Seguridad nacional
Desde la fundación del Partido de la Revolución Mexicana, en 1938, México vivió en un régimen autoritario, de partido casi único, por 50 años. En 1988, después de las crisis: económica (1982), social (1985) y política (1986), el partido se enfrentó a sí mismo en elecciones que no terminaron bien. Después de un intento de restauración y el asesinato del candidato presidencial, entramos a una nueva etapa. La democracia en México dura de 1996 a 2018, y los partidos que compitieron en ella, aunque mantenían nombres previos, eran en realidad organizaciones de fin de régimen, que mantuvieron demasiados lastres.
El triunfo de López Obrador en 2018 me parece que pone fin a esa etapa. Encarnaba Andrés Manuel la esperanza de millones de mexicanos que querían ver un país diferente. Había ofrecido terminar con la corrupción y la inseguridad, prácticamente desde el primer minuto de su gobierno. Aunque era claro que se trataba de una exageración, sí creían muchos que lograría cumplir su promesa, aunque fuese en más tiempo.
Desafortunadamente, no lo hizo. La corrupción no puede enfrentarse en México con facilidad, porque fue el cemento del viejo régimen, y sobrevivió a la democracia. Ni el PAN, con décadas de “brega de eternidad”, ni los pocos realmente izquierdistas del PRD, pudieron corregir prácticas tan arraigadas, de las que dependía la misma estructura del sistema político. Quedaron al margen o abandonaron sus partidos. Como en los tiempos del régimen de la Revolución, la mayoría de quienes compiten por un puesto público lo hacen para capturar rentas, para enriquecerse. López Obrador lo sabía, porque fue parte de ese sistema, y aun así ofreció acabar con la corrupción. No lo hizo.
El tema de seguridad es más complicado. La violencia en México fue disminuyendo bajo el viejo régimen, conforme los grupos eran cooptados y controlados. A mediados de los 80, el cambio en el mapa global de consumo y oferta de droga transformó el problema y lo hizo más grave. El derrumbe del viejo régimen ocurre simultáneamente con la recomposición del crimen organizado. El Estado mexicano, frente a la amenaza de ser rebasado, se lanza a la ofensiva con Calderón, se retrae con Peña y con López Obrador parece que se asocia.
Estos dos problemas no son independientes. Aunque no todo el problema de seguridad se explica por la corrupción, sí existe una frontera porosa entre grupos sociales ubicados en el margen de la legalidad y grupos criminales, especialmente en Ciudad de México. Así, grupos que son importantes para ganar elecciones, y reciben a cambio permisividad para ocupar el espacio público, son también utilizados para narcomenudeo o extorsión por parte de los grupos criminales. Dependiendo de las preferencias y necesidades del líder político, la frontera se mueve más o menos hacia cada lado.
Debido al monumental fracaso del actual gobierno en todas las dimensiones normales de la gestión pública (economía, educación, salud, etcétera), la necesidad de apoyo electoral parece haber desplazado la frontera mencionada. En todo el Pacífico, las elecciones más recientes las operó el crimen organizado, mientras que en otros lugares tenemos delincuentes ocupando o buscando ocupar gubernaturas. La amenaza a la democracia no puede menospreciarse. A nivel local, en buena parte del territorio probablemente ya ha dejado de existir.
Sin recursos y sin capacidad de gestión, la supervivencia del grupo de López Obrador depende cada vez más de esas redes. Eso implica no sólo un retroceso al Estado como bandido estacionario (Olson), sino también a la dispersión geográfica. Esto significa que la crisis fiscal que el gobierno enfrenta mediante su propia destrucción no lleva nada más a problemas financieros, como en otras épocas, sino que nos dirige hacia la misma disolución del Estado.
Éste sí es un tema de seguridad nacional.