El pecado de la Suprema Corte
El anuncio del presidente López Obrador que utilizará las próximas fiestas patrias para llamar al nacionalismo por la “afrenta a la soberanía nacional” que representan las consultas sobre presuntas violaciones al T-MEC, incluyendo la carta enviada al presidente Biden el martes pasado, representan el último de una larga cadena de sucesos en los que el presidente busca salirse con la suya a pesar de haber violado la ley. Llama a la defensa de la soberanía, cuando queda claro que el problema está en que ha violado el espíritu y la letra de la ley tanto de México como del T-MEC. Lamentablemente, en muchas de las ocasiones en que el presidente López Obrador ha violado la ley, la Suprema Corte y en especial su presidente Arturo Zaldívar no han actuado con firmeza y claridad para hacerle ver al presidente que también él está regido por las leyes de nuestro país que él mismo juró acatar. Mi argumento es sencillo: la Suprema Corte, y en especial su presidente y algunos ministros que ha nombrado López Obrador, han contribuido al manoseo de la ley al no haberle planteado SIEMPRE, con claridad, los límites inviolables que ésta representa al poder público. Es cierto que en ocasiones la Corte ha dado reveses a los deseos del presidente, pero también es cierto que muchas veces ha dejado entrever que está dispuesta a ceder o “fingir demencia”. Al hacerlo, el daño ha sido enorme. Quizás el primer evento en que la Corte se vio afectada fue la “renuncia” del ministro Eduardo Medina Mora. El presidente le aceptó su renuncia y casi simultáneamente el Senado la ratificó. No hubo un procedimiento que revisara la causa “grave” de la renuncia, que se dio por la amenaza del Poder Ejecutivo y el uso de la UIF que congeló las cuentas del ministro y las de sus familiares (y ordenó su descongelamiento apenas se recibió su renuncia, con la anuencia de la Comisión Nacional Bancaria). La Corte (y sus ministros) se quedó callada, sin chistar. Ciertamente la Corte ha intentado esquivar algunos caprichos presidenciales, como la consulta para enjuiciar a los expresidentes, pero frecuentemente ha contemporizado e incluso apapachado sus deseos. Por ejemplo, la Corte no fue capaz de asegurar que el proceso de “revocación” fuera efectivamente eso, una consulta para saber si se revoca o no el mandato del presidente, y no un referéndum de apoyo promovido por el mismo presidente, lo cual violaba el sentido del principio constitucional. O bien cuando el senador del Verde, Raúl Bolaños Cacho, propuso en el último momento la prolongación de la presidencia de Zaldívar, lo cual violaba claramente la Constitución. Si bien la propuesta no fructificó, el silencio cómplice y el coqueteo de Zaldívar con la idea durante cuatro meses estiraron la liga excesivamente y alentaron la percepción de vulnerabilidad de la ley y de una Corte débil ante el poder. Desde el inicio de esta administración, el presidente de la Corte ha permitido que muchos temas cruciales para este gobierno, que fueron aprobados por sus mayorías en el Poder Legislativo y que provocaron acciones de inconstitucionalidad, simplemente éstas durmieran por años el sueño de los justos. Ello ha significado, en los hechos, permitirle al presidente actuar por encima de la ley pues mientras no haya sentencia en contra, las leyes presuntamente inconstitucionales siguen vigentes. Hay muchos ejemplos. Entre los más importantes están la militarización de la seguridad pública, la pérdida de derechos ciudadanos y los excesos de la prisión preventiva (algunos ya corregidos por la Corte). En muchos de estos casos la Suprema Corte ha sido excesivamente lenta (apenas la organización México Evalúa publicó un informe que molestó al ministro Zaldívar), y en algunos otros ni siquiera se ha pronunciado para imponer la Constitución sobre reformas legales que claramente la contravienen. Un caso de gran importancia: la Corte no se ha pronunciado aún sobre la constitucionalidad de la militarización de la Guardia Nacional, y ahora el presidente busca hacerla depender de la Sedena, claramente en oposición al principio constitucional de que la seguridad pública corresponde al ámbito civil. El silencio de la Corte parece alentar estos arranques de López Obrador y tensiona el equilibrio de poderes.
Dada la coyuntura actual del T-MEC, el desaseo en el proceso de análisis y votación sobre la constitucionalidad de la Ley de la Industria Eléctrica, promovido por la ministra Ortiz y avalado por el presidente Zaldívar, complica ya la discusión con Estados Unidos y Canadá. Fue un proceso bizarro que dejó más dudas que certidumbres. Al declarar la ley “constitucional”, quedó la sensación de que el presidente se salió con la suya, a pesar del conteo individual de los votos.
No es posible saber si esta serie de hechos envalentonen al presidente a violar sistemáticamente la ley. Su recurrencia parece indicar que sí, al grado de desafiar al sistema jurídico internacional y estar dispuesto a “convocar al pueblo” a defender la soberanía en el T-MEC, cuando solamente se trata de cumplir la ley y los acuerdos aprobados por el Senado, con mayoría de Morena, y que firmó y celebró el mismo presidente López Obrador.