Los tres poderes bajo la égida de un solo hombre
El acuerdo o decretazo que impulsa el presidente López Obrador para que la Guardia Nacional pase a formar parte de la Secretaría de la Defensa Nacional tiene diversas implicaciones legales y políticas, al tiempo de evidenciar el fracaso que en materia de seguridad pública tiene su gobierno.
La división de poderes es la columna vertebral del régimen democrático que nos gobierna, en donde los pesos y contrapesos al Poder Ejecutivo son vitales para el cabal funcionamiento de la Federación.
El poder debe servir como instrumento para los fines del bien común y no para beneficio de quienes lo ejercen.
Gobernar por decretos presidenciales atenta contra la democracia y la división de poderes, al pretender el Ejecutivo asumir funciones y responsabilidades que no le corresponden, como la de emitir ordenamientos por encima del orden constitucional, al tiempo “de establecer criterios de jurisprudencia” que solo le corresponderían al Poder Judicial.
Aunado a ello, hay que resaltar lo que para nadie es un secreto: la cadena de mando que trae el jefe del Ejecutivo federal sobre el cuello del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el ministro Arturo Zaldívar, en franca violación precisamente a la tan manoseada división de poderes.
Bajo la lupa de una simple revisión en torno a la división de los tres poderes de la Unión, diremos que el Poder Legislativo hace las leyes; el Poder Ejecutivo las ejecuta, y el Poder
Judicial interpreta las leyes y las hace cumplir a través de sus sentencias; sin embargo, en esta administración la trilogía de los poderes se ha fundido en uno, en el poder absoluto del presidente de la República y esto se llama aquí y en China, dictadura.
Como la mayoría calificada en el Congreso no le es favorable a AMLO, con un simple acuerdo presidencial pretende desaparecer al Poder Legislativo.
El presidente busca saltarse al Poder Legislativo y no respetar la Carta Magna, buscando nuevamente violentarla a base de decretazos, pues de acuerdo con el artículo 21 constitucional se establece expresamente que la Guardia Nacional es de carácter civil, disciplinado y profesional y está adscrita a la SSPC, por lo que ningún decreto debe de estar por encima de ella.
Además, todo aquel servidor público que participe en la transmisión de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, estaría también violando la Constitución y podrían ser acreedores a responsabilidades de orden administrativo e incluso penal.
Desde luego, ante esta afrenta principalmente a la división de poderes, los partidos de oposición han coincidido en señalar que promoverán diversas acciones de inconstitucionalidad ante la SCJN para dejar sin efecto el acuerdo presidencial.
El Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados, por ejemplo, informó que usará todos los medios políticos y jurídicos necesarios para impedir que el titular del Ejecutivo federal logre, al emitir un acuerdo, transgredir el orden constitucional.
El citado acuerdo de AMLO iría en contra de los criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en relación a que se ha determinado que el mantenimiento del orden público interno y la seguridad ciudadana deben estar reservados a los cuerpos policiales civiles.
Los criterios internacionales han insistido en que la disciplina militar no puede pasar por encima del orden civil. La intención del presidente implicaría un retroceso en ese sentido.
La decisión presidencial de tratar de modificar la Constitución por vía administrativa no es producto de la ignorancia, hay plena conciencia que la reubicación administrativa de la Guardia Nacional en la Sedena requiere de una reforma constitucional, pero al pasar por el Legislativo se requiere de argumentos y eso es lo que ha faltado desde el inicio de esta discusión, puntualizó la bancada de MC.
Aunque la Guardia Nacional dependa en estos momentos de una autoridad civil, lo cierto es que en la práctica es un cuerpo conformado en su mayoría por militares y comandado por ellos, en franca violación a lo que cita la Constitución, por ello, el presidente quiere terminar con la mascarada, con el poder de su firma, al pasar a la GN a la Defensa Nacional.
Fracasó la política de “abrazos, no balazos”; ha sido una decepción sacar a los militares a las calles, disfrazarlos de policías con un membrete de la Guardia Nacional y ahora a dos años de que termine AMLO, se busca la plena militarización mediante un acuerdo del Ejecutivo, por encima de los derechos humanos de la población.
La obnubilación no es buena consejera cuando se trata de aniquilar el régimen democrático, la división de poderes y el orden constitucional con decretazos que son propios de gobiernos absolutistas.