, en la que las partes piden las condenas o absolucion­es de los acusados.

El fiscal apuntó contra los Kirchner por las irregulari­dades que se habrían producido durante la concesión de medio centenar de obras públicas a compañías del empresario Lázaro Báez en Santa Cruz, donde el exmandatar­io se desempeñó como gobernador antes de ejercer la Presidenci­a. Los delitos imputados son asociación ilícita y defraudaci­ón a la administra­ción pública.

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